El BEI activa un paquete de créditos urgentes para España de 900 millones por la dana

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha puesto en marcha este miércoles un paquete de créditos con carácter “urgente” para ayudar a España tras la devastación de la dana por hasta 900 millones de euros. La ayuda, ha revelado la presidenta de la institución prestataria europea, Nadia Calviño, será destinada a la reconstrucción de infraestructuras críticas para hacerlas más resilientes de cara a nuevas amenazas climáticas.

El paquete de apoyo, preparado junto al Gobierno español, servirá para “facilitar las redistribuciones y acelerar el desembolso de las facilidades existentes hasta 900 millones de euros”, ha anunciado Calviño durante una audiencia de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo. Un dinero que irá destinado a “la reconstrucción de infraestructuras críticas con un enfoque de construcción mejorada para que sean más fuertes y resistentes a los fenómenos meteorológicos en el futuro”, ha explicado. “Tenemos que asegurarnos de reconstruir mejor: con técnicas adaptadas a la nueva realidad, que resistan y protejan ante los shocks climáticos cada vez más frecuentes e intensos”, ha insistido en un comunicado posterior.

La presidenta del banco verde, como gusta llamarse el BEI, ha defendido además ante los eurodiputados la importancia de apostar por la “transición verde”, algo “no solo importante, sino también inteligente”, ha recalcado, ya que “cada euro invertido en resistencia y adaptación ahorra de cinco a siete euros en reparación de daños”.

De este modo, la institución europea con sede en Luxemburgo se une a las otras instituciones europeas, especialmente la Comisión, que desde el comienzo de la tragedia en Valencia han manifestado toda su solidaridad y disposición a ayudar a España para recuperarse de la catástrofe.

“Es reconfortante que las instituciones europeas se vuelquen en el apoyo a los Estados miembros de la Unión Europea en los momentos más difíciles, un valor de lo que representa Europa”, ha destacado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras el anuncio del BEI.

El Gobierno español ya ha anunciado su intención de solicitar ayuda a Bruselas a través del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE), el principal instrumento de la UE para proporcionar ayuda financiera a un país miembro —o candidato, que también puede solicitarlo— en caso de catástrofe natural.

Las conversaciones están ya en marcha desde hace varios días, confirman fuentes comunitarias. De hecho, el lunes estuvo en Bruselas el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se reunió a puerta cerrada con el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, y la directora general de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Themis Christophidou. Sin embargo, todavía no hay una propuesta concreta, porque ello implica presentar una cuantificación de los daños sufridos, algo que lleva tiempo, explican las mismas fuentes.

Evaluación de los daños

De hecho, el FSUE no es un instrumento de emergencia como son el sistema satelital Copernicus que ya solicitó España o el Mecanismo de Protección Civil del que todavía no ha hecho uso, sino un instrumento de asistencia posdesastre, en forma de una subvención que complementa el gasto público del Estado beneficiario y debe estar dirigida a financiar “medidas de emergencia y recuperación esenciales que, en principio, no sean asegurables”. Ello requiere, explican las fuentes comunitarias, que ante todo el Estado que quiera hacer uso de este fondo realice primero una buena evaluación de los daños sufridos para poder llegar a Bruselas con cifras concretas. De ahí que el plazo oficial para poder solicitar el FSUE es de hasta 12 semanas, para que el país demandante tenga tiempo suficiente de hacer una estimación correcta de lo que necesitará.

Creado en 2002, precisamente para responder a las también devastadoras inundaciones en Europa central de ese año, el Fondo ha sido solicitado desde entonces en más de 130 ocasiones por más de una veintena de Estados miembros y tres países candidatos, que también tienen derecho a pedirlo: Albania, Montenegro y Serbia.

En total, estos países han recibido en estos años ayudas por más de 8.200 millones de euros del Fondo de Solidaridad. España lo ha solicitado hasta la fecha en seis ocasiones, la primera en noviembre de 2002 tras la marea negra provocada por el Prestige y la última (antes de la dana en Valencia ahora), tras la erupción volcánica en la isla de La Palma, en septiembre de 2021.

Una reforma aprobada en 2014 permite a los Estados miembros solicitar el pago de un anticipo de hasta el 25% del total del importe previsto de la contribución del FSUE y por un máximo de 100 millones de euros.

La solidaridad con España con la dana ha sido absoluta en los pasados días en Bruselas. Además de mensajes de apoyo y hasta minutos de silencio de las instituciones europeas, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ofreció el martes durante una reunión de ministros de Economía y Finanzas una mayor flexibilidad de las reglas fiscales europeas para afrontar los multimillonarios costes de la dana. La comisaria designada para ocupar la cartera de Gestión de Crisis, la belga Hadja Lahbib, ha resaltado durante su audiencia de confirmación este miércoles en el Parlamento Europeo la necesidad de que Europa esté “mejor preparada para desastres” como el de la dana de Valencia y se dote de una “mejor coordinación” en el futuro, dado que el cambio climático, ha subrayado, “es uno de los mayores riesgos a la seguridad” de la UE.