Escrivá alcanza un pacto político con Bruselas y Unidas Podemos para la reforma de las pensiones

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha atado en Bruselas y con sus socios de Unidas Podemos un acuerdo político para una reforma clave de esta legislatura: la de las pensiones. Tras varias semanas de intensas conversaciones a alto nivel, fuentes de la negociación explican que Bruselas ha aceptado la última propuesta del Gobierno español sobre el periodo de cómputo (los años de cotización que sirven para calcular la cuantía de la pensión). Este era el aspecto que había impedido cerrar el pacto en el plazo que se había marcado el Ejecutivo, el 31 de diciembre del año pasado. El planteamiento de Escrivá es que el pensionista pueda elegir entre seguir con el sistema actual, de 25 años, o por otro de 29, de los que el jubilado podrá excluir los dos de peor cotización. Es decir, en la práctica, el pensionista elegirá entre un cómputo de 25 o de 27 años. La Seguridad Social aplicaría de forma automática el sistema que más beneficioso resultara, pero el jubilado siempre podría elegir. Es la propuesta que el Gobierno expondrá este viernes a los agentes sociales en una reunión en el ministerio a las 12.30. “Eso [la reunión con los agentes sociales] ha de entenderse como que estamos prácticamente llegando a un acuerdo”, comentó este jueves Escrivá. “Hemos tenido una discusión en profundidad de todos los elementos de la reforma con la Comisión Europea”, añadió.

El planteamiento de Escrivá se ha ido modulando con el paso de los meses. En noviembre puso encima de la mesa elevar el periodo de cómputo a 30 años, pudiendo descartar los dos de peor cotización. Los sindicatos rechazaron esta posibilidad, al igual que la parte de Unidas Podemos en el Gobierno, como indicó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Es endurecer el acceso a la jubilación”. La nueva propuesta del ministro, que en Bruselas reciben afirmativamente, es un menú con dos opciones: una que ampliaría el periodo de cómputo y otra que lo deja como está. La primera alternativa es la que convencería a la Comisión, que esperaba un aumento de este concepto, mientras que la segunda es la que certificaría el acuerdo con los sindicatos, Unidas Podemos y los socios parlamentarios de izquierdas del Ejecutivo. Fuentes de la negociación destacan que el equipo de la ministra de Trabajo ha participado en las conversaciones y que aceptan la solución pactada con Bruselas. “Ha sido un acuerdo largo, complejo y a varias bandas”, destacan fuentes de la negociación. Este pacto es un revulsivo para la coalición, después de varias semanas muy complicadas políticamente por los desencuentros que ha generado la reforma de la ley del solo sí es sí.

El rechazo de centrales y la parte minoritaria del Gobierno al aumento del periodo de cómputo se justifica en que los incrementos suelen causar una reducción de la pensión final. Esto es así porque, al incluir más años en el cálculo, teniendo en cuenta que en el inicio de la carrera laboral los salarios son menores, el resultado es una contracción de la cuantía. La posibilidad de que los pensionistas opten por el statu quo, por el cómputo de 25 años, disipa esta posibilidad para aquellos que hayan tenido carreras laborales irregulares, con periodos sin cotización. Las más afectadas por este escenario son las mujeres, que siguen asumiendo —normalmente por obligación— los cuidados, que conducen a pausas en la trayectoria laboral, excedencias y más jornadas parciales. Una de cada tres carreras laborales son irregulares, según las estimaciones del Gobierno. A la vez, a una persona que haya tenido una carrera estable sin épocas de inactividad o de menor retribución, sí podría resultarle interesante un periodo de cómputo mayor. Para ello, se incorpora la nueva opción, de 29 años, con la posibilidad de excluir los dos de peor cotización.

