Los auditores de la UE alertan de que los Estados no proporcionan datos fiables sobre las ayudas públicas

El Tribunal de Cuentas de la UE ha encontrado serias carencias en su análisis sobre la respuesta que la Comisión Europea y los Estados miembros dieron a las graves crisis recientes, la de la covid-19 y la inflacionaria agravada por la invasión de Ucrania. Los auditores se muestran compresivos por la urgencia con la que tuvo que actuar Bruselas y también con que tuviera que relajar requisitos. También comprenden que los Gobiernos repartieran ayudas ingentes. Con lo que se muestran muy críticos es con la “falta de datos fiables” sobre la cantidad de subsidios concedidos suministrados por las capitales al Ejecutivo comunitario, de tal forma que se obstaculiza la evaluación posterior de estas políticas. Ni los hay sobre “las ayudas estatales concedidas, ni información por sector económico o tamaño de las empresas”, lamenta el análisis publicado este martes.

La respuesta de la UE —tanto de la Comisión Europea como de los Gobiernos nacionales— a las dos grandes crisis en los últimos dos años consistió en un cambio de paradigma respecto a lo hecho en la década anterior, en la Gran Recesión. Bruselas relajó las normas para que los Estados pudiera rescatar a un sector privado ante sendas situaciones de emergencia. También lo hizo en marzo de 2023 para que los Gobiernos de la UE pudieran responder a los subsidios multimillonarios de otras potencias, principalmente Estados Unidos y China. Y esto es lo que ha analizado el Tribunal de Cuentas, es decir, tres regulaciones extraordinarias que han flexibilizado los criterios para que los Estados puedan dar ayudas, en teoría, respetando el mercado interior.

“La Comisión reaccionó con prontitud a la necesidad de los Estados miembros de recurrir a este tipo de ayudas”, concluyen los auditores, que a continuación lanza su primera andanada: “Sin embargo, su evaluación de las medidas nacionales de ayuda fue limitada. Tuvo dificultades para supervisar las medidas [...]. Estas dificultades derivaron en gran medida de la falta de información fiable de los Estados miembros”.

Esa falta de fiabilidad que resalta el Tribunal se ven en varios ejemplos. Uno es que el proceso de recopilación de datos de Alemania, que abarca a la Administración federal, la regional y los bancos públicos, interpreta de forma “incorrecta” las directrices de comunicación de ayudas a la Comisión. Esto se tradujo en “errores de notificación de más de 30.000 millones”. En Francia también hubo un error que le llevó a notificar 123.700 millones de euros en una línea de ayudas por la covid-19, cuando en realidad tendría que haber notificado 100.100 millones, ya que muchos de los subsidios no tenían superaban los 100.000 euros.

Destacan los auditores que esta relajación de la normativa disparó el volumen total de ayudas concedidas, de 120.000 millones al año antes de la pandemia a 320.000 en 2020 y 2021, y a cerca de 230.000 en 2022. Y en este contexto, subrayan que “falta información sobre las medidas aplicadas y hay insuficiencias en los mecanismos de control de los Estados”. A lo que suman que “la Comisión redujo su supervisión”. “Para informar sobre el uso de las ayudas estatales, Bruselas se basa en los datos facilitados por los Estados miembros. Como no todos ellos cumplieron sus obligaciones legales de información, la falta de datos fiables mermó la capacidad de la Comisión para evaluar la eficacia de los marcos temporales de crisis y la contribución de las ayudas estatales a los objetivos de la política industrial de la UE”, apunta.

Una de las tendencias que se resalta en el documento es que “cada vez más” se utilizan las ayudas para impulsar una política industrial que persigue “el aumento de la independencia de la UE y la transición a una economía de cero emisiones netas”. Pero esto ha provocado que ahora exista “una compleja variedad de marcos de ayudas estatales que no siempre son coherentes”.

Mayor transparencia

Todas estas conclusiones y afirmaciones llevan al Tribunal a plantear una serie de recomendaciones que, en su mayor parte, tocará atender a la española Teresa Ribera, si finalmente es ratificada como máxima responsable de la política de Competencia de la Comisión. Explican fuentes de los auditores que sus recomendaciones no se dirigen a nadie en particular ni a ninguna dirección general del Ejecutivo de la Unión, pero el control y la aprobación de las ayudas de Estado que superan los umbrales mínimos corresponde a este departamento. Uno de estos consejos es, lógicamente, mejorar la transparencia y la información para hacer análisis y evaluaciones de estas políticas.

No ha sido este el primer informe que los auditores han publicado esta semana. Ya el lunes divulgaron otro en el que advertía de que hay riesgo de “doble financiación” con el dinero del Fondo de Recuperación, por un lado, y con la política de Cohesión, por otro. “Especialmente porque se pueden usar diferentes programas de la UE con diferentes reglas para financiar medidas similares al mismo tiempo”, apuntaba una de las auditoras responsables del documento. El Tribunal lamente que ni la Comisión ni los Estados vigilan que no haya esa financiación duplicada.