El mundo empresarial catalán pide cambiar el modelo de financiación con “urgencia”

La reforma del sistema de financiación no es tan solo una demanda política en Cataluña. En marzo, una veintena de instituciones lideradas por la Cámara de Comercio de Barcelona, entre las que se encontraban las patronales Foment del Treball y Pimec e instituciones como el Círculo de Economía y el RACC, se unieron para pedir la necesaria reforma del modelo. Este lunes, coincidiendo con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, han remitido un comunicado en el que han subrayado “la urgencia de resolver” esa cuestión, al considerar que el actual sistema frena “el progreso económico de muchas comunidades autónomas”, no solo de Cataluña.

El momento elegido para lanzar la nueva andanada de presión a los partidos no tiene tanto que ver con el cónclave de consejeros autonómicos. Tiene más que ver con las negociaciones que llevan a cabo ERC y el PSC para tratar la posible investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, después de que este último se impusiera en las elecciones autonómicas del 12 de mayo, pero con una mayoría insuficiente. “Nos consta que hay una negociación en curso […] que incluiría una mejora del sistema de financiación”, recoge el comunicado remitido por las 20 entidades firmantes, que se congratulan por ello y en el que se llaman a “aprovechar el momento para encontrar y pactar soluciones”. Cuando la reelección de Pedro Sánchez estaba en ciernes también se incluyó la necesidad de negociar ese punto en el acuerdo entre el PSOE y ERC.

En ese sentido, tal y como han demandado en los últimos meses, las entidades llaman a conseguir “grandes acuerdos de país”, en una llamada a que el posible pacto entre los dos partidos sea avalado por el mayor número de formaciones políticas. Fuentes de la CEOE señalan que están estudiando “la propuesta a fondo” antes de pronunciarse, informa Gorka R. Pérez.

La necesidad de alcanzar un gran consenso impidió que la petición unívoca de las mayores instituciones empresariales y económicas catalanas concretara un modelo de financiación, si bien reclamaban que fuera ambicioso. Su petición es amplia y lo que reclama, básicamente, son más recursos de reparto y que se respeten tres principios básicos: autonomía financiera para los territorios, una mejora de la capacidad de gestión y recaudación tributaria (sin entrar en quién tiene la llave de la caja), y el respeto al principio de ordinalidad, que no es otra cosa que garantizar que la redistribución de recursos no suponga que una comunidad supere a otra por recursos per cápita una vez aplicados los mecanismos de solidaridad.

En su documento original, las entidades firmantes señalaban tres opciones para cambiar el modelo, que iban de menos a más. La menos ambiciosa se basaba en una actualización del sistema actual, pero con un reparto más claro de recursos. El camino intermedio es el que rige en Estados Unidos, compartiendo los recursos que se ingresan, pero con mayor control de la caja por parte de las comunidades autónomas. Mientras, el tercero, más pensado para Cataluña, se aproxima a las tesis que propone el Govern en funciones de la Generalitat y que la consellera Natàlia Mas ha defendido ante el resto de consejeros de finanzas en la reunión de este lunes. Una suerte de concierto vasco con una adición de recursos para repartir entre las comunidades más necesitadas. Pero esto tiene dos obstáculos, ya que la Generalitat pide negociarlo sin más partícipes con el Gobierno del Estado y asegurarse la recaudación de los tributos, un control de la llave de la caja a la que se niega de plano el Ministerio de Hacienda. Mas ha definido su propuesta este lunes como “un paso delante de soberanía”.

El mundo económico también aprovecha su documento para poner de manifiesto su desconfianza respecto al cumplimiento de los pactos políticos. “Es fundamental que se cumplan y se respete siempre el espíritu que inspiró el acuerdo inicial”, señalan, para advertir de que el posible acuerdo que surja de las negociaciones entre PSC y ERC será escrutado a fondo para que su contenido sea respetado. La desconfianza versa en la incapacidad que han tenido los sucesivos gobiernos estatales para ejecutar las inversiones comprometidas para Cataluña en sus presupuestos, así como el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto, según la cual el Estado debía invertir en la comunidad el equivalente a su aportación al PIB nacional (en torno a un 19%). Ese compromiso solo se ha conseguido cumplir un año, hecho que volverá a ser denunciado previsiblemente este martes por la patronal Foment del Treball, que presenta un informe sobre la inversión en infraestructuras en Cataluña.

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