El transporte de paquetería exige el gasóleo profesional ante la posible subida fiscal para el diésel

La posibilidad de que el gasóleo suba de precio, equiparando su carga de impuestos con los de la gasolina, ha activado las alarmas entre las empresas de transporte ligero de mercancías. La patronal UNO Logística ha demandado al Ministerio de Transportes que empresas y autónomos titulares de vehículos ligeros para el reparto de paquetería puedan beneficiarse del gasóleo profesional. Se teme un incremento de unos 10 céntimos por litro, ante lo que el frente empresarial ha solicitado la puesta en marcha de un mecanismo de devolución que mitigue el impacto de una subida impositiva.

El presidente del colectivo, Francisco Aranda, ha tildado de inaceptable que un 30% del sector del transporte de mercancías, formado en su mayoría por pymes y autónomos, termine cargando con el coste de la transición energética y de la reforma fiscal. Aranda ha añadido que el encarecimiento del diésel ha sido comprometido con Bruselas en una contraprestación que convierte al transporte en injusta moneda de cambio para poder recibir el quinto pago de los fondos europeos.

Entre los asociados de UNO hay empresas como MRW, Amazon, Sending, DHL, Correos Express, Boyacá, CBL Logística, IDLogistics, Logista, Ikea, Tipsa o Seur, entre otras muchas.

“No se entiende que el gasóleo profesional, que ya garantiza la exención a esta subida impositiva para los transportes pesados, no contemple también a los vehículos ligeros, más aún si tenemos en cuenta que alrededor del 30% del total de las empresas de transporte realiza su actividad con vehículos de esta tipología, de menos de 7,5 toneladas”, ha explicado el presidente de UNO a través de un comunicado.

Desde su punto de vista está en juego la viabilidad de centenares de pymes, “que no podrán hacer frente a este nuevo incremento fiscal del Ministerio de Hacienda, perdiendo competitividad y poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo”.

El Gobierno lleva semanas detrás de la subida fiscal al diésel, que no pudo sacar adelante a finales de noviembre pese a que el Congreso dio luz verde parcialmente a la reforma tributaria que Hacienda había negociado con los socios de investidura. Se trata de igualar la carga fiscal del gasóleo y la gasolina, lo que supondría encarecer hasta en 11 céntimos el litro de diésel, representando un ingreso de unos 1.500 millones anuales para el Estado.