Vivienda: o asunto de Estado, o fracaso

Expectativas sobre la conferencia sectorial de Vivienda —ministra y consejeros— del 3 de octubre. Hay muchas medidas en marcha, y un desencuentro básico: el tope al alquiler. Sería lamentable focalizarse solo en estos. Como solo rigen en Cataluña, y desde marzo, los resultados no marcan paradigma. Las cifras de los portales —aproximativas— perfilan un bajo impacto a la baja. El alza interanual, cercana al 9%, apenas dista de la media, en torno al 10%. Mejor esperar o para revertir, o modular la medida, o extenderla. Las autonomías tienen competencia para aplicarlo. Huya el Gobierno de caer en la tentación abusiva de condicionar su ayuda a que lo hagan.

Pero sí debería controlar que su financiación a determinados proyectos se aplica a ellos. La desidia de las autonomías con el bono del alquiler joven es sangrante: solo han aprobado el 29,2% de las solicitudes desde 2022. Quizá convenga otro sistema, y no repartir dinero a espuertas. Aplicar parecida cofinanciación a la de los fondos estructurales de la UE: las ayudas europeas se suman a las nacionales, no las sustituyen; los Gobiernos contribuyen con un porcentaje a la cobertura financiera de un proyecto que les beneficia y cuyo grueso financia Bruselas.

La vivienda es ya una “bomba de relojería”, sostenía en esta columna. El malestar social que genera devora buena parte del bienestar generado por el éxito de la economía española. Es un asunto de Estado. Y debe cogobernarse entre las tres administraciones implicadas: la central (recursos), la autonómica (el control principal), y la municipal (ejecución). O se alinean, o fracaso.

La ocasión sería acordar un Plan estatal de vivienda: pactarlo. Las causas de los precios desorbitados son múltiples, las recetas también. Entre las inmediatas destacan el énfasis en la rehabilitación (se acelera), la reconversión de espacios (comercios y oficinas), las garantías administrativas a propietarios de casas vacías que temen impagos, la puesta a punto del parque de la SAREB, el aumento del bono alquiler joven, los acuerdos con privados y cooperativas… Todos los instrumentos, todos los actores, todos los recursos. Y reformas legales: evitar las catastróficas privatizaciones de VPO pasadas. Y las abortadas en el Congreso: condicionar el alquiler por temporada para que no encubra tramposamente el normal (en Barcelona alcanza el ¡40%! del total) y agilizar licencias urbanísticas. Bien llegado el PP, que promete su manual de propuestas: será creíble si empieza apoyando estas dos, que boicoteó. Y ojalá se cree una task-force ejecutiva, interministerial y trigobernanza para mayor eficiencia.

Para activar el alquiler social y el asequible, a largo plazo lo esencial sigue siendo generar un parque público en alquiler. Más oferta, enfriar el mercado. El británico Keir Starmer está aumentando la inversión y advierte a los municipios que si no la ejecutan, lo hará a nivel central. Discutamos cifras, más cifras. Más unidades. Más recursos, públicos y privados. O eso, o una sociedad más desigual y su secuestro por los ultras.