Fuentes comunitarias confirman que en las últimas semanas se han intensificado las conversaciones con el Gobierno sobre la reforma de las pensiones, informa Manuel V. Gómez. Matizan que el anuncio sobre los cambios en el sistema corresponde al Ejecutivo español. Voces de la negociación por la parte española coinciden en que los dos últimos meses han sido los de mayor intensidad en las conversaciones, que se han acabado resolviendo con el ministro Escrivá y el director general de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión, Maarten Verwey, como principales interlocutores. Las mismas fuentes indican que la Comisión cree que hay “varios caminos” que conducen a la sostenibilidad del sistema, y que el planteado por el Ejecutivo español es uno de ellos. Asimismo, el Gobierno se compromete con Bruselas a revisar cada tres años si el sistema sigue siendo sostenible, atendiendo a las proyecciones demográficas y las previsiones de ingresos. Del análisis de la Comisión no se escapa la conflictividad que ha estallado en Francia por la reforma que propone Emmanuel Macron, que contempla un aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años. La contestación a las reformas que dan pasos atrás en los derechos conquistados es un aviso a navegantes.

Aumento de los ingresos

El principal fin de la reforma de las pensiones es aumentar los ingresos para hacer frente al reto del envejecimiento, uno de los hitos comprometidos con la Unión Europea para acceder al cuarto desembolso de fondos Next Generation, vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La herramienta fundamental para lograr ese incremento es la subida de las bases máximas de cotización (de 4.495 euros mensuales en 2023). Y máxime cuando esa “solución dual” pactada por el Gobierno y Bruselas supone un aumento del gasto, equivalente a dos décimas del Producto Interior Bruto (PIB). Por ello, el Ejecutivo comunitario ha exigido nuevas medidas para compensarlo. Los planes del Ejecutivo, en línea con el planteamiento que venían verbalizando los sindicatos, pasan por una combinación de instrumentos para aumentar los ingresos, con la intensificación del destope de esas bases máximas como principal herramienta. Así, los trabajadores con sueldos más altos aportarían más en cotizaciones. Esto se sumaría a elevar las seis décimas extraordinarias en los tipos porcentuales de cotización que ya se están pagando a 1,1 puntos del PIB y a la cuota de solidaridad. Cuando estén en pleno rendimiento, todas esas medidas deben permitir una recaudación extra equivalente a tres puntos del PIB, según las fuentes consultadas.

El Ministerio de Seguridad Social no mantiene una reunión formal con los agentes sociales para discutir sobre pensiones desde diciembre, pero sí ha habido conversaciones periódicas para acercarse a un acuerdo. La reunión de este viernes puede poner fin a una discusión que el Gobierno esperaba haber zanjado antes.

El plan del Ejecutivo es dar margen a los agentes sociales hasta el martes que viene para que estudien la reforma. El próximo miércoles, Escrivá detallaría los cambios al Pacto de Toledo y, posteriormente, si no hay sorpresas, se aprobaría la reforma por real decreto ley en el Consejo de Ministros. Después llegaría el trámite parlamentario, que el Ejecutivo espera superar mediante esta doble solución, al menos con los apoyos de ERC y EH Bildu.

Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO e interlocutor en materia de pensiones, comentó esta negociación en la sede del sindicato en Madrid, antes de que el ministerio anunciase la reunión. “Debemos avanzar. Estamos en el momento de retomar el rumbo para ver si es posible alcanzar un acuerdo”, indicó. “Esta reforma debe asegurar más ingresos para el sistema y más protección para los pensionistas. Hay que mejorar los ingresos para afrontar los retos que la Seguridad Social tiene por delante”, añadió Bravo.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también comentó este jueves la negociación de las pensiones, antes de la convocatoria del ministerio: “Queremos que el Gobierno venga a la mesa con ese tema bastante avanzado, [saber] en qué parámetros se mueve la Unión Europea y la propia mayoría parlamentaria que tiene que tener para llevar la reforma legislativa adelante”. Este periódico se ha puesto en contacto con la CEOE para que aporte su postura de cara a este debate, pero fuentes de la patronal indican que no pueden opinar sin conocer la propuesta concreta del ministerio. Confirman, eso sí, que acudirán a la reunión después de ausentarse en la que se aprobó la subida del salario mínimo. Sin embargo, fuentes de la negociación ven “difícil” que la patronal participe en el acuerdo, dado el rechazo de los empresarios al aumento en las bases de cotización. Tampoco cuentan con el apoyo del PP.

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