La mitad de los hogares con niños tiene derecho a la nueva ayuda por hijo, pero solo llega al 10,5%

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) aterrizaron en España como un escudo contra la pobreza en general y la infantil en específico, pero varios años después de su puesta en marcha siguen siendo un espejismo para muchos potenciales beneficiarios. La ayuda por hijos solo llega al 10,5% de los hogares con hijos, aunque más del 50% cumple con los requisitos para percibirla; el ingreso mínimo vital cubría en 2023 cerca de la mitad de la población elegible. Si ambas ayudas se implementaran por completo, la pobreza infantil severa podría reducirse en seis puntos porcentuales del 13,7% actual.

Estas son algunas de las conclusiones de un estudio elaborado por la Plataforma de la Infancia y el centro de investigación Future Policy Lab a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. El informe argumenta cómo la falta de información y las barreras burocráticas reducen el alcance de ambas prestaciones y ofrece varias recomendaciones para que lleguen a más beneficiarios. Un imperativo en un país con uno de los mayores porcentajes de pobreza infantil de la UE —la tasa de riesgo de pobreza y exclusión roza el 35%, según Eurostat— y que menos logra reducirla a través de prestaciones familiares.

José Antonio Noguera, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los coordinadores del informe, explica que estos porcentajes son el resultado de un cúmulo de problemas estructurales que mantienen la tasa de pobreza general de España en niveles elevados en comparación con Europa. Por un lado, la estructura del mercado laboral y un esquema rentas que no favorece la redistribución; por el otro, un sistema de prestaciones que no está enfocado prioritariamente a reducir la pobreza, sino a otros objetivos. “Básicamente, la protección contributiva y del desempleo. Esto está bien, pero otros países lograron lo mismo sin descuidar a la población más pobre, que es lo que estamos haciendo”, puntualiza el también senior fellow del Future Policy Lab.

El IMV se aprobó en pandemia y para garantizar una renta de subsistencia a los hogares más pobres; el CAPI se diseñó en 2022 como parte del ingreso mínimo, aunque se puede conceder de forma independiente, ya que los umbrales de renta para tener derecho a la prestación son más elevados que los exigidos para el IMV. Se trata de un paso adelante respecto a la antigua prestación por hijo a cargo, que lleva asociadas ayudas que varían según la edad del niño.

Sobre el papel, estos apoyos suponen un refuerzo clave para la economía familiar, pero en la práctica su impacto es limitado. Según los últimos datos de la Autoridad Fiscal, la mitad de los potenciales beneficiarios del IMV no recibe la prestación —aunque una parte percibe otras ayudas, por ejemplo las rentas mínimas autonómicas—. El porcentaje sube al 73% en el caso del CAPI. Noguera explica que estos datos podrían haber variado en el último año, pero no de forma sustancial. El estudio concluye —con información de 2023 y con la limitación de simular algunos datos de patrimonio y residencia— que una implementación total de ambos apoyos reduciría en más de cuatro puntos la tasa de población infantil en riesgo de pobreza severa y la eliminaría casi por completo en las familias monoparentales aunque el take-up no sea completo, es decir la proporción de quienes tienen derecho a la ayuda y no la perciben.

El impacto no sería igual de incisivo en la erradicación de la pobreza infantil severa en hogares de dos adultos y tres o más hijos, ni sobre la pobreza relativa. Frente a un 28% de pobreza infantil, una implementación plena reduciría la tasa solo 2,6 puntos. Por ello, el informe, titulado El impacto del Ingreso Mínimo Vital y del Complemento de Ayuda a la Infancia sobre la pobreza infantil: limitaciones y vías de reforma, sugiere varios cambios en las prestaciones.

Desvincular las prestaciones

Una de las principales recomendaciones es desvincular la ayuda por hijo del IMV. “Primero, porque las prestaciones por hijo de la inmensa mayoría de los países de la UE, en muchos casos universales, son específicas y no están vinculadas a un programa de ingreso mínimo. Hay evidencia de que la vinculación reduce a los beneficiarios: la gente no sabe que la puede pedir, y aunque tenga derecho no lo hace porque no siente que está por debajo del umbral de la pobreza. Creando una prestación específica se señalizaría que se trata de un apoyo a la crianza”, resume. Además, el estudio recomienda que el CAPI se integre de forma progresiva al resto de prestaciones para la infancia como un crédito fiscal reembolsable —ya ocurre con la prestación de 0 a 3 años para las madres trabajadoras— y que transitara hacia una ayuda universal, una propuesta que también lanzó Sumar.

Para el IMV el documento plantea, entre otras sugerencias, flexibilizar los requisitos de patrimonio así como incrementar las cuantías, aunque la propuesta prioritaria es que se consideren los ingresos del mes en curso para conceder la prestación, en lugar de los del año fiscal anterior. Eso permitiría corregir la volatilidad en la renta que pueden sufrir hogares en situación de vulnerabilidad económica.

“Es un problema de diseño y es un problema de recursos”, sintetiza Noguera, quien recuerda que el programa de legislatura que firmó del Gobierno de coalición recogía la desvinculación del CAPI del ingreso mínimo. “El milagro es que la tasa de pobreza no haya subido más durante los últimos años con la pandemia y la crisis de inflación, y no se entiende muy bien a qué se está esperando para avanzar”, concluye.