Calviño busca un pacto ‘in extremis’ sobre las reglas fiscales antes de acabar la presidencia española

El calendario aprieta y presiona para que haya, al menos, un acuerdo político entre los Veintisiete sobre la reforma de las reglas fiscales antes de acabar el año, es decir, durante la presidencia española del Consejo de la UE. Las negociaciones van bastante más lentas de lo esperado: ya en octubre, los ministros de Finanzas deberían haber debatido en el consejo (Ecofin) sobre textos legales y aún no lo han hecho. “Hacen falta dos Ecofin todavía. Puede haber uno [extraordinario] a finales de este mes”, ha señalado la vicepresidenta primera española y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, responsable de coordinar las conversaciones y para quien lograr el pacto antes de fin de año sería un verdadero logro. Lo ha hecho después de que los dos grandes países de la UE, Francia y Alemania, muy distanciados hasta ahora en este asunto, empiecen a converger en sus posiciones después de ver la última propuesta española sobre las líneas generales del acuerdo y mantener reuniones bilaterales.

Para España, el resultado de la reunión de este jueves es un alivio y un paso adelante en uno de los grandes asuntos de su Presidencia semestral del Consejo de la UE, junto con la reforma del mercado eléctrico, la revisión del marco financiero plurianual o las diferentes regulaciones del pacto migratorio. “Hoy vemos que hay acuerdo en los elementos y mecanismos esenciales de las nuevas reglas fiscales, en la necesidad de tener disciplina fiscal, pero también los incentivos adecuados para reformas e inversiones”, ha apuntado Calviño al final de la reunión. En concreto, los ministros han aceptado la estructura de acuerdo que plantea la presidencia y puede dar el siguiente paso.

En ese armazón, ya asoman con claridad los elementos más importantes que reclamaba Berlín: objetivos numéricos comunes de deuda y déficit para todos los Estados miembro. Pero también los que demanda París: flexibilidad para que haya hueco en los presupuestos para la inversión pública para las transiciones digital y verde pese a los ajustes. “La presidencia española ha hecho unas propuestas que son buenas y constituyen la base de un acuerdo”, ha señalado el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, al llegar a la reunión de este jueves. “Hemos logrado avances significativos en temas que eran importantes para nosotros”, ha apuntado su homólogo alemán, Christian Lindner.

El pasado lunes, ambos ministros se reunieron en París. Volverán a hacerlo en Berlín este mismo mes. Lo ha anunciado el francés en la entrada de la reunión. “Iré a Berlín en los próximos días para seguir avanzando hacia un acuerdo franco-alemán sobre estas nuevas normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento [nombre oficial de las reglas fiscales”, ha afirmado Con estos movimientos, Lindner y Le Maire cumplen con su compromiso de negociar “mano a mano” la reforma vista la distancia que los separaba.

Propuesta de la Comisión

En esa reunión, como en todas las que habrá a partir de ahora, tendrán que despejarse las incógnitas que todavía quedan: los números y objetivos comunes a todos los países. La reforma de reglas fiscales que planteó la Comisión parte de una arquitectura básica: planes individualizados de ajuste fiscal de cuatro años para que los países con una deuda pública superior al 60% de su PIB la reduzcan. Para eso, Bruselas calcularía un índice de sostenibilidad de deuda a partir del cual daría al Estado una regla por la que el gasto público descontando el pago de intereses y elementos coyunturales como una parte del seguro de desempleo no podrá superar a los ingresos. Desde este punto de partida, negociaría con el Estado concernido cómo cumplir con esa regla de gasto y los ajustes necesarios para reducir la deuda dejando la opción de que el plan pueda alargarse tres años si el Gobierno de turno se compromete a hacer reformas e inversiones.

Este planteamiento, casi un traje a medida para cada Estado, no gustaba a Alemania que lleva desde el principio. Berlín reclamaba que, independientemente de la existencia de estos planes individuales, se fijasen objetivos numéricos de déficit y deuda para todos. España ha ido haciéndole hueco, entre otras cosas porque Berlín ha jugado más de una vez con la idea de que si no se atendía parte de sus demandas era mejor volver a las normas actuales —suspendidas durante la pandemia y de imposible cumplimiento para los países con pasivos más abultados—. En el planteamiento que ha puesto sobre la mesa la presidencia del Consejo, es decir, Calviño, hay elementos como un objetivo de déficit por debajo del 3% (límite actual del tratado) una vez los países acaben sus planes ajuste. ¿Cuál? Esa es una de las X a despejar en las próximas semanas y que separan ahora a Lindner y Le Maire: uno, el alemán, lo quiere lo más próximo a cero posible; el otro, lo contrario.

Por el lado francés, el que busca dar aire a la inversión, hay que ver la concesión en un semiautomatismo en la primera ronda de sendas de ajustes. La propuesta española habla de que “los compromisos del Plan de Recuperación y Resiliencia se considerarán condición suficiente para la extensión” de los programas hasta los siete años. El fondo de recuperación Next Generation EU, creado para salir de la crisis provocada por la pandemia, exigía a los Estados que elaboraran un plan en el que se comprometían a hacer reformas e invertir a cambio de entregarles una cantidad de dinero. Al tenerse en cuenta esto, la extensión sería mucho más fácil.

Que este jueves se haya dado un paso adelante en la negociación no supone que haya garantizado un acuerdo dentro de este año. Italia, por ejemplo, está en contra de las exigencias alemanas sobre el déficit. Este país tiene la segunda deuda más abultada de la UE, un 144% del PIB, y reclama más margen. También Portugal tiene sus reservas. Esto, más las X de los objetivos numéricos comunes, son los retos a los que se tiene que enfrentar Calviño para poder remachar, al menos, la parte del acuerdo político entre los Estados este año.

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