Trabajo y los agentes sociales negocian incluir los riesgos psicosociales en la prevención laboral

Combatir la siniestralidad laboral es uno de los objetivos primarios que comparten los agentes sociales. Aunque las muertes en el trabajo se redujeron en más de un centenar durante el último año, el número de accidentes con resultado de baja se mantiene todavía en registros muy elevados (cerca de los 600.000). Para abordar la forma de erradicar estas desgracias, Yolanda Díaz anunció en el Congreso la creación de una mesa de diálogo en la que se debatirían distintas soluciones en materia de prevención de riesgos laborales junto con sindicatos y patronales. Este lunes ha tenido lugar el primero de esos encuentros, que ha estado presidido por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y que se ha desarrollado en un clima de entendimiento, según los intervinientes, y dentro del objetivo de establecer un marco para la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, según fuentes ministeriales.

“La actual normativa en materia de prevención de riesgos laborales requiere una adecuación a las nuevas formas de trabajo con especial atención a la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los riesgos psicosociales —los relacionados con la organización del trabajo, su contenido y realización— o la exposición a determinadas sustancias químicas perjudiciales para la salud. También es necesario dotar de perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales”, señalan desde Trabajo.

“Entre otras cuestiones, se incorporará la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva, y se reforzará la protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos psicosociales. Se determinará la obligatoriedad de integrar la perspectiva de género en el plan de prevención, identificación y evaluación de riesgos y la vigilancia de la salud y también a los contenidos formativos. Además, la mesa tratará de avanzar en la mayor integración de la prevención de riesgos laborales en las pymes”, añaden.

“Hemos abordado con espíritu constructivo los temas que vamos a negociar, entre los que están los riesgos que suponen las distintas transformaciones que están por venir, como la digital o el impacto del cambio climático y el reto demográfico”, ha señalado Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de UGT. “Son muchos los apartados que tenemos que abordar para acabar con esta lacra”, ha remachado.

“Desde el Ministerio se nos ha planteado una hoja de ruta relacionada con tres bloques: el primero, dedicado a los riesgos psicosociales y temas derivados de problemas de salud mental; el segundo, referido a la perspectiva de género; y el tercero, dedicado a la organización y preventiva de los riesgos laborales en la empresa, especialmente centrada en las pymes”, ha reconocido Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral de CC OO. Trabajo se ha comprometido con los agentes sociales a elaborar un primer documento que aborde el primero de los bloques a tratar próximamente.

Menos mujeres

De acuerdo con los últimos registros oficiales del Ministerio de Trabajo, el número de accidentes con resultado de muerte se redujo en más de un centenar entre los meses de enero a noviembre del año pasado (106), en comparación con los registrados en el mismo periodo de 2022 (de 770 a 664). Menor rebaja —aunque también resaltable— hubo entre los de categoría leve durante la jornada de trabajo (de 507.773 a 498.822) y los graves (de 3.533 a 3.484). A pesar de esta caída generalizada de siniestros, más hombres se vieron afectados por ellos que en el ejercicio precedente dentro de esta categoría (3.076), focalizándose la caída en el colectivo de mujeres accidentadas, que se rebajó en un 7,7% (fueron 12.175 menos).

Por sectores, la industria manufacturera concentró el mayor número de incidentes en el puesto de trabajo, casi 90.000, seguida de la construcción, donde también se incrementó su número hasta cerca de 79.000. La contraparte tuvo lugar en las actividades sanitarias y de servicios sociales (40.000, 26.000 menos que en la anterior estadística), un mordisco que se explica tras la superación de la pandemia y de los estragos que el coronavirus provocó entre el personal sanitario.

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