El presidente de una comunidad de vecinos malagueña cobra más que un ministro

Con 20 grados a media tarde de febrero y a pocos metros de la playa, el parque alrededor de la vieja torre vigía de Guadalmansa, en Estepona (Málaga), es un oasis. En el horizonte se ve Gibraltar y se intuyen las montañas de Marruecos. El paisaje incluye una chica que practica yoga, un grupo de niños que persigue un balón y varios adultos reunidos para que sus perros jueguen. También hay bancos para sentarse a leer junto a charcas donde croan las ranas. “Es un sitio increíble”, confirma el británico Rob Greenhouse, mientras pasea por la zona. Parece un paraíso, pero basta preguntar a quienes pasean por allí para que aparezcan turbulencias. A espaldas de los jardines se levanta la urbanización Torre Bermeja, compuesta por 109 pisos de lujo repartidos en pequeños edificios ocres de tejados a dos aguas y pérgolas ajardinadas. Una fortaleza donde existe un gran conflicto entre los vecinos y el presidente de la comunidad de propietarios, Stephen Hills, cuyo salario asciende desde el pasado verano a 86.724 euros anuales. “¡Vaya locura!”, añade Greenhouse, cuyo rostro refleja una mezcla de estupor e indignación.

Fue una vecina de nacionalidad noruega y recién llegada a la urbanización, quien se puso en contacto con el abogado David Valadez, exalcalde de Estepona, para contarle lo que ocurría. Había denunciado a nivel interno el salario que tenía entonces el presidente, de 84.250 euros y, como los vecinos no la escuchaban, quiso poner el caso en manos del letrado. Lo hizo cuando le llegó la propuesta para los puntos a tratar en la junta general de la comunidad, que incluía el presupuesto para 2023. Ahí se podía leer que el salario del encargado de la urbanización subiría hasta los 86.274 euros. Es decir, más que un ministro y apenas mil euros menos que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Las cuentas también preveían que se le condonarían los 9.520 euros de cuota a la comunidad.

Valadez acudió en representación de la vecina a la junta —en la que participaron solo un puñado de personas— y votó en contra de esos números, que salieron adelante gracias a que Hills tiene, según explica el representante legal, el voto delegado de buena parte de los residentes. La mayoría solo acude a sus viviendas en vacaciones. “A saber cuántos años lleva cobrando tanto dinero”, se pregunta Valadez. La publicación local en inglés The olive press afirmaba en 2015 que Hills —al que presentaban como un interiorista jubilado— llevaba entonces 12 años como administrador y que cobraba un salario por su papel de CEO —director ejecutivo— de la urbanización, construida en 1997 bajo el diseño de los arquitectos Melvin y Pablo Villarroel.

“Acuerdos ilegales”

“Los acuerdos son, en nuestra opinión, claramente ilegales”, subraya Valadez. Lo razona con dos argumentos. El primero, que los estatutos de la comunidad de Torre Bermeja reflejan que “el cargo de presidente es gratuito”. El segundo, que se le trata de adjudicar el salario como “administrador gerente de la urbanización” cuando esa figura tampoco está contemplada en los estatutos, y “cuya creación jamás ha sido aprobada por la Comunidad de Propietarios”, según refleja la demanda. De hecho, el presupuesto incluye otros dos sueldos: 45.000 en el concepto “administración salario” y otros 17.250 euros para un administrador que se encarga de tareas como la contabilidad de la finca o la negociación con bancos y administraciones públicas. Los dos razonamientos están incluidos en la demanda presentada el pasado mes de septiembre, ya en manos del Juzgado de Instrucción 1 de Estepona, que admitió a trámite un caso que salió a la luz a principios de este mes tras una publicación de la Agencia Efe.

En el parque trasero a la urbanización, donde además de la torre árabe hay un yacimiento de origen fenicio, el tema es la comidilla de cada día entre los vecinos. La mayoría son británicos, aunque también se escucha hablar ruso. Pocos hablan español y el interés en entrar públicamente en la polémica es prácticamente nulo. Casi nadie quiere comentar la situación, prefieren pasar desapercibidos. En esta área el piso más barato cuesta 500.000 euros, la media supera el millón y medio y hay áticos que rozan los cinco millones, según muestra la web del portal inmobiliario Idealista. Los precios incluyen también asegurarse de que nadie les moleste: la urbanización es casi una fortaleza. Este periódico intentó el lunes hablar con algún responsable, pero fue imposible.

“Aquí vive gente muy rica, con mucho dinero”, confirma la iraní Iran Hajivand mientras practica estiramientos sobre dos esterillas junto a su compatriota Gholam Zand Lashany. Residentes habituales en Londres, han comprado un pequeño apartamento en la zona para las vacaciones. “Supongo que para quienes viven en esta urbanización pagar más o menos cantidad mensual para ese salario es irrelevante. La gente viene por temporadas, así que no les importa demasiado lo que ocurra el resto del año”, insiste Hajivand. “Lo único que les interesa es que, cuando lleguen, esté todo limpio, en orden y que no haya ningún problema con la seguridad”, añade Lashany.

Más allá del conflicto con el presidente, los vecinos de Torre Bermeja tienen otro frente judicial abierto. La urbanización forma parte, junto a otras cuatro cercanas —Cabo Bermejo, Las Náyades, Menara Beach y Salinas—, de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) Guadalmansa. Los residentes en los 500 inmuebles que engloban a todas ellas deben pagar una cuota a su comunidad y otra a la entidad urbanística, que se encarga del mantenimiento de todo el entorno público (calles, parques, señales...) porque el Consistorio no lo hace. Sin embargo, los de Torre Bermeja pagan ambas asignaciones a su comunidad, que no transfiere la parte correspondiente a la EUC, cuyo representante es también Valadez. “Ello ha generado que, a nivel legal, sean deudores”, explica el abogado, porque ese pago se asemeja, a todos los efectos, al IBI. El administrador de la EUC Guadalmansa, Óscar Caraballo, explica que han intentado notificar a los vecinos sus impagos, incluso con un notario. “No le dejaron ni entrar”, subraya. Para continuar con el procedimiento, no les ha quedado más remedio que publicar esas deudas —que en global ascienden a 250.000 euros— en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ya han aparecido una veintena y pronto lo harán el resto.

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