El centro de estudios de la CEOE carga contra la reforma fiscal que prepara el Gobierno

Tipos impositivos más elevados, mayores cargas para las empresas que se traducen en un desincentivo a la inversión y una reforma fiscal que, aunque no esté aprobada todavía, tendrá potenciales efectos negativos para la economía porque se usa más como “arma política que como un instrumento para recaudar de forma justa y efectiva”. Este es el panorama que el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el centro de estudios de la patronal CEOE, partidario de bajar impuestos y reducir la carga fiscal a las empresas, ha presentado este lunes en su informe Competitividad fiscal 2024. Un diagnóstico real de la fiscalidad en España. “Estamos viendo cómo de forma continua perdemos competitividad fiscal”, ha zanjado el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa. “Y parece que el Gobierno lo quiere mantener a lo largo de la legislatura”, ha añadido.

Fernández de Mesa hacía alusión a la reforma fiscal a la que el Gobierno espera dar luz verde, salvo cambios de última ahora, este lunes en la comisión de Hacienda del Congreso, como paso previo a su aprobación en las Cortes. Es un compromiso que el Ejecutivo ha asumido con la Comisión Europea para desbloquear el quinto pago de los fondos europeos, y entre otras medidas contempla prorrogar durante tres años (y reformular) el impuesto a la banca, endurecer la fiscalidad de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis), equiparar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina, eliminar la exención del IVA a los seguros sanitarios privados y a las viviendas turísticas e introducir un nuevo impuesto al lujo.

“No es el momento de subir impuestos. Con una recaudación 95.000 millones superior que antes de la pandemia, es el momento de explicar dónde va ese dinero. El énfasis no hay que ponerlo en aumentar la recaudación, sino en si el gasto es efectivo”, ha insistido Gregorio Izquierdo, director general del think tank de los empresarios. “No hay margen para aumentar más la fiscalidad, porque además va a tener dos efectos que ya empezamos a ver: pérdida de talento y que las inversiones no se queden en España”.

Tanto Fernández de Mesa como Izquierdo han criticado la propuesta de elevar la imposición fiscal a la sanidad privada y a las socimis, y han tenido palabras duras sobre todo contra el impuesto a la banca, un gravamen que, consideran, es distorsionador y acaba recayendo sobre los accionistas. También han lamentado la manera en la que se está llevando a cabo la reforma, que el Gobierno quiere introducir a través de la directiva europea que traspone en España el tipo mínimo del 15% sobre las grandes multinacionales.

Competitividad

El documento del IEE concluye que la presión fiscal sobre las empresas es mayor en España que la media europea, una diferencia que se ha ampliado en los últimos años a medida que se ha reducido la brecha en la presión fiscal general —ahora España está unos tres puntos por debajo—, medida como el peso que tienen el conjunto de los impuestos en relación con el PIB. “Si hacemos el análisis sobre el porcentaje que aportan las empresas al total de la recaudación (...) las empresas aportan, en España, un 32,4% frente a un 25,8% de media en la UE”, destaca el documento.

En virtud de este análisis y a partir de la clasificación elaborada por el organismo de corte liberal Tax Foundation, el centro de análisis de la CEOE subraya que España es una de las economías con “peor competitividad fiscal”. En 2024, pasó del lugar 31 al 33 en el índice de competitividad fiscal elaborado por la entidad estadounidense, sobre un total de 38 países. Supone una caída de 10 puestos con respecto a la época prepandemia.

No obstante, el estudio hace hincapié en el esfuerzo fiscal, un parámetro distinto a aquel que usan la Comisión Europea o la OCDE para calcular el peso de los impuestos sobre el PIB, que es la presión fiscal, por considerar que esta tiene limitaciones al no considerar el nivel de rentas, el tamaño de la economía sumergida o la tasa de paro. A la vez, introduce una nueva magnitud, el indicador de presión fiscal normativa —la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, independientemente de lo que recaude— y concluye que en España es un 17% más alto que en la media de la UE. En este resultado influye un mayor tipo en sociedades, del 25% frente a 21,3%, así como una mayor imposición normativa en renta y en patrimonio.

“Pese al aumento de la recaudación, el déficit y la deuda han crecido [si se compara con 2019, antes de la pandemia, pues desde entonces los desfases se han reducido]. Por tanto, no hay un problema de ingresos tributarios, sino de gasto”, ha resumido Fernández de Mesa. “España es de los países que más ha subido los impuestos en los últimos cinco años. En la UE no [se ha hecho], porque quiere que se fomente el crecimiento potencial”, ha incidido Izquierdo.