El Gobierno da la puntilla a la nuclear al excluirla de las ayudas del nuevo mercado de capacidad

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó el miércoles a consulta pública la esperada orden por la que se crea un mecanismo o mercado de capacidad por el que las instalaciones eléctricas recibirán una retribución a cambio de estar disponibles cuando el sistema eléctrico atraviese situaciones críticas, como ocurrió la semana pasada por las bajas temperaturas y la casi ausencia de renovables. Según el texto, tendrán derecho a optar a este servicio los generadores de electricidad (incluso las plantas en proyecto), el almacenamiento, los consumidores, las comercializadoras y la nueva figura del agregador, a través de tres tipos de subastas: principales, transitorias y de ajuste. Sin embargo, para sorpresa del sector, el ministerio ha excluido de la medida, de forma subrepticia, a la energía nuclear.

La sorpresa ha sido doble, teniendo en cuenta que lo que se va a subastar es potencia firme (la que garantiza que la instalación estará disponible en momentos de estrés del sistema) y que la nuclear es la energía más firme, tras los ciclos combinados de gas, con casi un 100% de las horas disponible salvo los periodos de recarga del combustible.

Fuentes empresariales entienden que se haya dejado fuera a las plantas de carbón, ya que la Unión Europea, para autorizar este mecanismo —que lleva implícita una ayuda de Estado— exige que se respeten los objetivos de descarbonización. Las pocas centrales térmicas de este tipo que quedan en España no podrán acudir a las subastas de capacidad, ya que la orden veta expresamente a las que emitan más de 550 gramos de CO₂ por kilovatio hora (KWh).

En el caso de la nuclear, la orden la expulsa de una manera indirecta (no se la cita), porque además de la disponibilidad se impone un coeficiente de flexibilidad que este tipo de plantas no tiene. Según el texto, “la convocatoria de la subasta de capacidad incluirá un umbral de flexibilidad que las instalaciones de producción de energía eléctrica no renovable que participen deben de superar, en función de su propio coeficiente de flexibilidad”. A su vez, se define el coeficiente de flexibilidad “como el cociente entre la energía movilizada a través de los mercados de balance y la energía efectivamente producida”. En otras palabras, las centrales nucleares no dan servicios de balance, que las obligaría a subir y bajar la producción, algo que no pueden. Estas instalaciones, a diferencia de los ciclos combinados, solo casan en los mercados diario e intradiario. El Gobierno asegura en la propuesta que esta flexibilidad es necesaria “para contribuir a la mayor integración de renovables en el sistema eléctrico”.

Dada la situación en la que se encuentra el parque nuclear español, con un calendario de cierre ordenado hasta 2035 y con una nueva tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento que Endesa e Iberdrola (las propietarias mayoritarias de estas centrales) se preparan para llevar a los tribunales. Aunque las siete nucleares que aún funcionan no registran pérdidas, carecen, sin embargo, del margen suficiente para invertir en la extensión de su vida útil, en el caso de que así lo decidiesen.

El calendario, un memorando de 2018 firmado entre las eléctricas y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa, que depende de Transición), no es de obligado cumplimiento. El Gobierno, señalan fuentes del mercado, ha apostado por ciclos combinados de gas, a los que ha dado visibilidad para el futuro con las ayudas que vienen reclamando desde hace años, y ha preferido darles el dinero que se niega a las nucleares. Todo ello, a pesar de que estas centrales de gas son emisoras de CO₂ y las nucleares no.

Decisión discriminatoria

Todo apunta a que la medida supone una discriminación entre tecnologías ante la que Endesa e Iberdrola alegarán en contra con toda seguridad en la consulta pública abierta hasta el 29 de enero y no se descarta que la lleven finalmente a los tribunales. No habría sido discriminatoria, añaden las mismas fuentes, si el citado coeficiente de flexibilidad afectara a todas las energías, pero deja expresamente fuera a las renovables porque, de lo contrario, habría perjudicado especialmente a la eólica, que apenas tiene dicha flexibilidad.

Se da la circunstancia de que en la propuesta de orden similar que el ministerio propuso a mediados de 2021 (que fue paralizada a raíz de la crisis energética y las fuertes subidas de precios) no figuraba la exclusión de las nucleares que ahora se recoge en el texto sometido a audiencia.

A falta de un desarrollo reglamentario, las eléctricas, a través de la asociación sectorial Aelec, manifestaron el miércoles su satisfacción por el paso adelante que supondrá la orden ministerial, que despeja el futuro de los ciclos combinados, lo que beneficia a Naturgy. El Gobierno pretende que las primeras subastas se celebren antes del próximo verano, aunque el texto debe recibir aún el visto bueno de la Comisión Europea. Las subastas serán a sobre cerrado, no mediante el sistema del reloj, como las de las renovables, lo que garantizará que no se salde a precio cero.

La subasta principal será a cinco años (hasta que no pase ese plazo no estarán obligadas a la disponibilidad) y para cubrir ese periodo se celebrará, de forma simultánea, una subasta transitoria, que al sexto año desaparecerá y quedará solo la principal, que será más competitiva. En ella podrán participar instalaciones existentes y nuevos proyectos de renovables, almacenamiento o demanda que vayan a prestar servicio a partir de la fecha que fije la convocatoria. Por último, se celebrarán subastas de ajuste a corto plazo (para 12 meses), que deberán ofrecer menos capacidad firme que las principales, con las que convivirán.

También quedarán excluidas, en este caso porque ya reciben otras ayudas históricas, las plantas del Recore (renovables, cogeneración y residuos) con derecho a retribución específica y los ciclos combinados que perciben los antiguos pagos por capacidad, que suman una potencia de 4.000 MW. Dado que el objetivo de estas ayudas y las del nuevo mecanismo de capacidad es cubrir los costes fijos de las instalaciones, en ambos casos ya se cumple.