El Gobierno deja en el 30% la subida de la tasa a las eléctricas por los residuos radioactivos

La llamada tasa Enresa, la que abonan las compañías eléctricas que operan las centras nucleares en España, sufrirá finalmente un aumento del 30%, 10 puntos porcentuales menos de lo previsto hace unos meses. Así lo ha avanzado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, este miércoles, el mismo día en que el Ejecutivo ha sacado a consulta pública el decreto que actualizará ese pago. La cifra queda, sin embargo, lejos del 20% de aumento máximo que reclamaban las cuatro empresas gravadas: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, las que operan las centrales atómicas españolas.

El ministerio achaca este menor aumento a dos factores: la moderación de la inflación, con un IPC notablemente más contenido que cuando hizo el cálculo inicial, y la evolución —mejor de lo previsto— del fondo de Enresa, que a cierre de 2023 contaba con más de 8.000 millones, más de lo anticipado. Los costes previstos de gestión de los residuos, en cambio, se mantienen.

La tasa quedará finalmente en 10,36 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 11,14 euros contemplados en un principio. Esa propuesta inicial acabó siendo retirada por las alegaciones del sector. “Hemos hecho un esfuerzo grande y hemos sido beneficiarios de la gestión de Enresa”, ha afirmado Ribera en un desayuno organizado por Europa Press, en el que también ha defendido el modelo español de gestión de residuos, que ve más eficiente que el de otros países del entorno, como Francia.

De la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las centrales nucleares en España se encarga la empresa pública Enresa. Y para realizar esa gestión se nutre de las tasas que pagan las propietarias de las centrales para hacerse cargo de esos desechos durante este siglo. Para el caso de los residuos de muy baja, baja y media actividad, existe un almacén para guardar esos desechos en el norte de la provincia de Córdoba, El Cabril. El problema está con los residuos de alta actividad, para los que no hay unas instalaciones similares.

Durante años, y con Gobiernos del PP y del PSOE, la apuesta había sido la construcción de un almacén temporal centralizado, que se construiría en Villar de Cañas, en Cuenca. Pero la oposición del Gobierno de Castilla-La Mancha, del PSOE, a que allí se guardarán los desechos de todas las centrales del país hizo que el proyecto se enterrara.

Durante la pasada legislatura, el Gobierno inició un proceso de consulta con las comunidades autónomas para la elaboración del séptimo plan de residuos radiactivos, donde se le debía dar una solución a esos residuos de alta actividad (principalmente el combustible gastado de las centrales) que ahora guarda cada central nuclear en sus instalaciones. Pero ninguna autonomía se mostró dispuesta a acoger todos los desechos del resto.

La solución adoptada fue finalmente la construcción de siete almacenes temporales, uno en cada una de las centrales nucleares. Y esto supondrá un incremento de alrededor de 2.100 millones de euros en la gestión de estos desechos en las próximas décadas. Esos siete almacenes serán una solución temporal, se supone que a partir de la década de los setenta existirá un almacén geológico profundo para guardar esos desechos, que mantienen su peligrosidad durante miles de años.

Quejas de las eléctricas

Las eléctricas afectadas alegaban que cualquier incremento superior al 20% incumplía el protocolo firmado en 2019 entre el Gobierno y las empresas en el que se fijó el calendario de cierre de todas las centrales. El Ejecutivo, en cambio, alega que la subida del 30% propuesta ahora no está fuera de aquel pacto. “La limitación del 20% que este recoge se refiere al primer borrador que salió a audiencia pública en marzo de 2020, sobre el valor de la tasa en el momento de la firma del protocolo, un año antes, en marzo de 2019″, argumenta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Ejecutivo alega, además, que la subida propuesta ahora es inferior en casi tres euros de lo que recomendaba la comisión de expertos constituida en 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP): 13,51 euros por MWh con una esperanza de vida de las centrales de 40 años.

Ribera ha aprovechado el acto celebrado este miércoles en Madrid para defender los planes de cierre de las nucleares, que fija 2035 como fecha final de operación de los reactores. “Es un muy buen calendario. Para España, para los españoles, para los propietarios de las centrales, para el sistema eléctrico y para los profesionales del sector”, ha subrayado. Las centrales atómicas, ha añadido, están en una posición “incómoda” ante la “mayor generación renovable a precio mucho más bajo, que le impide cubrir costes. (...) El mantra que durante mucho tiempo existió de que la nuclear es la más barata... Ya no es verdad”.

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