El Gobierno aprueba la quita de deuda: ¿a qué comunidad beneficia más? ¿cómo se ha calculado?

El Gobierno ha empezado el curso político por todo lo alto y con una evidente declaración de intenciones. Este martes, el segundo Consejo de Ministros que se celebra tras el periodo estival ha aprobado el anteproyecto de ley para la condonación parcial de la deuda autonómica, una medida de calado con la que el Ejecutivo busca contentar a sus socios catalanes, reagrupar a la mayoría de la investidura antes de presentar un proyecto de Presupuestos y, en paralelo, abrir un cisma en el principal partido de la oposición. O al menos intentarlo. Tras el trámite habitual y los informes preceptivos, el texto volverá al Gobierno, que lo elevará definitivamente al Congreso de los Diputados.

La quita, de casi 85.000 millones de euros en total, es uno de los movimientos más relevantes y arriesgados de la legislatura y busca beneficiar a las comunidades de régimen común ―todas, salvo el País Vasco y Navarra, que disponen de sistema fiscal propio― que la soliciten. Además de Cataluña, las que verían más saneadas sus cuentas serían Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, en manos del Partido Popular. Aunque desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo han asegurado por todos los canales posibles que ninguno de sus territorios solicitará la condonación, en el Ejecutivo confían en romper el muro de contención impuesto desde Génova, ya que no todos los territorios disponen del músculo financiero suficiente como para rechazar una fórmula que, aunque no revierte la problemática, sí ayuda a mitigarla parcialmente.

La quita, ha explicado la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, “es una medida excepcional que va a beneficiar a todas las comunidades de régimen común, tengan o no deuda con el FLA”. Gracias a ella, “las comunidades van a poder reducir su carga financiera y recuperar autonomía financiera y política”, ha añadido Montero, confiada en que los territorios del PP acabarán solicitándola.

Pero antes de llegar a ese puente, el Gobierno tiene que navegar primero el vertiginoso río del trámite parlamentario, con un Congreso muy dividido en el que se dan por seguras tanto la negativa de los partidos de la oposición como la sensación de discrepancia y duda en el bloque de la investidura, con intereses a veces antagónicos.

¿De dónde viene la condonación?

La idea nace en la negociación entre el PSOE y ERC para dar forma a la investidura de Pedro Sánchez, en otoño de 2023. Como parte de aquel acuerdo, el PSOE se comprometió a impulsar una quita para Cataluña, con la posibilidad de extenderla al resto de comunidades. Durante 2024 y hasta comienzos de 2025, el Ministerio de Hacienda trabajó en la fórmula técnica y el 24 de febrero presentó la metodología, que después recibió el aval del Consejo de Política Fiscal y Financiera pese a la oposición y el plante de las autonomías gobernadas por el PP, que son mayoría. A partir de ahí, el Gobierno ha preparado un proyecto de ley para trasladar la propuesta al Congreso.

¿Cuáles son las grandes cifras?

El volumen total a condonar asciende a 83.252 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte de la deuda autonómica de régimen común. La distribución, no obstante, es desigual: Andalucía sería la gran beneficiada con casi 19.000 millones, seguida de Cataluña (unos 17.000 millones), la Comunidad Valenciana (11.200 millones) y Madrid (8.600 millones). En el extremo opuesto aparecen La Rioja, con apenas 448 millones, y Cantabria, con 809 millones.

¿Cómo se han calculado?

Hacienda ha diseñado una metodología a tres fases, basada en una idea central: el “sobreendeudamiento” de las comunidades entre 2009 y 2013. Durante esos años, la Gran Recesión desplomó la recaudación y obligó a las autonomías a financiarse en duras condiciones, ya que los mercados exigían intereses inasumibles. Para aliviar la asfixia, el Estado creó mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que permitió pagar facturas y mantener los servicios públicos básicos, pero disparó la deuda. Entre 2009 y 2013, el pasivo regional creció en más de 109.000 millones de euros. Esa cantidad supone el punto de partida para el cálculo de la quita.

A partir de aquí, Hacienda resta a esa cifra el crecimiento de la deuda territorial anotado entre 2019 y 2023, otro periodo de crisis, pero con una respuesta pública muy distinta del Estado y de la Unión Europea, que permitió contener el pasivo en 29.000 millones, según argumenta Hacienda. La diferencia entre ambas cantidades, de unos 80.000 millones, representa a ojos del ministerio lo que se endeudaron de más las regiones.

