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España plantea una reforma de las reglas fiscales a medio camino entre la dureza de Berlín y la flexibilidad de París

La última propuesta de la presidencia propone un aterrizaje suave de las ajustes presupuestarios en la UE para reducir el déficit público

Desde la izquierda; el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos;  el comisario Paolo Gentiloni (de espaldas); Nadia Calviño; el presidente del BEI, Werner Hoyer; el ministro maltés de Finanzas, Clyde Caruana; y el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en julio en Bruselas.
Desde la izquierda; el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos; el comisario Paolo Gentiloni (de espaldas); Nadia Calviño; el presidente del BEI, Werner Hoyer; el ministro maltés de Finanzas, Clyde Caruana; y el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en julio en Bruselas.Thierry Monasse (Getty Images)
Manuel V. Gómez

Poco a poco, y a un ritmo más lento de lo previsto, la reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea se va armando entre las posiciones más encontradas: la alemana y la francesa. España, como país que ostenta este semestre la presidencia del Consejo de la UE y responsable de forjar un acuerdo, ha planteado que inicialmente se tengan en cuenta los esfuerzos desplegados con los planes de recuperación de 2025 y 2026. Traducción: la propuesta del Gobierno español aboga por un aterrizaje suave de las nuevas reglas sobre los presupuestos. Eso sí, se mantiene la estructura básica planteada la pasada primavera por la Comisión Europea: planes de ajuste de cuatro años de duración, ampliables hasta siete años, para los países más endeudados si se comprometen a hacer reformas e inversiones.

El documento sobre el que discutirán los ministros de Finanzas este jueves, al que ha tenido acceso EL PAÍS, empieza con las reclamaciones de Berlín. El primer punto del texto elaborado por el equipo que dirige la vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, despliega los objetivos numéricos comunes en los ajustes presupuestarios para todos los países. Se plantea que las obligaciones de cada país al final del plan de ajuste terminen por debajo de la ratio de deuda sobre PIB que había al inicio de la puesta en marcha del programa negociado. El ministro alemán del ramo, Christian Lindner, planteó en abril que esa reducción debía ser de un punto porcentual sobre la ratio de deuda sobre PIB en los países con mayores pasivos (Grecia, Italia, Francia, España, Portugal y Bélgica), una propuesta que le granjeó críticas desde la Comisión hasta la comunidad académica.

También se hace hincapié en el documento en que el déficit anual de los Estados debe estar por debajo de la barrera del 3%, especialmente cuando la senda de ajuste de la deuda ya esté encaminada. Hasta en cuatro ocasiones se menciona este punto en el documento, fechado el pasado 3 de noviembre. Y, por último, está la exigencia de que las reformas y los ajustes de esos planes de consolidación que los Estados pacten con la Comisión Europea —y reciban el visto bueno del Consejo de la UE— no puedan dejarse para el final: si hay una ampliación de cuatro a siete años, en ese primer tramo temporal ya debe haberse hecho una parte del esfuerzo.

Retos e inversiones

Y es a aquí donde empiezan a verse los guiños a la otra parte: a Francia, a Italia y a otros países que piden flexibilidad en las normas para que la rebaja de la deuda se pueda conjugar con la necesaria inversión pública en las transiciones digital y verde y en el ámbito de la defensa ante los retos geopolíticos. Eso se aprecia en la propuesta en que, en las primeras rondas de los planes de ajuste, “como una solución transitoria, los compromisos de recuperación y resiliencia se considerarán suficientes para completar las condiciones para la extensión” hasta los siete años. Es una especie de “ampliación automática”, como explica el negociador jefe de uno de los países más implicados.

El fondo de recuperación Next Generation EU, creado para salir de la crisis provocada por la pandemia, exigía a los Estados que elaboraran un plan en el que se comprometían a hacer reformas e invertir a cambio de entregarles una cantidad de dinero, unos 180.000 millones de euros en el caso español, entre subvenciones y créditos. Todo debía estar acabado antes de finalizar 2026. Lo que plantea España es tener en cuenta esos compromisos en la primera ronda de las sendas de ajuste para extenderlas hasta los siete años, lo que haría mucho más fácil su extensión, puesto que buena parte del trabajo estaría hecho.

Gasto en Defensa

Otro punto es el que se abre a dar un tratamiento especial al aumento del gasto en Defensa en los presupuestos públicos. El gasto destinado a esa partida, si es causante de que el déficit anual supere el 3%, se consideraría una especie de atenuante si la Comisión planteara abrir un expediente sancionador por déficit excesivo. En este caso, se recogen las inquietudes de Italia y en especial de los países del Este, que han disparado esta partida tras la invasión de Ucrania.

En esta última propuesta de acercamiento española se mantienen otros elementos de la primera, adelantada por este diario a comienzos de octubre, como darle un papel más relevante al Consejo Fiscal Europeo, cuyo presidente sería nombrado por el Consejo de la UE.

El esfuerzo de aproximar a las partes está siendo mucho más costoso de lo previsto. Para cumplir con el calendario previsto sobre la reforma de las reglas fiscales, que contemplaba que estuviesen pactadas a finales de 2023, en la reunión de este jueves debería haber un texto legal con las modificaciones que se proponen a la propuesta que hizo la Comisión Europea en abril. Lo que hay finalmente es un nuevo documento de acercamiento y diversas fuentes explican que la discusión sobre documentos jurídicos se hará ya en la reunión de diciembre.

También el Parlamento va más lento de lo previsto y es probable que no tenga su propuesta de negociación hasta diciembre. Esto implicaría que ya sería a comienzos del año que viene cuando se tendrían que cerrar la negociación de los dos colegisladores comunitarios (Eurocámara y Consejo de la UE) y, por tanto, su aprobación llegaría durante el primer semestre de 2024, casi sobre la bocina para las recomendaciones de la Comisión sobre los presupuestos de 2025.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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