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Los promotores inmobiliarios reclaman un pacto nacional para construir 75.000 casas protegidas al año

Un informe liderado por la patronal madrileña propone revitalizar la VPO en compra o alquiler mediante la puesta a disposición de más suelos y la agilización de licencias

Construcción de viviendas de protección oficial en Colmenar Viejo (Madrid), en febrero de 2022.
Construcción de viviendas de protección oficial en Colmenar Viejo (Madrid), en febrero de 2022.Santi Burgos

España pasó de una construcción desaforada de casas en los primeros años de siglo al dique seco. Y en ese cambio se olvidó de levantar viviendas protegidas. Como resultado, diagnostican los promotores, actualmente se edifica menos de la mitad de lo que sería necesario por la mera inercia demográfica. Y solo un 18% de todo eso es vivienda asequible, lo que ha convertido la obra nueva en algo al alcance de pocos. Para revertir esa situación, los empresarios, liderados por la patronal madrileña de promotores inmobiliarios (Asprima), han reclamado este miércoles “un pacto nacional de vivienda” que permita volver a la media de VPO (las siglas genéricas de la Vivienda de Protección en Oficial, que luego cada comunidad autónoma adapta a su normativa) que se construía antes de la crisis de 2008. Es decir, unas 75.000 casas al año.

La petición ha llegado de la mano de un informe elaborado por Asprima con un título que muestra la voluntad de los empresarios de trasladar sus reivindicaciones a las Administraciones: El problema de la vivienda sí tiene solución. “En realidad, empezamos a trabajar el informe hace unos meses y la situación política es la que ha llevado a presentarlo en el momento más álgido, cuando la vivienda está en boca de todos”, ha confesado Carolina Roca, presidenta de la patronal madrileña.

Asprima calcula que la demanda de vivienda nueva ronda al año las 180.000 o 200.000 viviendas. Y que la diferencia entre lo que se edifica y esa demanda ha provocado un déficit de muchos años. El del año pasado, por ejemplo, se calcula en 120.000 viviendas por la diferencia entre la creación de nuevos hogares y las viviendas que se terminaron: casi 88.000, según los certificados de fin de obra). Y solo se levantaron 9.221 casas asequibles.

Para revertir esa situación que supone una anomalía respecto a otros países (España edifica 2,3 viviendas por cada 1.000 habitantes; mientras Alemania alcana una tasa de 4 y Francia se acerca a las 5,5), el informe demanda un consenso político que permita recuperar los ritmos de producción de antes. Asprima calcula que entre 1980 y 2010 se construyeron de media 79.000 VPO al año. De ahí que proponga llegar ahora a unas 75.000, lo que significaría que las casas de precio limitado supondrían aproximadamente la mitad de la edificación.

Para lograr el objetivo, la patronal madrileña propone un pacto nacional que se agrupa en torno a cinco propuestas “reflejadas en orden de importancia”, ha puntualizado Roca. Estas iniciativas se refieren al suelo, las medidas jurídico-económicas, la financiación, la fiscalidad y la mano de obra. La primera, se refiere a lograr un “urbanismo más flexible”, ha explicado la presidenta de la patronal, que ha calificado la puesta de disposición de suelo como “el principal cuello de botella para la producción de vivienda asequible”. En las medidas concretas que exige el documento, se hace referencia a la “puesta en carga de todo el suelo vacante disponible”.

En el resto de capítulos, los promotores insisten en otras reivindicaciones que vienen de antiguo, como la subida de los denominados módulos (el precio que las administraciones fijan para la VPO) de manera que permitan obtener rentabilidad en un contexto de subida de los precios de construcción. También que esos precios se actualicen automáticamente, como ya se hace en Cataluña con el IPC, y que la concesión de licencias sea más ágil. En financiación piden recuperar los acuerdos con los bancos para avalar públicamente las hipotecas de jóvenes y familias con menos recursos, en línea con lo que algunas comunidades han hecho y el Gobierno anunció recientemente.

En el capítulo fiscal, los empresarios calculan que un 25% del coste total de una casa protegida se debe a los impuestos, por lo que piden una rebaja de esas tasas que gravan la construcción de VPO. Y por último demandan planes formativos para paliar la carencia de mano de obra que afecta a la construcción desde hace años.

Conscientes de que el discurso público sobre vivienda viró hacia el alquiler hace años, Roca ha dejado claro que la intención de construir más vivienda asequible mediante iniciativa privada no es excluyente con esa visión. “No entro en si el destino de esas viviendas debe ir a la venta o al alquiler”, ha asegurado la empresaria. Tampoco ven los promotores problema, ha señalado, en una protección a perpetuidad de las VPO (que tradicionalmente han perdido esa condición pasados unos años, pasando al mercado libre y descapitalizando el parque de vivienda social y asequible) como la que propone la ley de vivienda que vota ese miércoles el Senado.

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Sobre la firma

José Luis Aranda
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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