La lucha judicial de cinco ingenieras de Valencia para que en su colegio haya una comisión de la mujer: "Nos invisibilizan y diluyen"

Cinco ingenieras de Valencia han emprendido una lucha judicial para que la demarcación de la Comunidad Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos tenga una "comisión de igualdad, mujer e ingeniería". El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valencia acaba de admitir a trámite su recurso después de que la institución rechazara la petición de una veintena de colegiadas para crearla. Aunque la comisión ya existía desde 2020, tras las elecciones del año pasado a los órganos de gestión territorial del colegio, la nueva junta rectora, liderada por Javier Machí, acometió una "reorganización". Fruto de la misma, la “comisión de igualdad, mujer e ingeniería” fue cancelada y pasó a englobarse en la “comisión de defensa de la profesión, empleo de calidad e igualdad de oportunidades”, con objetivos muy diversos, según detalla la web de la institución.

Como resultado, la veintena de colegiadas le pidió a la nueva junta la constitución de la comisión de la mujer previamente cancelada, a lo que ésta se opuso. Sin embargo, como consta en una respuesta del colegio, tras las quejas, “y a la vista del sentir” que también le habían trasladado un “número elevado” de colegiados”, decidió “reformular su carácter y funcionamiento”, dirigiendo los asuntos relacionados con las mujeres en la ingeniería a una línea de trabajo, cuyos objetivos, a día de hoy, están “en construcción”, según la web del colegio.

Una remodelación que, a juicio de una de las recurrentes, la ex vicedecana Junco Riera, que compitió con el decano Machí en las elecciones, “diluye e invisibiliza a las mujeres en el ejercicio de una profesión tan masculinizada como la ingeniería. Si la comisión de la mujer no hubiera existido, hasta podríamos ver la línea de trabajo como un avance, pero es que se han cargado la comisión, y eso es un retroceso”. Bajo el paraguas de la “igualdad de oportunidades” caben “miles de cosas”, denuncia. “Incluso han eliminado la palabra mujer”.

Aunque la junta rectora invitó a la veintena de personas “a participar de forma activa” en la línea de trabajo, éstas se opusieron al entender que, como fue creada después de la petición para constituir la comisión de la mujer, el ofrecimiento respondía a una argucia para denegarla bajo el argumento de la “duplicidad” de funciones. “La junta rectora ha fabricado una razón ad hoc”, sostiene Riera.

La línea de trabajo

A nivel jerárquico, las líneas de trabajo tienen menos importancia que las comisiones y suelen establecerse para tratar temas puntuales o concretos. De hecho, la creada por la junta rectora tiene que reportar “a la comisión general” de defensa de la profesión, empleo de calidad e igualdad de oportunidades, que se desdobla en otras dos líneas de trabajo: función pública y empleo de calidad.

En menos de dos años, y con la pandemia de por medio, la extinta “comisión de igualdad, mujer e ingeniería” realizó “aportaciones al proyecto de la nueva ley de igualdad de la Comunidad Valenciana, con asistencia de varias de las componentes de la comisión a los grupos de trabajo convocados por la Generalitat a tal efecto; solicitó en reiteradas ocasiones el cambio de denominación del colegio, pasando de “colegio de ingenieros” a “colegio de la ingeniería”; se reunió con la Unión de Periodistas Valencianos para promover la presencia de ingenieras en las piezas informativas o desarrolló campañas en materia de igualdad”, dice Riera. “El colegio tiene que defender la igualdad entre hombres y mujeres. En la Comunidad Valenciana solo somos el 14,72% del total de colegiados. Las mujeres nos enfrentamos a situaciones discriminatorias” por el mero hecho de ser mujeres, como diferencias salariales por el mismo trabajo.

Los argumentos del colegio

Consultada por este diario, la demarcación de la Comunidad Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos destaca, entre las acciones desarrolladas en un año por la polémica línea de trabajo sobre la mujer, “varias intervenciones en programas de radio, mesas redondas, reuniones intercolegiales, participación en la cátedra STEAM de la Universidad Politécnica de Valencia y una exposición fotográfica para destacar el liderazgo y el trabajo” de las ingenieras.

“La actual junta rectora decidió, por unanimidad, reorganizar todas las comisiones que estaban en marcha hasta el momento de su toma de posesión” por tratarse de “una de las propuestas que se recogieron en su programa electoral y que fueron apoyadas por una amplia mayoría de las personas colegiadas”, argumenta.

“Queremos aclarar que la organización de la comisión de defensa de la profesión, empleo de calidad e igualdad de oportunidades responde a la intención de buscar una mejor transversalidad y participación. Esta junta rectora entiende que no puede haber un empleo de calidad o una defensa de la profesión sin la igualdad de oportunidades para todas las personas colegiadas, ya sea por razones de género, capacidades, funcionalidades, edad, religión o cultura. Defender la diversidad, la igualdad y la equidad, sin discriminación de ningún tipo, fue uno de los motivos principales por los que se ampliaron los alcances de la comisión de la anterior junta, con la intención de garantizar una mayor inclusión de las personas, y adaptar nuestra institución a las necesidades y demandas de la sociedad actual. La transversalidad no sólo afecta a la comisión de defensa de la profesión, empleo de calidad, igualdad de oportunidades e internacionalización, también a otras comisiones, como, por ejemplo, la de agua, medio ambiente y cambio climático”.

El recurso

Actualmente, la pelota está en manos de la justicia, que tiene que determinar si la supresión de la comisión de igualdad, mujer e ingeniería fue ajustada a Derecho o no. Desde la demarcación de la Comunidad Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos explican a este diario que, en primer lugar, “alegarán la falta de competencia” del juzgado para conocer los hechos. “La creación de instancias consultivas de los órganos colegiales, como una comisión, no es una función pública sometida al derecho administrativo ni, por tanto, recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa”, sostiene. “La dirección jurídica del colegio no apreció en la decisión de la junta rectora ninguna ilegalidad ni incumplimiento de la normativa colegial”.

Por el contrario, Isaac Guijarro, director jurídico de Olympe Abogados, que defiende a las recurrentes, sostiene que la cancelación de la comisión sí es un acto sujeto a derecho administrativo. “Si fuera como dice la demarcación, el juzgado no hubiera admitido el recurso. Que lo haya admitido a trámite nos da esperanzas”. El letrado defiende que “está en juego la invisibilización de las mujeres en la ingeniería". Y agrega: "Espero que el juzgado nos dé la razón y permita que se cree la comisión y que ellas puedan seguir haciendo el trabajo de promoción de la mujer. Pasar de una comisión a una línea de trabajo es una degradación terrible”.