La vivienda lucha contra el tiempo

Bienvenido el interés de todos por la vivienda. Sobre todo por la protegida (a precio simbólico) y la asequible (moderado). Muchos lamentan que todo llegue tarde. Tienen razón. Por causa vegetativa, desde que alguien otea un suelo a construir, hasta que sus habitantes estrenan las llaves del piso, pasa demasiado tiempo. Años, en largas fases de un complejo proceso administrativo-urbanístico-financiero-constructivo.

Puede reducirse. A ello apuntan las iniciativas de la Generalitat de Cataluña, en octubre. O las de esta semana, en la que el Gobierno ha lanzado un plan (casi) integral de vivienda, atento sobre todo a la urgencia del alquiler, donde radica el nudo del acceso al techo. También el PP ha entrado en materia, en un escueto y genérico decálogo priorizando las ayudas fiscales a la nueva propiedad: para menos, y que están en mejor situación.

La lucha de la vivienda contra el tiempo no se libra solo ante exigencias urbanísticas y constructivas. También ante el ritmo legislativo. La actual Ley de Vivienda rige desde mayo de 2023. Pero su proyecto se aprobó en febrero de 2022. Y en buena parte ha estado paralizada hasta el 21 de mayo de 2024.

En parte. Cierto que ya se aplicaba en algunas comunidades (Cataluña, y luego Navarra, Euskadi y Asturias) su capítulo de “intervencionismo constrictivo”, el tope de precios, de resultado no contundente. Así como, incluso desde antes de la ley, bastantes alivios y ayudas públicas de “intervencionismo social paliativo”, a las que se refirieron el presidente Pedro Sánchez y la ministra Isabel Rodríguez el pasado lunes: el bono-alquiler (para 66.000 jóvenes), el apoyo a la rehabilitación (3.000 millones), las ayudas a vulnerables (3.600 millones), la eliminación de las golden visa (a extranjeros que recalientan el mercado), los límites a pisos turísticos y de temporada, y las moratorias a desahucios.

Pero un episodio evitable se erigió en bloqueo retardatario a su parte más prometedora: la reconstrucción de un parque público de viviendas en alquiler (con los criterios de zona tensionada y los porcentajes de vivienda protegida), la clave del “intervencionismo de estímulo”. El Ejecutivo andaluz (PP) arguyó que la Administración General del Estado carece de competencias, la recurrió al Tribunal Constitucional. Este la validó en gran parte, el pasado 21 de mayo. Desde entonces, el Gobierno ha vuelto a ser actor sustantivo (no el único) en vivienda.

Y eso ha desembocado en el cogollo de propuestas de ahora. Públicas (dos millones de metros cuadrados del Estado, para VPO); público-privadas (un PERTE con recursos europeos); y de apoyo a los privados (financiación a empresas que construyan con módulos industriales, acortando períodos). Todo eso garantizando la permanencia (o retorno) de las viviendas promovidas pública o consorciadamente como propiedad colectiva. No sea que volvamos a privatizar a fondos buitre más de dos millones de pisos, como hicieron hace no tanto gentes reaccionarias a jamás imitar.