Los economistas piden cambiar la tributación de los autónomos para combatir el fraude fiscal

El sistema de módulos que utilizan los autónomos, conocido también como sistema de estimación objetiva, ha sido motivo de debate durante muchos años en España por, entre otros aspectos, su vinculación con el fraude fiscal. A pesar de haber sido útil en sus primeros años de implementación, actualmente muchos expertos coinciden en que ya no se adapta a la realidad económica del país y que, en lugar de facilitar la declaración de impuestos, incentiva el fraude y crea importantes lagunas de control tributario. Es un “agujero negro” que impide a la Agencia Tributaria conocer las ventas reales de los autónomos y pequeñas empresas, tal y como lo definió este martes Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, en un encuentro organizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

El modelo de estimación objetiva vio la luz en 1986 como una solución provisional para facilitar a ciertos sectores económicos, principalmente trabajadores por cuenta propia, el cálculo de la base imponible sobre la que tributar el IRPF. Este sistema se basa en estimaciones simplificadas y no en ingresos reales, por lo que muchos contribuyentes pueden declarar menos de lo que realmente ingresan. De la Torre destacó que España es el único país en Europa que sigue utilizando este esquema, lo que refuerza la necesidad de un cambio en el sistema tributario para alinearse con las prácticas más modernas y eficientes de otros socios. Según el inspector, lo que hace casi 40 años tenía sentido, hoy ha quedado desfasado.

El sistema de módulos es una de las muchas aristas sobre las que planea el fraude en España. En el encuentro, el primero organizado por los dos organismos para analizar la problemática y buscar posibles soluciones, los expertos reconocieron que el país ha avanzado mucho en control durante los últimos años y que además, gracias a medidas como la llegada inminente de la factura electrónica, la corrección cogerá impulso en el corto y medio plazo. También ha ayudado el auge de los pagos electrónicos y la caída del efectivo, algo que cogió ritmo tras la pandemia. Sin embargo, los economistas consideran que sería necesaria una mayor cooperación internacional para equilibrar los sistemas fiscales. Cabe recordar, sin ir más lejos, que la normativa europea contra la evasión fiscal de las multinacionales aún no ha sido traspuesta en España. Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, añadió que “para facilitar la adopción de la factura electrónica en microempresas y empresarios personas físicas, quizá sería bueno establecer algún tipo de incentivo fiscal por parte de la Administración”.

Más allá de estas sugerencias, parece que la lucha contra el fraude va ganando terreno. De la Torre recordó que “medir el incumplimiento fiscal es complicado, fundamentalmente porque no todo se detecta y luego se corrige”. Una forma de medición va en función de los incumplimientos (que no todos son fraude detectados). Otros son métodos econométricos basados en índices que a menudo están asociados al fraude, como la circulación de efectivo de alta denominación. Otra alternativa es medir la brecha fiscal en el IVA, que es la diferencia entre la recaudación esperada por el impuesto y la que realmente se obtiene. A partir de aquí, según un estudio para EsadeEcpol, se ha conseguido “recaudar unos 6.000 millones de euros más al año por reducción del fraude fiscal”, recordó el inspector, algo que se debe fundamentalmente a la generalización de los pagos con tarjeta de crédito.

A partir de aquí, prosiguió Diego Martín-Abril, exdirector general de Tributos e inspector de Hacienda en excedencia, “no hay cifras oficiales sobre fraude y los estudios existentes son siempre de carácter indirecto”. En este sentido, abundó, las cifras de la Agencia Tributaria pueden ser algo indicativas. Así, en el periodo comprendido entre 2018 y 2020 las actuaciones de la agencia reflejaron unos resultados recaudatorios en la prevención y control del fraude ascendentes, desde los 15.000 millones regularizados hasta los 17.200 millones a fin de periodo. En 2021 se produjo un notable descenso que se mantiene en los dos años siguientes, dejando la cifra de nuevo cercana a los 15.000 millones. Eso significa, sugirieron los expertos, que las medidas puestas en marcha en los últimos años están logrando poco a poco sus objetivos, lo que hace que España se sitúe ya por debajo de la media de la Unión Europea.

En esta línea, proponen los economistas, es crucial que la Administración Tributaria gestione de manera eficiente la información que recopila, protegiendo los datos y considerando los costes indirectos que esto conlleva. Sobre todo en un contexto en el que España tiene un alto número de obligaciones tributarias formales (hasta 55 tipos de declaraciones informativas). El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, añadió también que “el fraude fiscal debe incorporarse en las estadísticas para poder mejorar el diagnóstico de nuestra economía”. Así, por ejemplo, la presión fiscal ajustada de economía sumergida “debe completar el análisis insuficiente de la presión fiscal recaudatoria en relación al PIB”. Por último, un recado ya habitual al pacto catalán que daría paso a una Agencia Tributaria propia en la Generalitat: trocear la Administración tributaria rompería de lleno el intercambio de información y el fraude subiría como la espuma. Todos los avances “se perderán como lágrimas en la lluvia si se trocea la Agencia Tributaria como pretende un acuerdo político reciente”, dijo De la Torre.