Trabajo advirtió a Vodafone de que anularía su ERE si no negociaba “de buena fe” justo antes de que la empresa mejorase su oferta

“Se advierte que la ausencia de cumplimiento de los requisitos mencionados tiene, de acuerdo con la ley, la consecuencia de la nulidad del despido colectivo”. En estos términos tan contundentes se pronuncia la Dirección General de Trabajo en la comunicación que ayer jueves por la mañana recibió Vodafone, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La compañía telefónica negocia un Expediente de Regulación de Empleos (ERE) con los sindicatos, que vienen denunciando una estrategia obstruccionista y con poca voluntad de dialogar por parte de la empresa. Después de que los empleados transmitieran sus quejas al ministerio, el departamento que dirige Yolanda Díaz envió esta comunicación a la empresa, que parece haber movido las posiciones. Ayer por la tarde hubo una nueva reunión en la que la compañía aportó documentación que las centrales venían reclamando y rebajó el número de despidos a 898, 40 menos que en la oferta anterior. La compañía emplea a 3.268 personas en España, así que la nueva cifra afectaría al 27% de la plantilla.

Fuentes de Vodafone indican lo siguiente: “Desde el inicio hemos manifestado que teníamos la voluntad de alcanzar el mejor acuerdo para todas las partes y así se está demostrando. Vodafone ha actuado siempre de buena fe y ha proporcionado la información requerida en todo momento a la mesa negociadora”.

“Seguramente ha tenido mucho que ver”, dice Beatriz Molino, negociadora de CC OO, la comunicación de Trabajo en el cambio de posición de la empresa. “Había documentación que no nos entregaban y ahora sí, información necesario para que no estemos indefensos y que habíamos solicitado mucho”, explica. Indica que la empresa bajó en 40 personas el número de despidos, hasta quedar en 898, lo que supone una bajada total de unas 300 personas respecto al planteamiento inicial de la empresa. “Ofrecieron que lo despidos se compensen con la indemnización por improcedente, entre 45 y 33 días por año trabajado con 24 mensualidades, con voluntariedad condicionada por parte de los afectados (con veto por parte de la empresa, de manera que no todo el que que quisiera salir podría hacerlo”, añade Molino. También por primera vez durante las negociaciones se plantean prejubilaciones con el 75% del salario fijo a partir de los 58 años (cumplidos a 31 de diciembre). Estas condiciones “son mucho peores” que las de EREs producidos en empresas equivalentes a Vodafone, como Orange o Telefónica, en opinión del negociador de UGT, Diego Gallart. “Es un ERE ideológico, hecho para satisfacer a los accionistas británicos”, dice.

Los sindicatos han recibido positivamente y de “buena fe” la última oferta de la dirección, pero la consideran aún insuficiente. Exigen indemnizaciones de 50 días por año trabajado con un máximo de 33 mensualidades. Y en materia de prejubilaciones, rebajar la edad hasta los 55 años y aumentar la renta al 85% del salario fijo y el 50% del variable. También piden garantía de empleo hasta diciembre de 2026.

La información que no venía aportando la empresa era clave para que los sindicatos puedan negociar en igualdad de condiciones. “En un ERE por causas económicas la empresa no nos entregaba ni las cuentas auditadas de los primeros meses de 2024 ni la información sobre el impuesto de sociedades, por ejemplo”, explica Gallart. “Negociar un ERE en este país es una partida de póquer en la que la empresa tiene las cartas marcadas. La legislación solo pide que se negocie de buena fe y ni esto estaba cumpliendo. Están intentando subsanar a última hora un defecto de forma que podía conducir a una demanda por nuestra parte”, añade el negociador de UGT. Ayer al mediodía, también antes de la reunión en que Vodafone cambia su postura, los representantes de los trabajadores se reunieron con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

El requerimiento emitido por la Dirección General de Trabajo advierte a la compañía de “la exigencia legal de que la consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento”. Después recuerda la exigencias que han de ser cumplidas por la empresa, empezando por justo la que, según dicen los sindicatos, no venía satisfaciendo la empresa: “De un lado, la aportación de la documentación adecuada y en el tiempo oportuno que permita una negociación suficientemente informada por ambas partes”. Trabajo también recuerda a Vodafone la importancia de que la negociación durante el periodo de consultas esté presidida por la obligación de negociar de buena fe y con vistas a la consecución de un acuerdo”. El organismo público recuerda que esto exige “una actitud proactiva de ambas partes”.

Tras estas advertencias, la Dirección General de Trabajo entra en recomendaciones concretas: “Se recomienda a la empresa que realice todas las actuaciones que estén en su mano para la más adecuada efectividad del periodo de consultas, aportando tanto la documentación e información precisa como actuando de buena fe”. El requerimiento termina con la advertencia de que la ausencia de cumplimiento de los requisitos mencionados “tiene la consecuencia de la nulidad del despido colectivo”.

El martes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, se reunió con los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, con el compromiso de revisar las condiciones del ERE. En concreto, el ministro quiere cerciorarse de que esos requisitos cumplen con los compromisos que remitió Zegona para conseguir que el Ejecutivo autorizara el pasado mes de mayo la compra de Vodafone por 5.000 millones de euros.

El lunes hay una nueva reunión entre la empresa y los trabajadores. En principio, el límite de la negociación es el 17 de de este mes.

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