El gestor inmobiliario de Blackstone en España dice que limitar los alquileres solo tiene sentido “por un corto plazo”

La ley de vivienda, que en abril cumplió un año desde su aprobación, no ha conseguido solventar el grave problema del acceso a la vivienda porque no ha venido acompañada de medidas para aumentar la oferta. Tiempo perdido. Que no exista un parque de alquiler asequible es una losa que ha convertido la vivienda en España en una emergencia social. Es una de las conclusiones de los expertos que este miércoles han asistido a la jornada Ley de Vivienda un año después: avances y retos, organizada por el Club Inmobiliario de Esade Alumni.

El sector inmobiliario ha criticado que la ley hasta ahora se ha centrado en el control de precios en las zonas declaradas tensionadas, una medida que de momento solo se aplica en 140 municipios catalanes y que “no tiene ningún sentido, salvo si es por un corto plazo y va acompaña de un incremento inmediato de la oferta”, ha indicado Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa y de Aliseda, las compañías inmobiliarias del fondo Blackstone en España. Ha advertido Mendiluce de que la reducción de la oferta en la región catalana es “tremenda”. Además, la medida de la Generalitat de incluir en el tope de precios a promociones de obra nueva se ha “cargado” el denominado build to rent (promoción y construcción de pisos para alquilar).

El sector censura que en este año de vigencia de la ley de vivienda no se haya puesto el foco en la grave falta de oferta. Una carencia de la que es consciente el Ministerio de Vivienda. “Hay un déficit de un millón de viviendas y, para solucionarlo, se debe alcanzar una velocidad de crucero de producción de 200.000 viviendas al año, frente a las pocas más de 90.000 que se construyeron en el último ejercicio”, señala Anselmo Menéndez, subdirector general de política y ayudas a la vivienda del ministerio, que ha asegurado que hay tres o cuatro comunidades que están analizando la aplicación de las zonas tensionadas. Según sus estimaciones, un 30% de este déficit debería ser solventado con vivienda pública, ya que solamente hay en España entre 350.000 y 400.000 unidades, por lo que se necesita “duplicar esa cuantía con urgencia”. Otro 30% debería ser vivienda asequible, tanto en alquiler como en compra, bajo la colaboración público-privada y tanto en terrenos públicos como privados. El 40% restante sería vivienda libre, para lo cual es necesario acelerar la concesión de licencias y las cédulas de ocupación.

En la última década, las políticas de vivienda se han enfocado en el mercado del alquiler y la rehabilitación de casas frente a la compraventa. “Ha sido un error grave. Teníamos que haber facilitado el acceso a la vivienda en compra porque hubiera quitado presión al alquiler”, ha dicho Menéndez “a título personal”. Ha asegurado que “la ley de vivienda genera incertidumbre y puede provocar que el potencial inversor se retraiga en principio” y se ha mostrado partidario de recuperar la deducción por vivienda habitual de forma escalonada (en función del precio), una medida que se eliminó en 2013, y la ayuda estatal directa a la entrada para la compra de casa, suprimida en 2010.

El sector inmobiliario reunido en el foro ha señalado que es urgente poner en marcha los mecanismos que ya contempla la propia ley de vivienda pero que no se están aplicando, como la colaboración público-privada, para intentar paliar el problema. “La ley propone una ambición importante, pero proponemos que haya una ambición más consensuada también con la iniciativa privada y con los distintos agentes que intervienen en este sector”, ha explicado la directora general corporativa de Inmobiliaria Colonial, Carmina Ganyet.

“Hay que poner el foco en estos temas y no en los que se han puesto durante el primer año de la ley”, como los avales ICO para la compra de la primera vivienda y el límite de precios, ha dicho Helena Beunza, presidenta de ASVAL, asociación de propietarios de viviendas en alquiler. Beunza, que fue secretaria general de Vivienda en la época en que José Luis Ábalos encabezaba el ministerio, ha criticado que cada concurso vacante, fruto de la falta de diálogo entre el sector público y privado, significa un año y medio más para sacar ese suelo al mercado.

Cesión de viviendas de los grandes propietarios

Los grandes propietarios urgen al Gobierno a un acuerdo para la cesión de miles de viviendas para alquiler social de familias vulnerables. Aunque Beunza ha reconocido que habría que debatir cuestiones relevantes como quién elige al inquilino o qué ocurre en caso de impago. “Es urgente movilizar el parque de vivienda existente vacío y no vacío para poner en el mercado alquileres asequibles y también es necesario movilizar el parque de suelos privados”, ha indicado Mendiluce. El problema es que los números no salen y por eso propone “un programa de cesión de suelos privados para crear vivienda pública en régimen concesional”.

Menéndez ha recordado que el Ministerio avalará los préstamos de la Línea Vivienda de 4.000 millones de euros gestionada por el ICO en la segunda fase del Plan de Recuperación para favorecer el acceso de promotores públicos y privados a financiación. “Se va a poder incluso financiar el suelo”.

Rescatar y aprobar la fallida ley del suelo, que el Gobierno retiró del orden del día del Congreso el pasado mayo por falta de apoyos, es otra de las recetas. El sector se ha quejado de los altos costes de transformación del suelo y de la falta de flexibilidad para cambiar los usos (por ejemplo, de terciario a residencial). “Le legislación hace poco rentable la producción de vivienda”, ha afirmado Íñigo Fernández de Mesa, presidente de Rothschild & Co Spain y vicepresidente de la CEOE. “Es necesaria la flexibilización de los procedimientos urbanísticos y administrativos”, ha añadido Beunza, quien ha reclamado un aumento del gasto público en viviendas, a pesar de ser consciente de que “va a ser complejo” por el excesivo déficit que arrastra España.

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