Un rediseño del impuesto de patrimonio duplicaría su capacidad redistributiva sin perder progresividad

El Gobierno de coalición ha logrado los objetivos que se marcó cuando, a finales de 2022, aprobó el nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas. El gravamen nació con el objetivo declarado de neutralizar las bonificaciones autonómicas que, en la práctica, habían vaciado de contenido al tradicional impuesto sobre el patrimonio. Y las cifras muestran que Hacienda se salió con la suya. En 2023, según los datos publicados recientemente por la Agencia Tributaria, la recaudación del impuesto de toda la vida se disparó hasta los 1.970 millones de euros, un 58% más que el año anterior. El salto se explica por la reactivación ―como respuesta directa a la aparición de la nueva figura estatal― del tributo original en varias comunidades que hasta entonces lo mantenían bonificado al 100%. Más allá de la batalla fiscal entre el Gobierno y algunas comunidades, muchos expertos se preguntan si el diseño vigente del impuesto original presenta limitaciones significativas en términos de progresividad, equidad territorial y capacidad redistributiva.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este lunes un estudio que intenta aportar algo de luz sobre estas carencias. El documento, firmado por el economista Francisco García-Rodríguez, sugiere varias vías de reforma. Basado en microsimulaciones fiscales aplicadas a los microdatos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, el trabajo evalúa ocho configuraciones alternativas del impuesto y concluye que un rediseño relativamente sencillo podría duplicar su capacidad redistributiva sin comprometer su progresividad.

El análisis parte de una constatación clara: el modelo actual es altamente selectivo y limitado. Solo grava a una fracción mínima de la población, aproximadamente el 0,5% de los hogares más ricos, y su efecto sobre la corrección de la desigualdad es modesto. Aunque formalmente se trata de un tributo progresivo, los elevados mínimos exentos y las amplias bonificaciones autonómicas reducen su alcance y generan un mapa muy desigual entre territorios. Es decir, el peso efectivo del impuesto recae de manera muy concentrada en la cúspide de la distribución patrimonial y, además, de forma muy distinta según la comunidad de residencia.

Las simulaciones incluidas en el informe reflejan que en prácticamente todos los escenarios de remodelación la capacidad redistributiva del impuesto mejora respecto al diseño vigente. Los modelos menos focalizados ―con bases imponibles más amplias y mínimos exentos más bajos― tienden a generar mayor progresividad, ampliando el número de contribuyentes efectivos sin sacrificar equidad. De ello se intuye que abrir el abanico de declarantes permite reforzar la capacidad del impuesto para reducir desigualdades, sin que la carga recaiga sobre los tramos medios de riqueza.

Uno de los resultados más llamativos de las simulaciones es el que se obtiene al eliminar tanto el mínimo exento como las bonificaciones autonómicas. Según sostiene Fedea, esta reforma duplicaría la capacidad redistributiva del tributo. El esfuerzo seguiría concentrándose en los patrimonios más elevados, pero de manera más homogénea entre territorios y con un efecto mucho más claro sobre la desigualdad patrimonial. La progresividad no se vería alterada, lo que convertiría a este rediseño en una herramienta más eficaz para combatir la concentración de la riqueza sin perder justicia fiscal.

Los datos del centro de estudios también destacan el papel desnivelador de las diferencias territoriales. La descentralización normativa, que permite a las comunidades fijar mínimos, modificar escalas y aplicar bonificaciones, ha fragmentado el mapa fiscal. Sin una figura extraordinaria como el impuesto sobre las grandes fortunas, en comunidades como Madrid o Andalucía el impuesto se habría vaciado debido a las rebajas, mientras que en otras, como Cataluña o Baleares, se mantiene con mayor intensidad. Esto genera una inequidad horizontal evidente, ya que contribuyentes con patrimonios similares pueden enfrentar cargas radicalmente distintas en función de dónde residan.

El análisis comparado con modelos internacionales refuerza esta idea. Las simulaciones inspiradas en sistemas como los de Noruega, Suiza o Francia ―con impuestos distintos al español― muestran una mayor capacidad redistributiva en España respecto al modelo actual. Los diseños más amplios, con mínimos exentos reducidos, amplían la base de contribuyentes y logran un efecto más claro en la reducción de desigualdad. Sin embargo, no todos los esquemas ofrecen ventajas: el modelo italiano, por ejemplo, resultaría regresivo en España, ya que, pese a incrementar la recaudación, aumentaría la desigualdad patrimonial.

El informe también examina la dimensión sociodemográfica de los contribuyentes. En sistemas más inclusivos, aumentan la presencia relativa de mujeres, mayores y hogares unipersonales entre los sujetos pasivos, lo que refleja desigualdades estructurales en la distribución de la riqueza.

Por ejemplo, actualmente, la probabilidad de declararse concentra en los hogares de un solo adulto, tenga o no menores a cargo, que presentan sistemáticamente los efectos marginales más elevados. “Esta concentración se explica por la titularidad individual de los activos, que incrementa la exposición al impuesto al no poder distribuirse el patrimonio entre varios cotitulares”, explica el texto.

Por su parte, los hogares con varios adultos y menores mantienen una probabilidad menor en la mayoría de los modelos estudiados. Todas estas diferencias, advierte el autor, deben ser consideradas en cualquier reforma para evitar que determinados colectivos soporten cargas desproporcionadas.

La configuración actual del impuesto cumple de forma muy limitada con los objetivos de equidad y redistribución, sostiene Fedea. Pero también existe margen de mejora considerable. Reformas relativamente sencillas, como la reducción de mínimos exentos y la eliminación de bonificaciones autonómicas, permitirían reforzar sustancialmente su eficacia sin erosionar su carácter progresivo. Más allá de los ingresos, que suponen una gota de agua dentro del mar recaudatorio, lo que está en juego es la capacidad del gravamen para contribuir a un sistema fiscal más justo y equilibrado.