El Congreso insta al Gobierno a reformar la indemnización por despido por un voto equivocado del PP

Dos años y medio después de la votación de la reforma laboral, otro voto equivocado del PP ha servido para sacar adelante una iniciativa relacionada con el mundo del trabajo que rechazaban los populares. El Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley de Sumar que insta al Gobierno a reformar la indemnización por despido gracias al voto a favor de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Podemos, Coalición Canaria, el exministro socialista José Luis Ábalos, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto Águeda Micó y el diputado del PP Joan Mesquida, según el recuento de Europa Press. PP y Vox han votado en contra y Junts se ha abstenido.

Al tratarse de una proposición no de ley la iniciativa no va más allá de una declaración de intenciones, pero tiene otra lectura política: el grupo parlamentario socialista apoya una iniciativa de Sumar que choca con los planteamientos del Ministerio de Economía, que controla la parte socialista del Ejecutivo.

El texto aprobado en el Congreso insta al Gobierno a adoptar “las medidas necesarias para que la legislación española dé cumplimiento a lo dispuesto por los instrumentos internacionales ratificados, en particular la Carta Social Europea, en la interpretación que de ella hace el Comité Europeo de Derechos Sociales, y el Convenio 158 de la OIT, regulando una indemnización en caso de despido improcedente que sea realmente disuasoria y restaurativa”. Yolanda Díaz ha compartido en redes sociales una foto del resultado de la votación, en el que se aprecia el punto verde del PP rodeado de votos rojos.

Así, el Congreso anima al Gobierno a emprender una reforma legislativa que el Ministerio de Economía viene rechazando y que Trabajo patrocina. El departamento de Carlos Cuerpo considera que España ya cumple con la Carta Social Europea, pese a que el Comité Europeo de Derechos Sociales (el organismo del Consejo de Europa encargado de interpretar la Carta) ha resuelto en dos ocasiones (primero ante una reclamación de UGT y luego otra de CC OO) que la normativa española de despido no cumple con el tratado, que España ratificó en 2021.

El organismo del Consejo de Europa determinó que España viola la sección b) del artículo 24 de la Carta, que establece el “derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Así, el Comité considera que el sistema español tasado en días no siempre resarce a los despedidos sin causa, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta.

Sin una reforma legislativa, varios jueces concedieron indemnizaciones adicionales a empleados que las reclamaron basándose en la ratificación de la Carta y el Convenio de la OIT. Sin embargo, el Supremo cerró definitivamente esa vía en julio. El tribunal ya falló contra este tipo de compensaciones en diciembre del año pasado, superiores a los 33 días por año trabajado (45 para los periodos previos a la reforma de 2012) y un tope de 24 mensualidades (42 antes del cambio), pero dejó una puerta entreabierta al subrayar que no tomaba en cuenta en su decisión la ratificación de la Carta Social Europea por parte de España. En julio, con ese tratado ratificado por España en 2021 en la mesa, insiste en su veto a las indemnizaciones adicionales en función de las circunstancias del empleado.

Pese a esta decisión, el Ministerio Trabajo insistió entonces en su intención de reformar la normativa, haciendo “efectivo” el programa de coalición “y su compromiso con la ciudadanía”. Hace más de un año que Trabajo avisó de que convocaría a sindicatos y patronales para abordar esta reforma, pero de momento no lo ha hecho.

El pacto de Gobierno de PSOE y Sumar prometía “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”.