El Gobierno explorará cambios en la Ley Hipotecaria para poner freno a los pisos turísticos

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado este miércoles en Barcelona que trabaja con el ministerio de Industria y tiene la intención de incorporar también a los de Economía y Hacienda para poner freno a la proliferación de pisos turísticos. La razón son las tensiones que la oferta turística está provocando tanto en grandes ciudades como en municipios pequeños donde los vecinos tienen problemas de acceso a la vivienda. Rodríguez se ha referido a la necesidad de “garantizar la función social” de la vivienda y ha explicado que explorará “ámbitos como la Ley Hipotecaria y la fiscalidad”, por lo que además de trabajar con el ministerio de Industria y Turismo, “deben entrar otros como Economía o Hacienda”. Rodríguez no ha precisado en qué consistirá el cambio en la Ley Hipotecaria.

“Hemos visto cmo ya se han producido pronunciamientos de tribunales sobre la gestión de las viviendas para uso turístico que no tienen que ver con su uso social sino económico”, ha manifestado la ministra, quien ha señalado su “voluntad de acompañar a las ministraciones locales o autonómicas con la finalidad de que la vivienda tenga un uso social”. Ante los problemas que numerosos enclaves turísticos sufren con el fenómeno, la ministra ya anunció que creaba un grupo de trabajo para “ordenar” el alquiler turístico en diciembre pasado. Las sentencias a las que se refería Rodríguez son de la sala de lo civil del Tribunal Supremo, que avalaba el veto de los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios que prohíben en sus estatutos utilizar pisos con finalidad económica.

La ministra se ha dirigido a la prensa antes de su primer despacho institucional con el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, con quien ha mostrado plena sintonía. También ha celebrado de forma muy explícita el trabajo en materia de vivienda de la Generalitat, que acaba de aprobar un decreto que prevé reducir la cifra de viviendas turísticas en 28.000. El texto prevé que los Ayuntamientos redacten planes urbanísticos fijando cuántos pisos turísticos pueden admitir, y al que dio su apoyo el PSC a cambio de que se tramite como proyecto de ley, para que los partidos puedan hacer aportaciones.

En sus seis primeros meses en el cargo, el alcalde Jaume Collboni ha mostrado firmeza con los pisos turísticos ilegales (con multas récord) y también ha manifestado su intención de reducir “sustancialmente” la oferta en Barcelona. “Cuando tengamos el control [con la futura ley aprobada] la reducción en la ciudad será sustancial y muy sustancial en el centro de la ciudad, en barrios de Ciutat Vella como el Gòtic”. “Las viviendas son para vivir”, ha manifestado el alcalde, que ha resaltado la “sintonía total con el Gobierno de España y con el de la Generalitat en defender el uso de la vivienda como tal en la ciudad, regular el alquiler en las zonas tensionadas y promover la vivienda asequible por todos los medios”.