La CNMC y la vida de los ciudadanos

Empezamos 2025 con importantes asuntos pendientes en la agenda económica. Hay un claro contraste entre el comportamiento general de la economía y la percepción de los ciudadanos. La rentabilidad de las empresas españolas continúa aumentando y alcanzó niveles récord en el tercer trimestre de 2024, hasta 25,4% del valor añadido sobre ventas, según el Observatorio de Márgenes Empresariales. Los dos últimos años también han sido ejercicios de beneficios históricos para las entidades financieras, gracias a la subida de los tipos de interés y al trato privilegiado dispensado por el Banco Central Europeo.

La imparable concentración económica está aumentando el poder de mercado de las empresas, lo que significa su capacidad para fijar precios. El aumento de los márgenes empresariales han sido el año pasado, especialmente notable en gas, electricidad y sobre todo en alimentación. Frente a esta implacable realidad, la seguridad y los derechos de los ciudadanos dependen cada vez más de los organismos públicos que velan por el buen funcionamiento de los mercados y el cumplimiento de las leyes.

En España esta función la ejerce la CNMC creada en 2013. Su ley constitutiva establece que “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios”.

Hay leyes más viejas que hoy ya no parecen de nuestro mundo. Nosaltres no som d’eixe món, como cantaba Raimon. Me refiero al Real decreto de 3 de mayo de 1993, firmado por el ministro socialista Carlos Solchaga. Estableció un Código General de Conducta con normas bien claras y sencillas para proteger a los inversores. “Todas las personas y entidades deberán actuar en el ejercicio de sus actividades, con imparcialidad y sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de estos y del buen funcionamiento del mercado”. Hace 30 años.

En su balance de año, la asociación Asufin ha recordado, con acierto, los dictámenes pendientes de la CNMC sobre dos asuntos importantes: “¿Por qué la subida de tipos de interés del BCE que sufrimos desde mediados del ejercicio anterior (2023) no se trasladó a la remuneración del ahorro de los consumidores?”. La asociación reprocha a la CNMC que “no ha facilitado aún el análisis sobre el nivel de competencia entre la banca que prometió y que podría confirmar que ha habido concertación para topar el coste del pasivo a sus clientes”. También ha recordado al garante del correcto funcionamiento del mercado que se tiene que pronunciar sobre el impuesto a la banca y si las entidades lo han repercutido en las comisiones a sus clientes.

A más poder de los oligopolios, más necesidad de control del mercado. El bienestar de los ciudadanos no depende solo de sus salarios y pensiones, sino cada vez más del coste y condiciones de los servicios y suministros básicos. Los abusos de mercado causan cada vez más daños y se realizan con más impunidad.