Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas se desploman un 31% en el primer trimestre

Las ejecuciones hipotecarias siguen retrocediendo en España. Estos procedimientos afectaron a menos de 3.700 viviendas en el primer trimestre del año, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso supone un desplome del 31,1% respecto al mismo periodo del año pasado y, en términos absolutos, es la tercera cifra más baja de la serie estadística que arrancó en 2014: solo se tiene constancia de un menor volumen de ejecuciones durante el pasado verano y en el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia paralizó los juzgados y los registros (la fuente de la que beben los datos).

No obstante, y dentro de la tónica general de retroceso, las ejecuciones de viviendas habituales son las que muestran una mayor resistencia a caer. Pese a ello, con 2.543 certificaciones, son un 25% que hace un año, lo que muestra que la subida del euríbor y el extraordinario encarecimiento que ha supuesto eso en los préstamos variables no está impactando de momento en los impagos. Además, hay que tener en cuenta que —legalmente y para evitar situaciones como las que se dieron tras la crisis de 2008— ahora se exige un mínimo de impagos antes que un prestamista pueda iniciar este procedimiento. Por tanto, es pronto para que la estadística oficial refleje las consecuencias que pueda tener la subida de tipos.

Ese efecto legal, que se introdujo en la ley hipotecaria de 2019 y exige como mínimo 12 meses de impagos (aunque esto depende de la cantidad pendiente y de la madurez del préstamo), provocó además una subida de las ejecuciones tras la pandemia. Teniendo en cuenta que la jurisprudencia europea declaró abusivas las cláusulas que permitían ejecutar con impagos de poco volumen, muchas entidades esperaron al nuevo marco legal de junio de 2019 para llevar las demandas a los juzgados. Esto, sumando el efecto embalse que provocó la paralización judicial durante el coronavirus, derivó en un aumento de los casos a partir de finales de 2020. Y ese incremento, que se mantuvo durante unos trimestres, también ayuda a explicar por qué ahora los porcentajes de descenso son abultados.

Fuera de la vivienda habitual, las caídas son todavía más pronunciadas. El INE recoge 587 ejecuciones hipotecarias de otras viviendas (es decir, segunda residencia o cualquier casa que no sea el domicilio habitual de una familia), lo que supone un 27% menos que un año atrás. Y en el caso de las viviendas que pertenecen a personas jurídicas, un dato que normalmente se relaciona con la marcha de la economía y las dificultades que puedan estar atravesando las empresas, las certificaciones se retraen más de un 51%, hasta las 563 operaciones.

Con respecto a las hipotecas sobre otro tipo de inmuebles, todas caen en porcentajes muy significativos. Las de solares lo hacen un 40%, las de otras fincas urbanas (tales como solares o trasteros) bajan un 57% y las de fincas rústicas son un 34% menos que un año atrás. Pese a ello, se trata de operaciones menos significativas en volumen, ya que tres de cada cuatro ejecuciones hipotecarias se hacen sobre viviendas. Y de estas, siete de cada 10 son de casas cuya hipoteca se constituyó en 2008 o antes, una muestra más de la extensa herida que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria en España.

Por comunidades autónomas, Andalucía (1.034), Cataluña (847) y la Comunidad Valencia (703) son las que aglutinaron un mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el primer trimestre. En Navarra y La Rioja, por el contrario, apenas se certificaron 15, y 25 en Cantabria o 27 en el País Vasco.

Las certificaciones de ejecuciones hipotecarias reflejan el momento en que el Registro de la Propiedad tiene constancia de la intención del prestamista de recuperar el inmueble ante un impago del prestatario. Se trata de un procedimiento que no siempre acaba necesariamente en un desahucio, ya que puede reconducirse en una negociación entre ambas partes. No obstante, hay que tener en cuenta que en España hace años que la mayoría de desahucios no se derivan de problemas hipotecarios, sino que se trata de inquilinos que pierden su casa ante el impago de las rentas.

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