La Audiencia Nacional abre la investigación sobre el “chiringuito financiero” vinculado con Alvise

José Luis Calama, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado la apertura de la investigación sobre el presunto fraude perpetrado a través de la plataforma de inversión Madeira Invest Club, liderada por el empresario Álvaro Romillo, que envió un escrito a la Fiscalía General del Estado donde asumía la responsabilidad de sus actos y confesó haber entregado 100.000 euros a Luis Pérez, alias Alvise, el principal dirigente de Se Acabó la Fiesta (SALF), en plena campaña para las elecciones europeas. Este movimiento del juez se centra solo en la “supuesta estafa piramidal” cometida por dicha compañía, calificada como “chiringuito financiero” por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Calama considera que, en este momento incipiente de la causa, no tiene elementos para pronunciarse sobre la supuesta participación del dirigente ultra Alvise.

Estas pesquisas son independientes de otras de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ya anunció que investigará si Pérez (que se encuentra aforado ante el alto tribunal al ser eurodiputado) cometió un delito de financiación ilegal al recibir dicha cantidad de dinero, que él mismo ha admitido haber percibido.

La Audiencia Nacional concentra su atención, por tanto, en el Madeira Invest Club, después de que este órgano judicial recibiera tres denuncias contra la empresa bajo sospecha, presentadas por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (Ances), la Asociación de Afectados por Inversiones de Criptomonedas y la Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Según consta en una resolución fechada este viernes, el juez Calama considera que existen indicios suficientes para admitir a trámite las denuncias, pues los hechos relatados describen con “meridiana claridad” un delito de estafa que debe investigar la Audiencia Nacional por su enorme volumen y gran número de afectados.

Los inversores que han presentado las denuncias han calculado que su perjuicio superaría los 11 millones de euros, según expone el magistrado. Pero la misma resolución añade que, de los documentos e información incorporados al sumario, “la cifra de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros”. “Se atisba una compleja instrucción, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, que hará necesario acudir de forma recurrente a la emisión de instrumentos de cooperación jurídica internacional a los efectos de determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que en ellos hayan participado, así como para la localización de activos financieros”, remacha el juez Calama.

Álvaro Romillo, conocido en las redes sociales como Luis Cryptospain, fundó el Madeira Invest Club (MIC). La compañía fijó su domicilio social en Madrid y prometía a sus clientes que podían obtener enormes rentabilidades (de más del 50% al año) a través de su plataforma, que se dedicaba supuestamente a la inversión online en distintos mercados de lujo —como el de arte—. Este sistema se desactivó inesperadamente hace unos días y dejó en la estacada a sus usuarios, muchos de los cuales acudieron entonces a la Audiencia Nacional. A continuación, la Fiscalía apoyó la admisión a trámite de sus denuncias, que no mencionaban originalmente a Alvise.

Sin embargo, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, representada por el abogado Carlos Aránguez, presentó el 25 de septiembre un nuevo escrito para pedir que se extendiera la investigación al eurodiputado, por lo que el caso debía reenviarse al Supremo. Una opción que el juez Calama ha descartado de momento, debido a que la causa se acaba de abrir y apenas se han hecho averiguaciones. En este sentido, el magistrado detalla que, para poder acceder a ello, la jurisprudencia le obliga a enviar al alto tribunal una “exhaustiva” exposición razonada, donde consten indicios “fundados y serios”, una imputación “clara y concreta” o un “apoyo probatorio”.