El Gobierno ha decidido condonar el 75% de ese total, unos 60.000 millones, que se reparten en base a la población ajustada. No se trata solo del número de habitantes, sino de un indicador que tiene en cuenta factores como el envejecimiento, la proporción de escolarizados o la dispersión, asumiendo que todos ellos cambian el coste de prestar los servicios públicos. En esta fase, la quita media equivaldría a 1.369 euros por habitante y a un 19% de la deuda viva a finales de 2023.

La segunda fase añade un ajuste para que ninguna comunidad se quede por debajo de ese 19%. Para lograrlo, Hacienda reparte 11.514 millones adicionales entre Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia, las más endeudadas en relación con sus ingresos.

La tercera fase introduce dos correcciones finales. La primera busca compensar la infrafinanciación de aquellas comunidades que reciben menos recursos del sistema de financiación que la media; para ellas se añaden 11.506 millones. La segunda premia el “esfuerzo fiscal” de las autonomías que subieron el IRPF entre 2010 y 2022: reciben 917 millones adicionales. Sumadas todas las fases, la cifra final alcanza los 83.252 millones.

¿Qué pasa con el pasivo que se condona?

La deuda no desaparece, sino que cambia de manos. Es un juego contable en el que el Estado asume la quita y en el que los balances autonómicos se quedan más saneados y con más capacidad para acudir al mercado. Por eso, dado que los números rojos pasan de una Administración a otra, la Autoridad Fiscal dice que cualquier medida de este tipo debe insertarse en un marco que promueva la sostenibilidad de las cuentas. El centro de estudios Fedea también se ha mostrado muy crítico, sobre todo por los incentivos perversos que pueden desencadenarse de una condonación incondicional. Alerta de los comportamientos fiscales irresponsables que pueden surgir al hacer pensar a las comunidades que, si se endeudan demasiado, el Estado las rescatará.

¿Es obligatoria?

La condonación es completamente voluntaria y será cada autonomía quien decida qué hacer una vez termine el trámite parlamentario. En el caso de que la norma se apruebe, Hacienda tendría que reunirse con las comunidades para que los convenios de condonación se hicieran efectivos o, en su caso, se rechazasen. Cataluña ya ha dicho que la aceptará, mientras que otras de las regiones que más se benefician en términos absolutos, como Andalucía o la Comunidad Valenciana, avanzan su rechazo por considerarla una “trampa” y un “parche” que no resuelve los problemas de infrafinanciación que arrastran desde hace años.

¿Qué dicen los críticos?

El PP rechaza la quita por considerarla un parche que no resuelve una de las grandes tareas pendientes que afronta España: la actualización del sistema de financiación autonómica, caducado desde el año 2014. También reprocha que se mutualicen errores de gestión pasados y alerta de un trato de favor hacia Cataluña, ya que considera que la fórmula técnica se ha diseñado en favor de los intereses de la Generalitat. También entre los socios del Gobierno surgen diferencias, con partidos regionales que reclaman ajustes específicos para sus territorios, como Compromís, y coaliciones como Sumar, que piden condicionar la medida a que los territorios no rebajen impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones.

¿Y el Gobierno?

Hacienda niega la mayor y rechaza que la medida esté pensada para beneficiar a Cataluña, como asegura el PP. Para argumentar su postura, la ministra Montero ha puesto sobre la mesa una serie de datos: de los 83.00 millones de quita, casi 60.000 millones corresponden a deuda de regiones gobernadas por los populares. Además, en términos absolutos, la más beneficiada es Andalucía, la que más alivio recibe por habitante ajustado es la Comunidad Valencia y la que tiene mayor porcentaje de deuda condonada es Canarias. “Tres territorios donde gobierna el PP, de modo que, ¿dónde está el agravio?“, ha aseverado.

En Hacienda recuerdan que la medida permitirá a los territorios ahorrarse en intereses entre 6.600 y 6.700 millones de euros, un dinero que podrá usarse para fortalecer los servicios públicos. La Autoridad Fiscal, sin embargo, matiza: la condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit, sí. Pero esos intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, asegura, el ahorro no genera un mayor margen en otras políticas públicas.