Desalojan a cientos de personas con menores que vivían en caravanas y tiendas de campaña en un terreno en Ibiza

“No pensamos hacer nada violento. Sólo decirles que no tenemos a dónde ir” afirmaba en la mañana de este miércoles Alicia Bocuñano, residente y portavoz de los habitantes del solar de Can Rova, ubicado en el municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu. Se trata de un solar de 25.000 metros cuadrados de propiedad privada perteneciente a seis hermanos, que han pugnado en los tribunales porque uno de ellos lo ha estado gestionando en los últimos años cobrando por dejar instalar caravanas, tiendas de campaña, carpas, embarcaciones e infraviviendas construidas con palés y lonas en las que han llegado a vivir cientos de personas. El pasado mes de marzo la Audiencia Provincial de Baleares ordenó el desalojo del terreno tras resolverse el pleito entre los propietarios, una sentencia que se ha ejecutado este miércoles dejando a decenas de familias con niños en la calle en plena ola de calor y sin un recurso habitacional.

Según el último censo elaborado por los propios residentes de Can Rova hace menos de un mes, alrededor de 300 familias con 45 menores de edad vivían en el solar, con un recuento total de 695 personas. Según algunos de los desalojados, en los últimos días muchas familias han abandonado el lugar por miedo a la llegada de las autoridades policiales, aunque este miércoles eran más de 150 adultos con una veintena de niños los que seguían dentro del terreno. A primera hora de este miércoles el operativo policial se ha desplazado hasta la zona para ejecutar el desahucio, con agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y dos decenas de policías antidisturbios que han accedido a media mañana para sacar a la fuerza a las 60 personas que se resistían, atrincherados bajo un toldo, a abandonar el que hasta ese momento había sido su hogar. Familias con bebés, grupos de amigos y personas mayores desfilaban con maletas en las que llevaban todas sus pertenencias, muchos de ellos sin saber a dónde ir.

Se han vivido momentos de enorme tensión, con decenas de personas gritando y niños llorando cuando han sido sacados por la policía. Los desalojados han denunciado que los agentes antidisturbios no les han dejado recoger sus pertenencias de las tiendas de campaña y las caravanas. “No estamos ilegales, pagamos un alquiler mensualmente y nos han empezado a romper las cosas, no he podido sacar las cosas de mi bebé de la caravana” contaba entre lágrimas Daniela, que tiene un niño de cinco meses y dos niños de cuatro y nueve años e insistía en que paga una renta. “Sólo estamos pidiendo donde vivir” gritaba entre sollozos, mientras denunciaba que no le han querido alquilar un piso porque tiene tres hijos y que los servicios sociales sólo le han dado la alternativa de regresar a su país. “No somos ladrones, somos trabajadores, aquí en Ibiza hay muchos lugares donde vivir” clamaba otro hombre. Los servicios de emergencia médica han tenido que acceder a la zona para atender a algunos de los desalojados, con evidentes ataques de ansiedad.

Buena parte de ellos no tenía a donde ir y no será fácil encontrar una solución habitacional en la zona dado que Santa Eulària des Riu es el municipio de más de 25.000 habitantes con el metro cuadrado más caro de España, a 5.194 euros, según los datos de la última estadística del valor tasado de la vivienda libre del Ministerio de Transportes. “No estamos haciendo daño a nadie, la mayoría ya conoce la situación dentro del terreno, somos gente humilde y trabajadora. Hoy la gente ha pedido permiso en sus trabajos para estar aquí, porque todo el mundo a las seis de la mañana sale a trabajar y los niños, en invierno, a las ocho se van al colegio, todos” lamentaba Bocuñano, que ha explicado que durante la jornada del martes muchos de los residentes optaron por salir del terreno “por miedo” y para no enfrentarse al desalojo policial. El Ayuntamiento de Santa Eulària ha habilitado el gimnasio de un centro escolar para las familias que pudieran necesitarlo, pero se trata de una solución temporal de emergencia. El consistorio espera estas personas puedan ser realojadas por la red de asistencia insular, aunque algunos de los residentes han denunciado que los servicios sociales les comunicaron en visitas anteriores que no era posible encontrar una salida para tantas personas.

