El panel de expertos de PwC reclama más alquiler social y colaboración público-privada para solucionar la escasez de vivienda

Los problemas para acceder a una vivienda en España escalan mes a mes en la lista de preocupaciones que registra el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ya es la segunda mayor preocupación, solo por detrás de los problema políticos y por encima del desempleo, a pesar de que España registra la tasa de paro más alta de la Unión Europea. La consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) ha centrado su publicación Consenso Económico y Empresarial en este problema. Se trata de un panel de expertos, en el que han participado 118 empresarios, directivos, académicos y asociaciones profesionales, en el que dan su opinión al respecto, en un contexto con 20 provincias en las que el pago de la hipoteca supera el esfuerzo máximo recomendado, el 30% de los ingresos del hogar. El escenario es parecido en el arrendamiento, un problema que, según los expertos consultados, se podría solucionar con más oferta, más alquiler social y colaboración público-privada, entre otras medidas.

El 77% de los encuestados cree que la falta de oferta es el principal problema del alto coste de la vivienda en España. El siguiente motivo más señalado por los encuestados es una legislación inadecuada (48%) y el tercero, la especulación inmobiliaria (23%). También ponen sobre la mesa la inseguridad jurídica (16%), el reparto de competencias entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración central (13%) y los elevados impuestos sobre la propiedad (7%).

La encuesta de PwC no sitúa entre los principales motivos de este alto coste la escasez de vivienda social en España (solo un 2% del total, frente la media europea del 9%), pese a la preponderancia que muchos expertos dan a este asunto. Sin embargo, sí se cuela entre las respuestas a la pregunta “¿cuál de estas medidas le parece más relevante para solucionar la falta de vivienda?”. Un 64% pide impulsar la oferta de alquiler social, una opción solo superada por el 72% que reclama fomentar la colaboración público-privada para promoción del alquiler. Un 62% requiere una nueva Ley del Suelo “que mejore la gestión de los procesos administrativos relacionados con las políticas de suelo y urbanismo” y menos de la mitad (45%) apuesta por impulsar la rehabilitación de viviendas. Otra de las políticas más comentadas, elevar la tributación de los pisos vacíos, solo es una solución óptima para el 16% de los consultados elegidos por PwC.

A la pregunta “para elevar la oferta, ¿qué medidas se deberían tomar?”, un 70% apuesta por agilizar la concesión de licencias urbanísticas, un 61% por aumentar el volumen de suelo edificable y el grado de edificabilidad y un 56% por incrementar las rehabilitaciones.

Asimismo, un 51% de los encuestados por la consultora, una de las llamadas Big Four del sector, cree que las inversiones extranjeras incrementan los precios. “Los fondos de inversión y las fortunas latinoamericanas son protagonistas de compras relevantes, aunque están centradas en las grandes ciudades, no en los barrios ni pequeñas poblaciones”, precisa el informe, que también recoge una mayoría a favor de desregular el mercado: un 55% cree que sería mejor para el ajuste de oferta y demanda. ¿Y qué se debería desregular según los encuestados? Un 87% apuesta por eliminar los topes a los precios de los alquileres, aunque solo se aplican en una comunidad autónoma (Cataluña), y un 75% por liberalizar el suelo.

Por otro lado, un 57% opina que la falta de vivienda en alquiler se debe al uso turístico de las viviendas. Cada vez más ciudades presionadas por este fenómeno buscan vía para limitarlo, con Barcelona como un puntal al respecto con el anuncio de que eliminará todas las licencias en los próximos años. Un 48% de los encuestados dice que la escasez de alquiler se debe a los mayores derechos de los inquilinos y un 44% a la okupación. Sin embargo, las estadísticas vienen recogiendo una bajada de los delitos de usurpación y allanamiento de morada, de los procedimientos judiciales abiertos y de las condenas impuestas.

El alquiler turístico se vuelve a abordar en otra pregunta del estudio, con un 78% convencido de que la conversión de viviendas residenciales a turísticas reduce la oferta para los locales. Un 32% está de acuerdo con la afirmación “los alquileres turísticos tienen un efecto positivo en la economía local, a pesar del aumento de precios, aunque limitan el acceso a la vivienda para los residentes”.

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