Detenido un empresario agrario por explotar a rumanos en situación irregular en pueblos de Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un empresario de origen rumano acusado de trata de seres humanos a quienes explotaba laboralmente en el ámbito agrario de la provincia. El sujeto se había hecho fuerte en varias localidades de la zona donde actuaba y, según la Policía, “provocaba que ningún extranjero pudiera trabajar en el campo si no era bajo sus órdenes”. El arrestado, que ha quedado en libertad con cargos, atraía a compatriotas con ofertas de falso trabajo, les pagaba el viaje y después les embaucaba con supuestas deudas para que trabajaran en condiciones “de semiesclavitud” y sin apenas pagarles.

Los adultos dormían en el suelo de una vivienda y los niños reposaban todos juntos en camas comunes. La Policía ha identificado a nueve víctimas y estas han referido que otros familiares suyos también sufrieron este abuso laboral. Las autoridades empezaron a investigar el pasado octubre al descubrir un grupo de personas “en situación de necesidad y vulnerabilidad, cuyos miembros, adultos y niños trataban de huir de su explotador”.

La actuación, denominada Operación Tatami, la ha coordinado la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional. Las primeras indagaciones arrojaron que el empresario rumano, asentado en un municipio de la provincia vallisoletana que la policía no detalla, reclutaba personas en su país “mediante engaño con falsas promesas laborales que les permitirían prosperar, para finalmente ser explotadas laboralmente como mano de obra para faenar en el campo”. Él ocupaba el cargo de socio y administrador único de una sociedad limitada que daba a los agricultores mano de obra para actividades agrícolas.

El investigado, que llevaba captando trabajadores de otros países desde principios de 2023, se había hecho tan fuerte en la comarca que “que ningún extranjero podía trabajar como mano de obra en el campo si no era bajo sus órdenes y aceptando sus condiciones laborales abusivas y desproporcionadas”, según el comunicado de prensa emitido por la Policía Nacional. El empresario, como suele ser habitual en estos sucesos, se centraba en personas “en situación de necesidad” y planteaba supuestas ofertas laborales y de vivienda para ayudar a romper con la precariedad. Tras pagarles el viaje a España, les reclamaba una deuda que aumentaba exponencialmente por el traslado y que se incrementaba sin criterio para que las víctimas nunca lograran compensarla, de modo que debían trabajar aún más para satisfacerla.

El hombre los sometía a “condiciones abusivas, rozando la semiesclavitud”. Así, debían trabajar 13 horas diarias, de lunes a domingo, sin descanso, vacaciones o días libres. Estas cuadrillas se encontraban sin contrato, en situación irregular, sin derecho alguno ni sueldo, pues las ganancias generadas iban para paliar esa supuesta deuda. “Tan solo recibían pequeñas cantidades económicas para comprar alimentos”, detalla la Policía, y además eran “alojados y hacinados en condiciones de insalubridad en una vivienda, disponiendo de camas comunes para los niños y obligando a los adultos a pernoctar en el suelo”.

Tras ese primer grupo que informó sobre esta realidad, otro también hizo saber sus condiciones a las autoridades. A estos, además de someterlos a las mismas precariedades, les arrebató la documentación para dominarlos aún más. Las pesquisas sirvieron para dar con más personas de origen rumano, explotadas por ese compatriota, quien se lucraba notablemente de este escenario porque “el beneficio personal se elevaba exponencialmente al reducir los gastos y costes derivados de contratar trabajadores cumpliendo lo estipulado en la legislación laboral vigente”. Una vez detenido, ha pasado a disposición judicial y se encuentra en libertad con cargos.

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