La realidad es que muchos de los desalojados no tenían un sitio para vivir tras abandonar el solar. Juan David, uno de los residentes de Can Rova, contaba en declaraciones a Radio Ibiza que llevaba cuatro meses viviendo en el terreno porque el alquiler en la isla “está horrible” y le es imposible encontrar un lugar en el que vivir aunque, como la mayoría de residentes en el asentamiento, cuente con un trabajo. “La mayoría de los que estamos aquí somos gente trabajadora y las hay de todas las nacionalidades, muchos de ellos españoles, porque no tenemos donde vivir. No hay donde vivir, en los pisos del centro donde podríamos estar los trabajadores viven los turistas. Todos tenemos derecho a una vivienda” lamentaba enfadado.

Un grupo de cuatro trabajadores que llevaba seis meses residiendo bajo una carpa en el asentamiento explicaban que su jefe les está intentando encontrar una solución para no quedarse tirados en la calle. “Nos ha dicho que nos iba a ayudar, que estaba buscando algo. Hay bastantes familias con niños que no tienen los recursos necesarios” lamentaban. Eladio Suárez cuenta que residía en el terreno desde hace dos años y pagaba 500 euros por tener su furgoneta aparcada con una tienda de campaña instalada en una parcela de ocho metros cuadrados. Allí ha vivido con otros tres amigos y explicaba que la gente no se quiere ir porque no encuentra otro sitio en el que vivir.

Pleito familiar

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ibiza ha ejecutado este miércoles la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares dictada el pasado mes de marzo que contemplaba el desalojo del asentamiento ilegal ubicado en el barrio de Can Negre, en el término municipal de Santa Eulària, en la isla de Ibiza. Este asentamiento conformado por caravanas, coches, tiendas de campaña e infraviviendas está levantado en un solar privado conocido como Can Rova. El terreno es propiedad de seis hermanos y uno de ellos es el que ha estado gestionando el asentamiento ilegal durante los últimos años con la oposición del resto, que finalmente llevaron el asunto a los tribunales. El gestor del solar cobraba a los residentes por instalar las caravanas o vivir en las tiendas, en un terreno en el que se habían instalados baños portátiles y fuentes de agua para los usuarios. En el censo realizado por los propios residentes en el asentamiento el mes pasado se contaron 695 personas, aunque tiempo atrás la cifra era incluso superior.

La justicia ha ordenado el desalojo del solar tras la denuncia presentada por varios de los propietarios que decidieron llevar el asunto a los tribunales al considerar que su hermano estaba desarrollando un uso abusivo del terreno, permitiendo la realización de actividades peligrosas. Los hermanos exigieron a los tribunales que dieran por concluida la posesión exclusiva del terreno por parte de su hermano. Tras un periplo judicial de varios meses, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Palma concluyó en marzo que el hermano que gestionaba el solar lo hacía sin un título que justificase su ocupación y que la venía realizando simplemente por la tolerancia del resto de propietarios. Los jueces señalaron en la sentencia que no existió un acuerdo previo de los codueños del terreno porque el demandado había venido haciendo un uso exclusivo de la finca antes de la adquisición del derecho de uso por parte del resto de propietarios.

El dictamen judicial destacaba que en la finca se han estado desarrollando actividades ilegales, sin contar con licencia alguna y que reportaban un beneficio económico “ilícito y exclusivo” al hermano denunciado, que obtenía rendimientos económicos alquilando el suelo para la instalación de caravanas y tiendas de campaña y alquilando habitaciones “en condiciones infrahumanas” entre otras actividades. Además de la sentencia judicial, el gestor del terreno se enfrenta a una cuantiosa multa por parte del Gobierno de Baleares. La dirección general de Vivienda anunció la apertura de un expediente sancionador al demandado al constatar, después de realizar una inspección en el lugar, que ha estado cobrando rentas de alquiler de forma ilegal a 70 infraviviendas instaladas en el terreno. Sin embargo, por el momento, desde la Consejería de Vivienda no han aclarado si han ofrecido una solución a los residentes que se han quedado en la calle.