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España reduce la ambición de la propuesta presupuestaria europea de Von der Leyen para salvar un acuerdo

Una nueva iniciativa confidencial de la presidencia española deja casi en la mitad la aportación nueva de los Estados miembros

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP28) celebrada en Dubái, el viernes.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP28) celebrada en Dubái, el viernes.Fernando Calvo (EFE/Moncloa)

Abrir la hucha es difícil y más en un contexto de crisis repetidas, turbulencias geopolíticas e incertidumbre. La mayoría de los Estados miembros se niega a poner dinero fresco en las arcas comunes de la Unión Europea para afrontar las nuevas prioridades del continente, como reclama la Comisión Europea. Tras semanas de duras y tensas negociaciones, España, que preside este semestre el Consejo de la UE y que coordina la posición común de los socios, ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta que da un tijeretazo al plan de la Comisión para la revisión del marco financiero plurianual. Un mordisco que recorta su ambición. El nuevo marco negociador, enviado a los Estados miembros este fin de semana, mantiene una partida intacta de todas las nuevas prioridades esbozadas por el Ejecutivo comunitario liderado por Ursula von der Leyen: un nuevo instrumento de 50.000 millones en cuatro años para Ucrania, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El documento confidencial español rebaja la propuesta de la derrama de la Comisión Europea de 98.800 millones de euros a 84.000 millones. Además, el marco negociador reduce la aportación nueva de los Estados miembros de 65.800 millones de euros que reclamaba Von der Leyen a casi la mitad (36.000 millones), gracias a la desviación de otras partidas comunitarias. El plan, que deben debatir los socios antes de la reunión clave de jefes de Estado y de Gobierno del 14 y 15 de diciembre, es una fórmula que combina el tijeretazo en la propuesta de la Comisión y la búsqueda de fondos hasta debajo de los cojines del Ejecutivo comunitario para recolocarlos.

España plantea recortar las ambiciones de la Comisión en las nuevas partidas destinadas a inmigración y reduce la ayuda nueva a Turquía para acogida de refugiados, la destinada a los solicitantes de asilo sirios en Oriente Próximo y para los Balcanes (en cambio aumenta los fondos previstos para apoyar los nuevos desafíos derivados de la ruta del sur). El documento, consultado por este diario, señala que los fondos de cohesión se pueden usar y recolocar “potencialmente” también para inmigración e invita a explorar mayores flexibilidades para reforzar una partida clave para la mayoría de los miembros de la UE

Además, después de los reclamos de los Estados miembros, que en la última reunión hablaron de un recorte de al menos 13.000 millones de euros a las aspiraciones de la Comisión (un 20%), la presidencia del Consejo de la UE propone ahora un mordisco a las inversiones tecnológicas, en el fondo de defensa y eliminar también el dinero adicional que pedía el Ejecutivo comunitario para gastos de Administración, entre otras cosas. En total 14.800 millones de euros de tijeretazo en las aspiraciones de nuevos fondos de Bruselas. La idea es que lo que se pueda rascar de otras partidas (como Horizonte Europa) que ya existían se derive con más “flexibilidad” a esas nuevas prioridades como inmigración o competitividad, según el documento, que contiene una serie de tablas con los distintos escenarios y opciones.

Para los Estados miembros más frugales, como Países Bajos, Suecia, Alemania o Finlandia, la propuesta es un paso adelante, pero no es del todo satisfactoria. No quieren poner ni un euro nuevo, excepto para el nuevo instrumento que serviría para mantener a flote a Ucrania, que se mantiene en 50.000 millones (33.000 millones en préstamos y 17.000 millones en subvenciones) como propuso en junio Ursula von der Leyen. De hecho, Alemania asegura que no hay discusión posible y alega que tiene muy poco margen después de una sentencia de su Tribunal Constitucional, que ha determinado que recolocar fondos de deuda no usada durante la pandemia en un fondo del clima es ilegal, lo que le obliga a buscar otras vías de financiación.

Algunos socios han exigido a España que tenga en cuenta todo el presupuesto comunitario (unos 160.000 millones de euros al año) para sacar dinero que destinar a las nuevas partidas. Y exigen que rasque dinero de los fondos destinados a la Política Agrícola Común (PAC) o de los Fondos de Cohesión y lo reubique en las nuevas prioridades para una Unión Europea con una guerra en su continente, que todavía no se ha recuperado del todo del golpe de la pandemia, que tiene nuevos retos relacionados con los flujos migratorios y nuevos gastos derivados de la inflación y el aumento de los intereses.

El comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el 21 de noviembre.
El comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el 21 de noviembre.RONALD WITTEK (EFE)

Pero para España y para otros Estados miembros que son beneficiarios de esas partidas que suponen los mayores capítulos de las cuentas (alrededor de dos tercios), tocarlas es una línea roja, como se destacó en la propuesta anterior, que adelantó EL PAÍS. A ello también se opone la Comisión Europea, que insiste en que los fondos de cohesión y la PAC ya están comprometidos. Esa línea roja ha derivado, no obstante, en que algunos de los frugales hayan acusado a la presidencia española —que cederá el testigo a Bélgica en enero— de no ser un negociador neutral o intermediario honesto.

El debate es cada vez más tenso. No hay una fecha límite para esa revisión del marco presupuestario plurianual de unos 100.000 millones de euros a sumar a los dos billones de euros —incluyendo el fondo de recuperación— del marco actual (2021-2024) que propuso la Comisión en junio. Algunos socios han aventurado que la cumbre de diciembre —una reunión estratégica en la que se debatirá si abrir negociaciones con Ucrania para la adhesión a la UE y se esperan otros asuntos sustanciales como el pacto de estabilidad— podría acabar sin acuerdo presupuestario. Varios han amagado, incluso, con apostar por seguir con el marco actual hasta que se acabe el dinero.

Dinero para mantener a flote Ucrania

Cuando la guerra de Rusia contra Ucrania se acerca a su segundo aniversario, la batalla se enquista y la moral empieza a flaquear, algunos socios manejan un plan B presupuestario para que no todo sea un completo fracaso: sacar la partida de 50.000 millones solicitada para Ucrania de la revisión del marco financiero y construirla con otra fórmula. Pero ni siquiera eso está garantizado. La mayoría de los Estados miembros acepta poner dinero nuevo para sufragar los 17.000 millones de euros en subvenciones que (combinadas con los préstamos) ayudaría a mantener a flote a Kiev, pero Hungría, liderada por el ultraconservador Viktor Orbán, se opone. Orbán, con fuertes vínculos con Rusia y su presidente, Vladímir Putin, ha llegado a proponer que se replantee toda la estrategia para Ucrania. Mientras, los Estados miembros han iniciado una ofensiva diplomática para tratar de vencer la resistencia de Budapest e incluso el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, viajó a Hungría la semana pasada para tratar el asunto.

Charles Michel y Viktor Orbán
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, en Budapest el 27 de noviembre. Zoltan Fischer / HANDOUT (EFE)

La receta española mantiene intacta esa partida prevista por la Comisión para Ucrania y que es clave para el país invadido, aunque algunos socios creen que otra opción seria jugar con el balance entre préstamos y subvenciones. Además, España menciona como una opción a medio plazo los fondos que surgirán de los ingresos extraordinarios derivados de los activos congelados estatales rusos que, según el documento, “se deducirán de la ayuda no reembolsable pactada”. Fondos que estima en entre 15.000 millones de euros y 17.000 millones.

Es un tema complejo. El Ejecutivo comunitario ha prometido que forjará una propuesta para poder emplear esos beneficios y se prevé que lo haga justo antes de la cumbre de diciembre, pero los Estados miembros tienen posiciones divergentes del asunto: algunos creen que esa fórmula es legalmente muy complicada y que pondría el peligro el papel del euro como moneda segura y la reputación de la UE —como ha advertido el Banco Central Europeo—, otros creen que es una opción no solo viable sino deseable que sea Rusia, a través de esos activos inmovilizados de su banco estatal, quien pague por la reconstrucción.


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Sobre la firma

María R. Sahuquillo
Es jefa de la delegación de Bruselas. Antes, en Moscú, desde donde se ocupó de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y el resto del espacio post-soviético. Sigue pendiente de la guerra en Ucrania, que ha cubierto desde el inicio. Ha desarrollado casi toda su carrera en EL PAÍS. Además de temas internacionales está especializada en igualdad y sanidad.
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