Escrivá busca incentivar las horas extras para desatascar la Seguridad Social pese a la protesta de los trabajadores

La Seguridad Social tiene un grave problema de atención ciudadana y desde el Gobierno se están buscando fórmulas para tratar de reducir los cuellos de botella, que en los momentos de mayor carga de trabajo han llegado a generar retrasos de hasta tres meses en la tramitación de algunas prestaciones, según denuncian los sindicatos. Más allá de algunos refuerzos de plantilla diluidos por las jubilaciones, las soluciones que se han venido planteando hasta el momento desde el ministerio que dirige José Luis Escrivá pasan por que los empleados públicos trabajen más horas de las que les corresponden, y que por cada cita atendida en este tiempo cobren una cantidad adicional. Un planteamiento que choca frontalmente con las reclamaciones que vienen realizando los funcionarios, que abogan por un refuerzo de las plantillas. La última propuesta de Escrivá ha sido la de ofrecer seis euros por cada consulta gestionada fuera de la jornada laboral, lo que ha soliviantado a los sindicatos, hasta el punto de que ya preparan paros para finales de mes e incluso valoran convocar una huelga general en septiembre, según adelantan fuentes sindicales a este diario.

“Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. No es más que otro parche que no va a solventar el problema de la falta de efectivos que existe”, reconoce una fuente sindical. “La negociación con el Gobierno está enquistada”, señala esta misma fuente. Desde CC OO detallan que ya se ha procedido al preaviso de huelga, y que los primeros paros parciales se celebrarán el próximo 26 de mayo y tendrán una hora de duración. “La vocación de estos paros es que desemboquen en una huelga general en septiembre si no se atienden nuestras reclamaciones”, advierten desde este sindicato.

La notificación de la nueva propuesta de Seguridad Social, que asegura que los retrasos en las tramitaciones se han corregido —”las pensiones se resuelven en 20 días”, dice una fuente ministerial—, y que no hay problemas para conseguir citas, se produjo el lunes “de manera unilateral”, según una persona que estuvo presente en el encuentro. Esta oferta entronca con otras del mismo carácter que han venido implementándose anteriormente con escaso éxito. Es el caso de los 20 euros por hora extra trabajada que planteó el Gobierno hace dos semanas, y que, según fuentes sindicales, apenas tuvo seguimiento. “El personal público está harto de tener que dar la cara ante el ciudadano en estas condiciones”, lamenta una fuente sindical.

Según cálculos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Seguridad Social ha perdido 10.000 empleados en la última década. “Los trabajadores y trabajadoras se merecen respeto y voluntad de negociación”, indican desde el sindicato, que añade: “[El ministerio] sigue irremediablemente vulnerando nuestras condiciones de trabajo y el cumplimiento de las leyes que siguen en vigor”. “O bien se ejecutan los mínimos solicitados desde el principio de las movilizaciones o se convocarán paros por primera vez en un siglo de historia de la Seguridad Social”, amenazan.

Los seis euros por cita atendida fuera del horario laboral, un planteamiento que adelantó El Confidencial y ha podido confirmar este periódico, fue remitido por carta por parte del Ministerio de Seguridad Social a las direcciones provinciales para que estimen cuántos de sus trabajadores accederían a participar en este plan intensivo de atención ciudadana. Fuentes ministeriales explican que este no es más que un nuevo paso en un plan más general para mejorar la atención del departamento. Aseguran que se están solucionando poco a poco y ponen como ejemplo que de 1,1 millones de personas atendidas en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el primer trimestre de 2023, 300.000 fueron sin cita previa.

La carta lleva la firma del secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, y de la directora general del INSS, Carmela Armesto, y se titula Plan de intensificación de atención directa a la ciudadanía en los centros de atención e información de la Seguridad Social. Esta estrategia se dirige a “aquellas direcciones provinciales en las que esta medida pueda responder a una mayor demanda de atención por parte de los ciudadanos”.

En ella, el departamento de Escrivá propone a sus empleados que desarrollen tareas de atención directa al ciudadano, “que deberán realizarse fuera de la jornada laboral ordinaria que corresponda a cada trabajador y una vez cumplido el volumen de la atención correspondiente a la jornada habitual”, especifica la carta. Esta jornada adicional, de carácter voluntario, se desarrollará de 16.00 a 18.00 en los días en los que no haya coincidencia con el horario ordinario de tarde. Los trabajadores cobrarán el salario correspondiente a esas horas extra y seis euros más por cada cita que resuelvan. “Podrán acceder a participar en este plan todos los funcionarios destinados en Centros de Atención e Información (CAISS), así como el personal de las direcciones provinciales, que proponga el responsable de la dirección provincial, con la finalidad de prestar adecuadamente esta atención directa al ciudadano”, añade la misiva.

Automatización y robotización

El adelgazamiento de las plantillas públicas no es ajeno para el Ministerio de Seguridad Social, tal y como reconoce en el propio contenido de la carta. “Tras más de una década de pérdida de personal muy importante, en los últimos años se está revirtiendo esta situación, especialmente a finales del año 2022 y durante este primer semestre de 2023, donde como todos sabéis se está produciendo un refuerzo histórico de personal en el INSS, que junto con las medidas organizativas y las automatizaciones y robotización de procesos, a pesar del incremento de funciones y competencias (IMV) y del volumen de gestión (mayor número de prestaciones por evolución demográfica y por mejora de las coberturas y protección social), está permitiendo unos indicadores de gestión que mejoran día a día”, señala.

Con todo, las mismas fuentes ministeriales reivindican que, por muchas medidas que se tomen, la más importante es el refuerzo de la plantilla. Por ello, destacan que en 2022 hubo 1.168 incorporaciones y que la oferta de empleo de 2022 incluía una mención específica a la Seguridad Social, dado el recorte experimentado en la última década. En 2011 había 28.700 trabajadores y el año pasado se limitaban a 21.900. El ministerio espera 4.200 incorporaciones a lo largo de 2023, pero también muchas jubilaciones que diluirán este refuerzo.

De hecho, el próximo retiro de gran parte del personal público establece un nuevo desafío para la gestión de los organismos del Estado. Desde CC OO señalan que el 85% de los empleados de la Seguridad Social tiene actualmente más de 50 años, y que los retiros se están acelerando “porque el ritmo de trabajo es muy alto y quien puede se jubila lo antes posible”. “Estamos cansados. Lo que necesitamos es mucha más plantilla”, denuncia otra fuente sindical.

A comienzos de año, el ministerio planteó un recorte en el tiempo de asistencia para tratar de agilizar la resolución de las consultas. El 16 de enero, el departamento envió instrucciones en las que se recomendaba que “la duración de las citas para todos los servicios deberá reducirse, por ello, se limitará la duración máxima a 15 minutos, siendo recomendable la reducción a 10 minutos en el mayor número de servicios disponible”. También pautaba la preferencia en la atención a personas mayores, con problemas para realizar los trámites online, recuperar los puestos de recepción o la “mesa rápida”. “No hay ninguna administración que atienda por la tarde. Me gustaría poder llegar a un acuerdo con los agentes sociales en ese sentido. No sé si será posible”, dijo el ministro en febrero. De las 413 oficinas de la Seguridad Social, 278 ya atienden por la tarde.

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