Ante la dana con leyes de 135 años

Los devastadores y trágicos estragos provocados por la dana en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, que han segado la vida a 230 personas, (222 en Valencia) han dañado seriamente a decenas de miles de empresas con sus correspondientes empleos. Las ayudas públicas superan ya los 14.000 millones de euros, pero el desafío para reactivar su actividad económica es enorme debido al anacrónico marco legal.

Cientos de abogados celebraron el pasado día 2 un congreso en Valencia con el propósito de modernizar el Código Civil para adaptarlo a trastornos imprevistos y sobrevenidos como las catástrofes meteorológicas. En la declaración final del congreso, los abogados han recordado “la importancia de contar, previamente, con las adecuadas obras de infraestructura hidráulica para salvaguardar las vidas, haciendas y empresas”.

El propósito del congreso ha sido reformar las decimonónicas leyes civiles españolas para adaptarlas a los principios del derecho europeo. El núcleo de la iniciativa persigue la aplicación del principio rebus sic stantibus (las obligaciones de los contratos se pueden modificar si cambian las circunstancias del momento de su celebración).

Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y muy activo en el encuentro, ha sido el histórico defensor de este principio. “Ahora”, explica, “las empresas afectadas por la dana están condicionadas por contratos de arrendamientos, préstamos, suministros y franquicias, que dificultan su recuperación”. “Si la rebus estuviera regulada las empresas ya tendrían un deber de renegociación”. “Significa que obliga a los poderosos a negociar, porque al final es el pequeño el que está asfixiado. Con esta medida pierde poder el gran operador”.

Orduña fue ponente de dos sentencias referenciales del Tribunal Supremo, de 2014 en las que defendió este principio y que han sido recordadas en el congreso. Junto a la profesora Luz María Martínez Velencoso, es autor de La moderna configuración de la Cláusulas Rebus Sic Stantibus (Civitas, Thomson Reuters, 2013). El profesor lamenta el retraso español: “estamos con las mismas leyes de hace 135 años, estamos ante la insoportable levedad de irresponsabilidad del legislador”.

Portugal, Francia, Italia, Alemania y Holanda ya han adaptado su legislación para estos cambios de circunstancias sobrevenidos. En España lo ha hecho la Comunidad Foral de Navarra.

Con un enfoque pragmático, José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña, planteó en el congreso la necesidad de aplicar una rebus administrativa. Propugnó “introducir flexibilidad en la actividad administrativa”. “Se trata de respetando la ley, flexibilizar los reglamentos”. “Hay que proteger a la parte débil del contrato y evitar la judicialización de los problemas”.

Marín, que fue notario voluntario en apoyo de los afectados del volcán de La Palma para que recuperaran sus derechos, considera “nefasta, la reglamentación existente”. “En Valencia”, recuerda “hay gente que ha perdido el DNI y toda su documentación. En estos casos les decimos que hagan fotografías y expliquen lo ocurrido y los notarios hacemos un acta electrónica. Es importante que los ciudadanos se sientan atendidos por alguien de la Administración”. Hay muchos intereses que impiden modernizar la legislación.