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Los sindicatos de Castilla y León presentan expedientes de empleo y contemplan despidos por los recortes de Vox

La Junta ha reducido la financiación a UGT y CC OO, que ahora aplican reducciones de jornada para intentar mantenerse

Vox Castilla y León
Juan García-Gallardo (izquierda) y Mariano Veganzones (derecha), en un acto en Ávila en enero.RAÚL SANCHIDRIÁN (EFE)
Juan Navarro

Los recortes aplicados por Vox, que ostenta la consejería de Empleo en Castilla y León tras su pacto con el PP para gobernar en coalición, están mermando los recursos disponibles para los sindicatos e implican acciones drásticas para su mantenimiento. Comisiones Obreras (CC OO) ha anunciado esta semana un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar un despido colectivo de sus trabajadores.

La entidad sindical acusa a la extrema derecha de aplicar “medidas ilegales” para asfixiar su funcionamiento. El ERTE de CC OO implica a 54 personas, a quienes se les reducirá la jornada entre un 50% y 60%. La decisión llega semanas después de que la Unión General de Trabajadores (UGT) presentara un ERE que contempla 76 despidos. Según ellos, las salidas se deben al “incumplimiento [por parte de la Junta] del diálogo social y la decisión de dejar de prestar servicios a la ciudadanía”. Las áreas perjudicadas son la formación laboral, la prevención de riesgos o el asesoramiento a inmigrantes.

Comisiones ha acusado directamente a Vox de políticas ilegales en contra de estos colectivos. El ERTE —una figura laboral que se aplicó en múltiples ocasiones durante los peores momentos de la pandemia ante la enorme reducción de la actividad económica de las empresas— acarrea reducciones de jornada en torno al 50% o 60% del total. Aunque en este caso, todo depende de las negociaciones que se den entre las partes.

El comunicado de la agrupación que lidera Unai Sordo ataca a la extrema derecha y la gestión de la consejería liderada por Mariano Veganzones (Vox): “Tiene en su ideario eliminar el papel constitucional y legal de los sindicatos más representativos. El único interés que mueve a la extrema derecha en el Gobierno Autonómico es desgastar a los sindicatos y a las organizaciones de la sociedad civil organizada para erosionar la democracia”. La central sindical insiste en que los grandes perjudicados de estas acciones son los usuarios de esos programas así como las personas que los llevaban a cabo. Según sus palabras, se han dejado de convocar 26 programas públicos de políticas laborales valorados en unos 42 millones de euros durante 2022.

El ERTE de CC OO llega unas semanas después de que el otro sindicato mayoritario, UGT, se viera obligado a disponer de un ERE que implica el despido de 76 de sus trabajadores en la comunidad. La intervención se encuentra en “periodo de consultas” y los líderes sindicales responsabilizan nuevamente al Gobierno autonómico de verse abocados a esta situación. El secretario de administración de UGT, Manuel Carlos Martín, atribuyó el ERTE al “incumplimiento del Diálogo social”, una figura que históricamente ha funcionado bien en Castilla y León y donde sus agentes defendían la “paz social” para empresarios y representantes de los trabajadores. Para Martín todo se encaja en el deseo de Vox de “dejar de prestar servicios a la ciudadanía por criterios ideológicos”.

El consejero de Empleo, Mariano Veganzones, lleva en el cargo algo más de un año tras el pacto entre PP y Vox. Desde entonces, su departamento ha ido ejecutando recortes y criticando la labor sindical. En el cruce de reproches entre ambos actores, tanto CC OO como UGT han denunciado que el recorte de las partidas públicas ha conllevado que se reduzcan los servicios de prevención de riesgos laborales, la atención a migrantes, sistemas de orientación a parados o formación profesional a los trabajadores.

Una de las principales polémicas ha girado en torno al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), ente al que la Junta intentó liquidar dejándolo sin financiación, si bien acabó rectificando tras recibir un requerimiento formal por parte del ministerio de Trabajo, comandado por la vicepresidenta del Ejecutivo Yolanda Díaz. Finalmente, la atención del Serla seguirá activa aunque con un presupuesto menor que el de años anteriores. Tanto la patronal como los sindicatos se opusieron completamente a este intento de suprimir el Serla.

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Sobre la firma

Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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