El Gobierno, las comunidades y el sector agrario hacen frente común contra la nueva PAC

Organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades autónomas han constituido un frente común con el Ministerio de Agricultura en contra del planteamiento la Comisión Europea sobre la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo de 2028 a 2034. La propuesta es objeto de un primer debate este lunes y martes en el Consejo de Agricultura y Pesca, que reúne a todos los ministros comunitarios en Bruselas, aunque queda un largo recorrido por delante (previsiblemente se prolongará hasta 2027) para cerrar el marco de actuaciones y las sumas asignadas a cada país.

Bruselas maneja la inclusión de la PAC y del fondo de la política de pesca en un gran fondo donde cada país tenga un mayor peso a la hora de la distribución de los recursos. Pero la Comisión no cede sus poderes de control. De acuerdo con la propuesta inicial, el presupuesto asignado para la agricultura y la pesca es de 302.000 millones, lo que supone un recorte superior al 20% respecto al actual programa. La organización COAG estima que el ajuste llegaría al 30% si se tiene en cuenta el incremento de la inflación en los últimos años.

De cara a la próxima PAC, el sector productor reclama un programa que supere los intentos de desmantelamiento y renacionalización en los años precedentes. España ha sido uno de los principales países que ha estado en contra de la cofinanciación, entre Bruselas y los Estados miembros, argumentando que rompería la unidad de mercado.

Cooperativas Agroalimentarias, la asociación que representa a las cooperativas del sector, considera que la propuesta comunitaria supone un grave retroceso en la construcción europea, al renacionalizar la PAC y fragmentar el mercado único.

Según los datos recientes del Fondo Español de Garantía Agraria, los pagos directos de la PAC benefician a personas físicas. Los particulares suponen más del 91% de los perceptores, aunque les corresponde el 61% de los gastos. Mientras solo el 8,3% de los beneficiarios como personas jurídicas (empresas) se llevan casi el 39% de los fondos.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, auguró por todo ello una negociación “larga y complicada”. En su llegada a Bruselas, Planas dijo que en Madrid ha mantenido reuniones con las cuatro grandes organizaciones del sector, con cooperativas agroalimentarias, con las organizaciones del sector pesquero y con las comunidades autónomas. Todos comparten el punto de vista del Gobierno. “No nos gustan las propuestas de la Comisión Europea. Estimamos que no corresponden a lo que es el futuro de la seguridad alimentaria de España y de la Unión Europea y no constituyen un instrumento adecuado de apoyo a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores por tres razones básicas”, señaló.

La primera, dijo, es que “desaparecen las propuestas de política común para transformarse en programas de gasto presupuestario” y que aunque “hay líneas presupuestarias y apoyos”, no existe “una política como tal”, según recoge la agencia Efe.

En segundo lugar, el ministro se refirió a “las cantidades, que nos parecen insuficientes no solo a la vista de las actuales, sino teniendo en cuenta los retos climáticos, geopolíticos y de competitividad que tenemos ante nosotros”. También se refirió al “interrogante en relación con las competencias de gestión” que plantean las propuestas de Bruselas, teniendo en cuenta las diferencias entre los Estados miembros, algunos centralizados y otros, como España, descentralizados.

Planas dijo que esos “tres grandes interrogantes van a estar sobre la mesa”. Añadió que prevé una negociación “larga y complicada”, en la que se tendrá que hablar tanto de la estructura del presupuesto como de su contenido. “En el nombre de España, subrayo, no nos gusta esta propuesta y, por tanto, vamos a trabajar muy activamente todos para conseguir reformarla”, subrayó.