La justicia respalda el plan urbanístico de Madrid Nuevo Norte

Madrid Nuevo Norte, la transformación urbanística de más de 3 millones de metros cuadrados en el norte de la capital, ha recibido el aval de la justicia. El proyecto conocido históricamente como Operación Chamartín, un planeamiento que lleva coleando desde principios de los años noventa, ya contaba con todos los parabienes políticos, pero una espada de Damocles seguía pesando en los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ayudado a esquivar esa amenaza. Según ha informado este martes el propio tribunal, su Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado en su integridad todos los recursos que tenía pendientes, aunque la decisión queda a expensas de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Hasta nueve denuncias pesaban contra la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid el 25 de marzo de 2020, cuando el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso dio luz verde a la modificación del PGOU (plan general de ordenación urbana) de Madrid, tal y como lo solicitaba el Ayuntamiento de la capital (en un proyecto cuya definición esencial corresponde a la época de Manuela Carmena y que también apoyó el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida). Entre los reclamantes se contaban Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, un par de empresas y hasta particulares. Solicitaban dejar sin efecto la modificación del plan por problemas en el procedimiento. Y, también, la nulidad de la decisión del Ejecutivo regional por ser contraria a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Alegaban que esta prohíbe acuerdos previos como el que fraguó el Consistorio con Adif (la compañía estatal que gestiona las infraestructuras ferroviarias y origen del proyecto, que busca reordenar los terrenos y la playa de vías que rodean a la Estación de Chamartín) y Distrito Castellana Norte (la empresa privada que promueve la operación, participada mayoritariamente por BBVA y actualmente rebautizada como Crea Madrid Nuevo Norte).

En los recursos se sumaban objeciones relativas a la edificabilidad, las dotaciones que conlleva urbanizar la zona, la evaluación de impacto ambiental del planeamiento o la afectación a suelos de dominio público (las parcelas ferroviarias) al cubrirlas con un enlosado para soterrar las vías y despejar suelo en superficie (mayoritariamente para zonas verdes). Pero los magistrados no han aceptado ninguna de esas alegaciones. La modificación puntual, señala el sentido del fallo adelantado por el Consejo General del Poder Judicial, “siguió el procedimiento adecuado” para una “mera modificación del planeamiento vigente”. Es decir, que los jueces no creen que se trate de una revisión encubierta de todo el PGOU como argumentaban los denunciantes.

Los magistrados también arguyen que el cambio “no altera la clasificación del suelo”, ni conlleva un incremento significativo de la edificabilidad para actividades económicas. Un 20,78% de lo que se construya, recuerda el fallo, será destinado a viviendas de protección “cuando en el planteamiento general precedente no se establecía una reserva mínima para este régimen de vivienda”. La construcción de una nueva estación intermodal en lo que actualmente es la Estación de Chamartín-Clara Campoamor, “ya se contemplaba” en el plan general de 1997, añade la sentencia, “y su puesta en marcha tampoco supone un incremento de la población en el término municipal de Madrid superior al 20%”.

Sobre el acuerdo del Consistorio, Adif y Distrito Castellana Norte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que “la intervención de DCN [las siglas de la compañía privada], beneficiario de los aprovechamientos urbanísticos de Adif (...) no determina que nos encontremos en modo alguno ante un convenio de planeamiento, posteriormente materializado en la modificación”. Los jueces argumentan que “basta con acudir a los antecedentes de planeamiento para advertir las razones de la necesaria y obligada colaboración de las administraciones en la ejecución y desarrollo del nuevo ámbito urbanístico, que no queda desdibujada por la integración de la empresa privada en la ejecución definitiva del mismo”. Por ello no aprecian “desviación de poder o de actuación arbitraria en la aprobación de la modificación”. Y añaden que incluso “su consideración como convenio de planeamiento no determinaría por sí mismo la nulidad de la modificación, pues tal hecho no significaría que la plasmación en el instrumento urbanístico fuera realizado contraviniendo el interés general”.

Por último, descartan las denuncias sobre el enlosado que se colocará sobre las vías, alegando que este nuevo suelo “resulta inscribible” en el registro de la propiedad, “encontrándose legal y urbanísticamente justificado el tratamiento que en la ordenación se atribuye a la llamada losa de los suelos ferroviarios”.

El fallo ha sido acogido con lógica satisfacción por Crea Madrid Nuevo Norte, la promotora participada en más de un 75% por BBVA, en un 14,5% por Merlin Properties y en un 10% por el Grupo San José. La compañía, en un comunicado, considera que las resoluciones judiciales conocidas este martes “despejan la viabilidad legal” del proyecto, del que destacan su “amplio consenso institucional y social”. Álvaro Aresti, presidente de la firma, ha calificado la sentencia como “la mejor noticia posible”, ya que había temor a que un fallo contrario obligara a repetir todo el proyecto desde el principio por las peculiaridades de la legislación urbanística española (algo que el Ministerio de Transportes, del que depende Adif, se comprometió en su día a modificar). Ayuntamiento y Comunidad de Madrid también han sacado pecho tras conocerse la decisión, destacando que constituye un aval a sus planteamientos.

Atascada desde que empezó a vislumbrarse una solución para la playa de vías del norte de Madrid en 1993, la Operación Chamartín ha sufrido todo tipo de vicisitudes durante sus tres décadas de historia. La idea, básicamente, es la construcción de un nuevo distrito de negocios en el norte de la capital, a imitación de desarrollos como el de La Defensa en París, que sirva como prolongación del Paseo de la Castellana. Durante años y años de proyectos, el planeamiento ha ganado zonas verdes, áreas residenciales con vivienda protegida (uno de los caballos de batalla durante la etapa de Carmena) y ha acabado planteándose como un proyecto sobre 3,3 millones de metros cuadrados (2,4 millones si se descuenta el espacio ocupado por las vías de tren) cuya huella más visible serían los rascacielos de oficinas que continuarían a las conocidas como Cuatro Torres de la Castellana.

Los promotores del plan, el mayor desarrollo urbanístico de España y uno de los mayores de Europa, han estimado una inversión de más de 25.000 millones y calculan una aportación al PIB de 15.200 millones durante los casi cinco lustros que llevará la edificación de todo el espacio. Pero el inicio de los trabajos se ha ido retrasando paulatinamente a lo largo de los años. Tras las sentencias conocidas ahora, que en Crea Madrid Nuevo Norte consideran definitivas por la contundencia con que el TSJ de Madrid se ha pronunciado sobre los nueve recursos, se mantiene la intención de que las primera grúas entren en 2024.

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