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Palma da marcha atrás a las multas por vivir en autocaravanas

El Ayuntamiento modificará el texto de la ordenanza cívica y solo sancionará a quienes permanezcan más de diez días estacionados en el mismo lugar

Vista de las caravanas en la zona del polígono de Son Morro, Calvia, Mallorca.
Lucía Bohórquez

El Ayuntamiento de Palma ha dado marcha atrás a la polémica medida de multar a los vecinos que viven en autocaravanas y finalmente no sancionará a las personas que residan de forma permanente en estos vehículos. El pasado mes de enero el pleno del consistorio aprobó el texto de la ordenanza de fomento de la convivencia cívica que, entre otros aspectos, contemplaba la prohibición de vivir en estos automóviles bajo amenaza de multas de hasta 1.500 euros. El equipo de gobierno ha aceptado finalmente las alegaciones presentadas por distintas asociaciones, que en las últimas semanas han presionado para cambiar la redacción del texto con distintas protestas en la capital balear.

El punto más polémico de la ordenanza prohíbe el uso de vehículos utilizados “a modo de vivienda con signos de permanencia” en las calles de la ciudad y veta la posibilidad de pernoctar en este tipo de automóviles. Ahora, el Consistorio modificará ese texto para ajustarlo estrictamente a la normativa que contempla el código de circulación de la Dirección General de Tráfico y no entrará a valorar el uso que el propietario le pueda dar a la autocaravana, que puede ser residencial o vacacional.

Estará permitido estacionar las autocaravanas en cualquier punto de la ciudad un máximo de diez días, tendrán que estar en contacto directo con el suelo mediante las ruedas y sus propietarios no podrán sacar mesas o sillas al exterior y tampoco emitir vibraciones u olores. “Todas estas prácticas se considerarán infracciones graves, aunque cuando se trate de personas en situación de exclusión social no se aplicará ninguna sanción económica” ha señalado el alcalde de la capital, Jaime Martínez, del PP.

De forma paralela a la modificación del texto, el equipo de gobierno ha realizado una radiografía sobre la situación de los asentamientos de autocaravanas en la ciudad. Se han localizado 156 vehículos estacionados en cuatro áreas de la capital balear, en donde son mayoritarios los hombres que viven solos, un 43%, frente a las mujeres o parejas. Más de la mitad de los residentes en estos vehículos está en situación regular y empadronados en el municipio. A todos, dice Martínez, se les ha ofrecido la posibilidad de entrevistarse con trabajadores de los servicios sociales, que finalmente han atendido a uno de cada cuatro usuarios de estos vehículos. “Se ha realizado un proceso de identificación de los asentamientos y se les ha ofrecido la posibilidad de exponer su situación” ha señalado el alcalde.

El Ayuntamiento ha detectado casos de autocaravanas que son subarrendadas a terceros por sus propietarios y remolques que no cumplen con la normativa en algunos asentamientos. Además, según los datos de las compañías navieras, el 5% de las caravanas y el 40% remolques que el año pasado entraron en la isla no salieron, un total de 200 vehículos que se quedaron en Mallorca. “Hay que distinguir las casuísticas, las que son habitadas por personas en situación de vulnerabilidad y las que son utilizadas por motivos turísticos” ha incidido el alcalde, que ha insistido en que se hará cumplir la ley a quien haga un mal uso del espacio público.

La presencia de autocaravanas en distintas zonas de la capital balear ha crecido de forma exponencial en los últimos años, impulsada por los altos precios de la vivienda que obligan a los vecinos a buscar alternativas para poder tener un techo. El pasado octubre, la Universidad de las Islas Baleares presentó los resultados del primer estudio realizado en España sobre este fenómeno. El estudio realizó encuestas en los seis asentamientos de autocaravanas localizados en la capital balear, que mostraron que el perfil medio de sus habitantes es el de hombres de nacionalidad extranjera, con trabajo en el sector servicios y unos ingresos medios de entre 1.000 y 1.500 euros al mes. La mayoría han dejado de buscar una vivienda porque saben que no pueden pagarla.

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Sobre la firma

Lucía Bohórquez
Colaboradora de EL PAÍS en las Islas Baleares. Periodista de la Cadena SER en Mallorca desde el año 2008, donde se ha especializado en temas de tribunales. Estudió Periodismo en la Universidad del País Vasco.
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