Cabify España perdió 4,9 millones en 2022 por la mayor inversión

Cabify, la plataforma de servicios de vehículo de transporte con conductor (VTC), registró unas pérdidas de 4,9 millones de euros en 2022 en España, frente a los 346.000 euros del año anterior, según se refleja en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de las tres sociedades que operan en el país. Cabify España, que opera el negocio de la compañía en A Coruña, Santander, Madrid, Sevilla, Málaga, Marbella y Murcia, registró unos números rojos de 5,85 millones, mientras que Miurchi (negocio en Valencia, Alicante y Zaragoza) ganó 571.000 euros y Prestige & Limousine (servicios en Barcelona y también el de flota propia en Madrid y la Ciudad Condal) registró un resultado positivo de 315.000.

La plataforma obtuvo unos ingresos de 199,5 millones de euros en su ejercicio 2022 en España, aumentando su cifra de negocio en un 27,5% en comparación con el año precedente. El resultado bruto de explotación en esos doce meses fue de 11,5 millones un 9,4% menos que lo registrado en 2021. El resultado de explotación neto fue negativo con unos números rojos de 2,48 millones

El crecimiento de los ingresos de Cabify así como de las pérdidas de la sociedad principal se corresponde con un mayor nivel de inversión en el mercado nacional en este periodo. Con el repunte de las ventas, la compañía deja atrás el impacto producido por la pandemia en las cifras de los años 2020 y 2021, cuando la emergencia sanitaria supuso un empeoramiento del negocio de la movilidad, según un comunicado de la compañía.

Los resultados del ejercicio 2022 señalan también un incremento de hasta un 50% en la contribución fiscal de la compañía de movilidad. Tras este aumento, la cifra de los impuestos pagados por Cabify alcanzó los 21,6 millones, el dato más alto alcanzado por la empresa desde su creación en 2011. La compañía destaca además que en los últimos cuatro ejercicios ha pagado 96 millones en impuestos en todo el mundo, 57 de ellos en España.

En 2022, venció la moratoria del conocido como decreto Ábalos, aprobado en 2018, que daba cuatro años a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que desarrollaran su propia regulación para las VTC, y durante ese tiempo estas podían seguir operando para recuperar sus inversiones. Las patronales del sector Unauto VTC y Feneval pidieron una prórroga de dos años pero el Gobierno no accedió. Cabify, a través de su filial Vector Ronda, pidió una indemnización por las pérdidas ocasionadas por el decreto Ábalos en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, pero el Tribunal Supremo desestimó el recurso en agosto de 2023.

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