Francisco Trujillo: “La ciudadanía necesita tener conocimientos básicos de derecho laboral”

El ecosistema laboral es cambiante por definición, lo que somete a una presión continua a las normas encargadas de delimitar la relación de fuerza entre empresarios y trabajadores. Francisco Trujillo Pons (Castellón, 40 años) es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Jaume I, lleva desde 2017 explicando de forma concisa y comprensible diversas sentencias judiciales sobre asuntos laborales en LinkedIn, y este año ha sido reconocido como una de las figuras más influyentes de la plataforma. “En siete años he conseguido que me sigan más de 34.000 personas, es una locura”, reconoce por videollamada desde su despacho de la universidad.

En sus publicaciones, Trujillo desmenuza fallos sobre teletrabajo, conciliación o enfermedades laborales en un máximo de 3.000 caracteres. Y acompaña sus textos con imágenes creadas con inteligencia artificial, que facilitan la comprensión de cada caso. “Desde que las utilizo, el crecimiento de las visitas ha sido exponencial. En 2024 se han superado los seis millones de visualizaciones”, explica. Este año ha publicado un libro con todos estos textos —“también con material inédito”, detalla—, y en 2025 lanzará otro centrado en el acoso laboral.

Su tarea en LinkedIn no es sencilla, puesto que traducir el lenguaje judicial —por norma bastante extenso y lleno de atribuciones a artículos de distintas leyes o fallos anteriores— a un espectro comprensible para cualquier persona ajena a este entorno requiere de tiempo y esfuerzo. “Las personas que más entran a leer mis textos son analistas, técnicos de recursos humanos, jueces, magistrados o inspectores. Sin embargo, también lo hacen trabajadores de cualquier sector a los que les interesa alguno de los temas porque les afecta”, indica.

De hecho, pese a que la doctrina legal pueda parecer un contenido destinado a un nicho de profesionales muy concreto, al centrarse en distintas facetas del empleo desata el interés del gran público. “Empecé con esto con la idea de crear una ventana divulgativa que pudiera servir a mis alumnos. Pero también lo hice porque creo que, como servidor público que soy, existe una necesidad de dar a conocer a la ciudadanía conocimientos básicos de derecho laboral”.

Sin embargo, también reconoce que se dan casos en los que el conocimiento del detalle de la norma puede ser utilizado por trabajadores que tratan de aprovecharse de las grietas que existen en su beneficio. “No sé si la generación actual es más listilla, o tiene la piel más fina. Pero el caso es que, repasando la doctrina judicial, los casos que más han crecido son los que tienen que ver con el acoso. Y, en mayor medida, hay más resoluciones en las que se niega su existencia. Lo que debe hacernos reflexionar”, advierte Trujillo.

Intervencionismo

El bum por la información laboral viene desplegándose a lo largo de los últimos años, merced a una secuencia de cambios normativos que han alterado algunos de los paradigmas más anquilosados. “El Ministerio de Trabajo ha hecho más por los trabajadores que lo que hicieron los gobiernos conservadores en la anterior década. Es cierto que ha habido un maremágnum de normas que lo ha revuelto todo, pero ese intervencionismo, aunque haya tenido tintes buenistas, ha sido necesario para reparar el retroceso que se había dado en derechos laborales básicos”, apunta.

Pese a que su contenido es variado y amplio, reconoce no estar dedicado a él durante todo el día. Deja las publicaciones programadas con anterioridad. “Creo que ahora lo tengo todo listo hasta marzo. No suelen ser más de dos mensajes al día”, explica.

Esta omnipresencia programada le sirve para defender el derecho a la desconexión digital de los trabajadores en un momento como el actual, en el que la hiperconectividad se ha extendido por distintas actividades. “Queda mucha concienciación que hacer en este sentido, sobre todo, porque está mal regulado”, analiza, “al estar reconocido como un derecho, es el trabajador quien debe decidir cómo lo ejerce. Si se hubiera definido como una obligación para las empresas, seguramente no se darían muchos de los abusos actuales”.

Además de usuario, Trujillo es defensor de las herramientas de inteligencia artificial, y defiende que su impacto sobre el mercado laboral no tiene por qué ser negativo: “Es un complemento perfecto. La IA está inmersa en el día a día de todos los trabajos, y yo creo que a nivel de derecho laboral, siempre y cuando la protección de datos se lleve a un terreno legal, es perfectamente válida. Tiene más bondades que desventajas”.

Es por esto que, en su opinión como jurista, los peligros actuales a los que se enfrentan los trabajadores vuelven a ser los habituales. “Que no se les retribuya como toca, la existencia de falsos autónomos, las horas extraordinarias sin remunerar, los contratos temporales en fraude de ley...”, enumera. Sí que añade, como novedad, aquellos contratiempos que se derivan de los riesgos psicosociales. “Creo que es el caballo de batalla actual al que debemos prestar atención”, advierte. Se refiere al auge de las bajas por enfermedades mentales que exigen un plan de prevención que muchas empresas todavía no han implementado.

Pese a los distintos cambios normativos —aprobación de la reforma laboral, distintas subidas del salario mínimo, reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo para las trabajadoras del hogar, entre otros—, Trujillo considera que el derecho laboral español aún requiere de una actualización. “España debe ser un país moderno, y para ello es necesario cambiar el Estatuto de los Trabajadores y abrirlo al siglo XXI, porque la sociedad nos lo está pidiendo”, recalca. El experto forma parte, junto a otros profesores, de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, entre cuyos trabajos está el análisis de los apartados en los que debería centrarse esta reforma, y que aboga por asimilarse a la normativa de los países nórdicos y a las directivas comunitarias.

Por ello, Trujillo defiende la necesidad de que resoluciones como la del Consejo de Europa, que piden a España la modificación de la indemnización por despido improcedente, se trasladen a la normativa nacional lo antes posible. “La oposición está diciendo que cada vez hay más normas y tal. Pues bueno, quizás será porque España debe ser un país ejemplo de la Unión Europea”, concluye.