La Fiscalía abre diligencias contra Naturgy por un presunto delito de manipulación del mercado eléctrico

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra la compañía eléctrica Naturgy, por un presunto delito de manipulación del mercado eléctrico. La investigación, que trata de dilucidar si los precios que cobró a los usuarios entre el 23 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, en el área de la central gallega de Sabón 2, constituyen un delito contra los consumidores, se inició a partir de una denuncia presentada en agosto por Facua ante la Fiscalía Anticorrupción.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había impuesto a la compañía eléctrica una sanción en junio por este mismo hecho. En ese momento, el regulador obligó a Naturgy a abonar 41,5 millones entre multa e indemnización para resarcir el daño sobre los consumidores que pagaron más de lo debido a la electricidad en ese periodo. Los importes que cobró de manera presuntamente irregular en ese momento le reportaron unos beneficios de 43 millones de euros. En ese momento, fuentes de Naturgy confirmaron a EL PAÍS que recurrirían la resolución ente la Audiencia Nacional.

Pero la denuncia de Facua abrió un nuevo capítulo en este proceso y ahora ha llevado el conflicto al ámbito penal. Con esta investigación, el ministerio público busca determinar si la conducta por la que ha sido sancionada Naturgy encaja, además, en la figura de delito contra los derechos de los consumidores (artículo 284 del Código Penal) “por maquinación fraudulenta para alterar el precio de las cosas, que produzcan o puedan producir perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”.

Por ello, la Fiscalía ha anunciado este miércoles que ha solicitado a la CNMC no solo saber si el comportamiento de la empresa afectó al precio pagado por los usuarios, sino si ese posible incremento de precios se podría haber proyectado sobre todo o sobre una parte limitada del territorio nacional. En consecuencia, el ministerio fiscal también quiere que la CNMC le aporte una cuantificación aproximada de los perjuicios patrimoniales causados a los consumidores y usuarios provocados por un eventual incremento de precios finales.

Por otro lado, la Fiscalía también ha requerido al regulador que informe sobre si la resolución sancionadora es firme o si ha sido impugnada ante los tribunales, y en ese caso, quiere conocer en qué órgano judicial y proceso se lleva. De hecho, Naturgy aún puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su notificación.

Alegaciones de Naturgy

Además de anunciar que recurriría, Naturgy presentó alegaciones sobre la sanción impuesta por la CNMC. En ellas apuntaba que la central de Sabón 3 “ha formulado consistentemente (y no solo en el periodo analizado) sus ofertas, buscando recuperar razonablemente —que no consiguiendo— sus costes totales atendiendo a la mejor e imperfecta estimación de las condiciones competitivas en cada momento”. Además, la eléctrica apuntaba que en la última década su Ebitda —resultado bruto de explotación— había sido “generalmente” negativo. Es decir, que no había ganado dinero con esas prácticas.

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