Iberdrola y Endesa recurrirán ante el Tribunal Supremo la nueva tasa nuclear

Los abogados de las dos grandes compañías eléctricas, Iberdrola y Endesa, trabajan a fondo en los recursos contencioso-administrativos que van a interponer (cada una por separado) ante el Tribunal Supremo contra la nueva tasa nuclear que el Gobierno aprobó el 25 de junio. Destinada a sufragar el futuro desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos, estas empresas, propietarias mayoritarias de las siete centrales nucleares españolas, pagan desde el 1 de julio una tasa de 10,36 euros/MWh destinada a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Naturgy, con una participación del 35% en Trillo y un 11% en Almaraz, y EDP, con apenas un 15% en Trillo, permanecen al margen de esta batalla. Iberdrola posee la totalidad del capital de Cofrente y Endesa, la de Ascó I y, a su vez, ambas comparten Almaraz I y II, Ascó II y Vandellós: los dos primeros, bajo control de Iberdrola y los otros, de Endesa. Un portavoz de esta útima asegura que aún “no han tomado una decisión”.

La chispa estalló cuando el pasado enero el Gobierno publicó, tras casi dos décadas, el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR); el anterior data de 2006. El plan incluía una tasa (o “tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario” para financiar el servicio de Enresa) que suponía un incremento de 2,38 euros MWh respecto a la que se incluyó en el memorando de entendimiento firmado en 2019 entre las empresas del sector y la propia Enresa (con el beneplácito del ministerio) para el cierre ordenado del parque nuclear español entre 2027 y 2034. Como subrayan fuentes políticas, el acuerdo no es vinculante ni forma parte de una ley que obligue a su cumplimiento, tal como ocurrió en Alemania.

Y aunque, efectivamente, se pactó que dicha tasa no subiría más del 20%, hasta los 7,98 euros/MWh, que ya pagaban en enero cuando se publicó el PGRR, este plan la incrementó hasta 11,14 euros. Finalmente, el real decreto aprobado en junio, que desarrolla reglamentariamente dicha tarifa, la bajó ligeramente, a 10,36 euros/MWh, por lo que las empresas con generación nuclear pagarán al año 130 millones de euros adicionales a los 450 millones que aportaban al fondo de Enresa y es un 30% más de lo acordado en el memorando.

Según indica el ministerio, este 30% no incumple el protocolo firmado con las empresas pues el 20% al que aluden se refería al primer borrador del PGRR que salió a audiencia en marzo de 2020. Ese límite del 20% se reflejó en la subida de la tasa en 2019, concretamente un 19,3%.

Tras poner el grito en el cielo, especialmente a través de la asociación Foro Nuclear, las dos grandes eléctricas se han puesto manos a la obra para recurrir la tasa ante el Tribunal Supremo. Para ello, sus servicios jurídicos buscan argumentos que, a priori, -reconocen-, no son fáciles. Aunque en 2019 hubo un compromiso de no superar los 7,98 euros/MWh durante el proceso de cierre del parque, en el sector admiten que la subida de la tarifa responde, en buena medida, al encarecimiento de costes que supondrá la construcción de Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) de residuos atómicos, uno por cada planta, tras el plan frustrado para construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC). Concretamente, el sobrecoste es de 1.200 millones de euros. Después de dos décadas sin lograr el consenso político para lograr un único emplazamiento, el Gobierno lo ha descartado y ha optado por los ATD, una solución individual más cara. Las eléctricas rechazan que el incremento de estos costes justifiquen tan elevado incremento de la tasa de Enresa.

¿Qué alegan las compañías?

Las empresas deben presentar sendos escritos de interposición de recurso, tras lo cual, una vez admitidos por el Supremo, podrán tramitar la demanda y, aunque en dichos escritos podrían solicitar la suspensión cautelar de la nueva tasa, esto no se ve probable. Sí podrían pedir información adicional a la del expediente que entregue el ministerio, que es la parte denunciada. Por el momento, según fuentes del sector, el departamento que dirige Teresa Ribera no ha recibido ninguna notificación. Las empresas disponen de dos meses para la presentación del escrito. Se da la circunstancia de que las eléctricas y el Foro Nuclear ya recurrieron en marzo el propio Plan General de Residuos Radiactivos de enero, por lo que los dos procesos judiciales (este y el que preparan ahora contra la tarifa) van a discurrir en paralelo.

Expertos consultados reconocen que las razones que pueden aducir legalmente las empresas no son fáciles, pero no se descarta que, dada la trascendencia pública del debate nuclear en España, el proceso se enmarañe y que las eléctricas fuercen la publicación de datos sobre Enresa, que gestiona un fondo para residuos que supera ya los 8.000 millones de euros. El 7º PGRR estima que entre los años 1985 y 2100 los costes totales ascienden a 28.156 millones de euros y entre este año y 2100, casi 20.220 millones (valor de 2023).

Amén de alegar defectos de forma, algo complicado pues el ministerio ha cuidado los detalles, las empresas podrían denunciar la decisión del Gobierno de no construir un ATC, lo que ha encarecido la tasa. Sin embargo, se trata de una decisión política que solo sería susceptible de control jurídico si se tratase de una decisión “manifiestamente arbitraria”, lo cual, tras 20 años intentándolo (se llegó a designar un emplazamiento en el municipio conquense de Villar de Cañas), no parece un argumento muy sólido.

También, según fuentes empresariales, las afectadas, que quieren defender hasta el último euro ante sus accionistas, se podrían centrar en el cálculo minucioso de los costes de las obras y servicios del plan, lo que llevaría su tiempo y plantearía una batalla entre los informes de las empresas y los elaborados por los peritos del ministerio. Con todo, el argumento más débil sería apelar al memorando de 2019 para el cierre paulatino de las centrales, en el que figuraba una tasa muy inferior, pues el acuerdo “no vinculaba de por vida, amén de que no se trataba de una ley”, señalan las mismas fuentes. Las empresas sí podrían alegar que, como la tasa se calcula sobre previsiones de costes futuros, ciertas partidas no se pueden tener en cuenta, indican fuentes jurídicas.

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