Yolanda Díaz defiende en la ONU la economía social y solidaria para superar “un sistema económico despiadado”

Una semana después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social, para mejorar la funcionalidad de las cooperativas, la Asamblea General de la ONU ha respaldado este martes una resolución, impulsada por España, para promover la llamada “economía social y solidaria”, un sector que incluye a cooperativas, mutuas, fundaciones y otras entidades, y que en España representa el 10% del PIB, sólo dos puntos por debajo del turismo, ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Según la titular de Trabajo, la social es también un tipo de economía feminista y especialmente resiliente, que aguanta las crisis mejor que otros sectores.

“La economía social es nuestro ahora y nuestro mañana, pues plantea un modelo económico integrador y con objetivos sociales, basado en la solidaridad interna y con las personas en el centro”, señaló Díaz al presentar la propuesta, copatrocinada por más de 40 países y que fue adoptada por mayoría. Democracia y justicia social, dijo, son los ejes vertebradores del “mundo que aspiramos a construir”. “Las soluciones de la economía social, en las que ha profundizado el Gobierno de España, nos han demostrado que es posible superar un sistema económico despiadado, sin alma, que se funda en los recortes, el olvido de las personas más vulnerables y que está anclado en la desigualdad”, explicó la vicepresidenta segunda. “La economía social ha logrado desmentir el interesado tópico de que el desarrollo económico de un país debe sacrificar inevitablemente unos ideales de justicia e igualdad que, muy al contrario, deben estar en el núcleo de nuestros sistemas políticos y económicos”.

La economía social es también sinónimo de economía sostenible y la adopción de la resolución contribuirá, dijo, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que integran la Agenda 2030. En España, donde supone el 12% del empleo, tiene un “tejido empresarial sólido”, adaptable y versátil, y por tanto más resistente a las crisis, dijo con la pandemia en el retrovisor, y además permite a los trabajadores tener voz en las decisiones de la empresa y acceder a la propiedad de los medios productivos.

Según la titular de Trabajo, que eludió responder a cualquier pregunta de política interna, “avanzar en una economía más participativa, más democrática, más comunitaria y más resistente a las crisis nos permite sentar las bases para mejorar la vida de la ciudadanía incluso cuando la incertidumbre nos acecha”.

Díaz presentó este proyecto en julio en Naciones Unidas y desde entonces ha sumado más de 40 adhesiones. La resolución anima a Estados y organizaciones internacionales a “apoyar y potenciar la economía social y solidaria como posible modelo de desarrollo económico y social sostenible”. En diciembre, cuando el texto contaba con 16 apoyos, un grupo de trabajo de la ONU avanzó en la propuesta con las representaciones de Chile, Francia y España ante la organización.

El ámbito de la economía social y solidaria abarca cooperativas, asociaciones, mutuas, fundaciones, empresas sociales, grupos de autoayuda y otras entidades, como las cofradías de pescadores o regantes, las empresas de inserción, centros especiales de empleo o sociedades laborales, que demuestran que “las cosas pueden hacerse de otra manera”. Las nuevas fórmulas asociativas ya están reconocidas a nivel europeo como empresas que comparten los principios de la Economía Social y tienen que reinvertir en la empresa el 95% de los beneficios, según el Ministerio de Trabajo.

Márgenes empresariales e inflación

Sobre la coyuntura económica, tensionada por una inflación que se ha enquistado en el precio de los alimentos, Díaz ha apuntado a los márgenes empresariales como “los causantes de una parte de la inflación”, señalando “que deben ser corregidos” para hacer una “política útil” para la gente. Al respecto, se ha referido a cuestiones candentes como la carestía de la cesta de la compra y el encarecimiento “hasta el doble” de las hipotecas por la subida de los tipos de interés, una política con la que dijo no estar de acuerdo.

Díaz defendió una vez más la importancia de llegar a un acuerdo entre las grandes cadenas de distribución para fijar los precios de una serie de alimentos de calidad y variados, además de rotatorios y con una cesta disponible para celíacos. “Esto es absolutamente posible hacerlo. Es legal, ya he tenido una discusión sobre si era legal o no lo es. Lo dice una norma en su artículo 13 de comercio minorista”, ha apuntado Díaz, señalando a Francia, que ya ha adoptado el sistema, como ejemplo.

Subrayando que su presencia en la ONU este martes tenía un carácter institucional y no partidista, Díaz declinó repetidas veces contestar a preguntas sobre política nacional y las inminentes elecciones, y en especial a polémicas como la entrevista de Salvados del domingo y las gruesas palabras de Pablo Iglesias al respecto. Sí señaló el “cuestionamiento” que hacen los “populismos de derechas” del movimiento feminista y del sindicalismo, dos sectores clave para ensanchar la democracia pro “su enorme poder de transformación”. En su viaje a EE UU en julio pasado, Díaz contactó con los principales líderes sindicales locales, en un momento de efervescencia sindical en EE UU, y hoy se ha entrevistado con Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, con el que coincidió en la necesidad de limitar las subidas de tipos para no yugular las economías familiares.

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