Yolanda Díaz presenta el estatuto del becario sin apoyos políticos que garanticen su aprobación

Es difícil no conocer historias de becarios explotados por sus empleadores. Estudiantes que asumen tareas que no les corresponden, que trabajan jornadas maratonianas sin retribución, que estiran prácticas impagadas indefinidamente ante la vaga promesa de un empleo al final del camino, que pierden dinero por trabajar... El acuerdo suscrito este jueves por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos aspira a poner fin, o al menos aliviar, este problema. CC OO, UGT y el departamento que dirige Yolanda Díaz han firmado el estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, más conocido como estatuto del becario. Lo han hecho en un acto sin preguntas y sin apoyos políticos garantizados para aprobarlo, con la parte socialista del Gobierno en contra. Las principales novedades que introduce son la limitación a un máximo de 480 horas de las prácticas extracurriculares (figura en la que se concentra el fraude, al no estar directamente vinculadas con la formación), la obligación de las empresas de cubrir los gastos del estudiante y un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.018 euros.

Una norma “muy verde”

Esta norma llega con muchos detractores, de los rectores universitarios a la patronal, que participó en la negociación, pero no ha suscrito el acuerdo. También hay recelos en la parte socialista del Gobierno. La Moncloa cree que la norma “está muy verde” como para ir al Consejo de Ministros, informa Carlos E. Cué, una valoración parecida a la del Ministerio de Asuntos Económicos. Fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño creen que el acuerdo con los sindicatos es “un punto de partida”, pero que al texto le falta “trabajo técnico” para ser más “equilibrado”. Además, creen que falta escuchar más las posiciones de universidades y empresarios. También señalan que, aunque la negociación la haya protagonizado Trabajo, es una regulación con muchas ramificaciones, que afecta a más ministerios. En definitiva, el sector socialista ve difícil que se pueda aprobar antes de las elecciones, ya que no ha pasado aún ninguna tramitación interna en el Gobierno. El texto tampoco despierta entusiasmo en los socios del Gobierno, de los que depende su aprobación final.

Fuentes del Ministerio de Trabajo contestan que el texto “en absoluto está verde”, sino que da soluciones a los problemas de los estudiantes en prácticas y que se ha trabajado “durante más de un año”. Consideran “poco razonable” que la parte socialista del Gobierno lo rechace, dadas las mejoras que incluye para este colectivo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que “se ha acabado el tiempo de pensar en los jóvenes en prácticas como asalariados fantasma”. Cree que con esta regulación su departamento “empieza a remediar” un problema de “décadas, de figuras tramposas, jornadas extenuantes y nulo reconocimiento”. “La precariedad de los jóvenes no es una maldición bíblica. Tiene responsables, gobiernos que estuvieron decididos a dejar caer el futuro de las personas jóvenes”, ha añadido, antes de mencionar a la reforma laboral y las subidas del salario mínimo como otras políticas que mejoran el panorama de los becarios, una palabra que apuesta por desterrar: “Ya no son becarios, sino personas en formación práctica en el ámbito de la empresa”. Además, ha catalogado como “difícilmente comprensible” que la patronal no haya participado en el acuerdo.

El secretario confederal de Juventud de CC OO, Adrià Junyent, ha indicado que con este acuerdo “se acaban la explotación y los falsos becarios”. “Se acostumbraron a que estos sean su mano de obra gratis. Esto genera una nueva cultura”, ha añadido Junyent. Su homólogo de UGT, Eduardo Magaldi, cree que el estatuto del becario es un “mazazo” contra quienes abusan de los estudiantes. “No puede ser que el primer contacto de estas personas con el mundo laboral sean explotación y abusos”, ha añadido el representante de UGT.

Los jefes de los dos sindicatos firmantes han incidido en el mismo mensaje y han reclamado que la regulación se apruebe antes de las elecciones. “Es absolutamente necesario que podamos cumplir antes de que acabe la legislatura”, ha dicho el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “Haya o no elecciones, debemos seguir buscando acuerdos”, ha insistido el líder de CC OO, Unai Sordo.

Límite a las extracurriculares y compensación de gastos

La norma, desde su propio título, se esfuerza en clarificar que las prácticas no son una relación laboral. “Se presumirá que existe relación laboral cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”, indica la regulación aprobada.

Además, restringe las horas de prácticas en función de su tipología. Las curriculares, que son las desarrolladas durante los estudios, no pueden superar el 25% de las horas en que se concreten los créditos ECTS de la titulación. Un grado universitario de cuatro años se compone de 240 créditos, así que las prácticas no pueden superar los 60 créditos. Es decir, 1.500 horas, que a ocho horas al día equivalen a 188 días. Las extracurriculares, que son las que han complicado la negociación, se limitan al 15% de las horas en que se concreten los créditos de la titulación o un máximo de 480 horas. Es decir, 60 días a ocho horas por jornada, la mitad que hasta ahora. Es muy habitual que la jornada establecida para un becario esté por debajo de ocho horas al día. En octubre, Trabajo y los sindicatos acordaron eliminarlas, pero el Gobierno reculó ante la imposibilidad de encontrar apoyos parlamentarios con ese planteamiento.

El estatuto no fuerza a las empresas a retribuir a los becarios, pero sí establece la obligatoriedad de compensar los gastos en los que incurran. Así, los estudiantes en prácticas tendrán derecho a que les abonen los gastos de transporte o manutención. Este es uno de los puntos que más críticas ha despertado, ante augurios de que pocas empresas estarán dispuestas a incorporar becarios. Sordo ha contestado a los rectores indicando que deberían preocuparse más por los problemas de financiación que sufren, “cuya razón no es este acuerdo”. Si la empresa retribuye al becario y esa cantidad es suficiente para compensar esos gastos, no hay cargas adicionales para la compañía.

Por otro lado, la nueva norma establece que los becarios no pueden ser más del 20% de la plantilla del centro de trabajo, con el matiz para las pymes de que siempre pueden ser al menos dos; impide que trabajen a turnos o por la noche, salvo si la actividad no se puede desarrollar de otra forma; permite la compatibilización de la prestación por desempleo y las prácticas; y prevé sanciones de hasta 225.018 euros para las empresas incumplidoras. La nueva norma sí recibe una evaluación positiva de los principales colectivos de estudiantes.

Trámite parlamentario

La convocatoria de elecciones generales el 23 de julio ha estrechado al máximo los tiempos. Trabajo no detalla a qué Consejo de Ministros —donde se aprobaría como real decreto ley— llevará la norma, con solo cinco semanas por delante hasta los comicios, y la parte socialista del Gobierno, de momento y con el redactado actual, en contra.

También despierta suspicacias en los socios del Ejecutivo, tanto por su contenido como por la vía parlamentaria a través de la cual se aprobaría, la Diputación Permanente. Es el reemplazo de guardia de los 350 diputados en el periodo previo a las elecciones. En ella se reflejan las mismas mayorías, así que PSOE y Unidas Podemos tendría que convencer a PNV, ERC y Bildu. Los primeros son los que más rechazo expresan contra la norma. De momento, no hay encuentros agendados de la Diputación Permanente, que solo se reúne si hay algún motivo para hacerlo a petición de la Mesa del Congreso.

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