Competencia cuestiona el tope máximo de viviendas turísticas en municipios de Cataluña

La normativa para frenar los apartamentos turísticos en Cataluña no cuenta con el apoyo de los reguladores. Si en diciembre fue la Autoridad Catalana de Competencia (ACCO) la que cuestionó los fundamentos de la ley, este miércoles ha sido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que le da un nuevo toque, al cuestionar la fijación de un umbral máximo de viviendas destinadas al turismo por habitante. El decreto aprobado en noviembre fijaba un máximo de 10 pisos con licencia por cada 100 habitantes, con autorizaciones limitadas a los cinco años en los 140 municipios con mayor tensión en el mercado residencial. A la práctica, su entrada en vigor genera un excedente de 28.000 apartamentos turísticos.

“Este tipo de medidas requieren un especial esfuerzo de motivación en términos de proporcionalidad y de adecuación”, señala la CNMC, basándose en un par de sentencias del Tribunal Supremo. El regulador presidido por Cani Fernández cuestiona también que ese tope no tiene tampoco en cuenta “las características” singulares de los municipios afectados. Ya en 2018 Competencia había defendido que la mejor fórmula de luchar contra el alojamiento turístico extrahotelero se encontraba en la fijación de una tasa que, por un lado, desincentivara su uso o, por lo contrario, aportara fondos que permitieran financiar el acceso a una vivienda permanente. Porque el principal objetivo del decreto catalán es luchar contra la ocupación con fines turísticos de viviendas ante la alarmante falta de oferta inmobiliaria para los residentes fijos que ha llevado a los precios a una escalada sin fin.

Los reguladores, tanto la ACCO como la CNMC, han denunciado la falta de “necesidad y proporcionalidad” en la normativa catalana, y en otras impulsadas en otras comunidades. En noviembre, justo después de la aprobación por parte del Gobierno catalán y antes de que el Parlament convalidara el texto, la ACCO la calificaba como “altamente restrictiva” y prejuzgaba una posible incapacidad para conseguir los objetivos fijados para facilitar el acceso a la vivienda.

El decreto catalán es un antes y un después en la regulación de los apartamentos turísticos. Se ha acabado la consecución de una licencia con una simple declaración responsable ante los organismos de Turismo y el pago de 300 euros. Ahora las autorizaciones se tienen que renovar a los cinco años y, sobre todo, su adjudicación es más compleja, aparejada a planes urbanísticos en 262 municipios donde se concentran el 92% de los apartamentos turísticos de Cataluña.

Dos divisiones

La normativa autonómica agrupa a los 262 municipios sujetos a la regulación en dos bloques. Por una parte, los 140 que tienen un mercado de vivienda tenso, donde se limita a 10 viviendas por cada 100 habitantes. Los otros 134 municipios, donde no se ha llegado a la situación de tensión pero existe el riesgo, el límite es de cinco pisos turísticos por cada 100 vecinos.

Los reguladores no están solos en las críticas. Las patronales de operadores de apartamentos turísticos mostró su rechazo a la norma, igual que alcaldes, sobre todo del PSC y de Junts, que consideran que el mecanismo del govern es excesivamente invasivo y puede poner en peligro el negocio turístico de sus municipios. Ante el interés de diferentes comunidades de regular el mismo problema, el Gobierno estudia una fórmula que permita unificar criterios.

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