El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en contratos de RTVE y de Transición Ecológica

El Tribunal de Cuentas rastrea presuntas irregularidades en contratos públicos por valor de 1,3 millones de euros concedidos entre 2019 y 2020 por Radio Televisión Española (RTVE) y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Ministerio de Transición Ecológica). Las pesquisas del fiscalizador arrancaron después de que EL PAÍS desvelara que los pliegos de los concursos de las citadas entidades públicas incluían el nombre de la empresa ganadora en los metadatos o propiedades del archivo informático.

Las convocatorias bajo sospecha fueron subidas a la plataforma de Contratación del Estado del Sector Público por los propios organismos que supervisaron la licitación. En ambos casos se trató de procedimientos abiertos, donde puede concurrir cualquier empresa, según la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.

El Tribunal de Cuentas acordó la semana pasada iniciar la investigación sobre sendos contratos sospechosos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (1.061.042 euros) y RTVE (246.996). La decisión contempló trasladar al fiscal de la institución la documentación aportada por el denunciante, el experto en contratación pública de la Universidad de Oviedo Manuel García Rodríguez.

EL PAÍS desarrolló una investigación a través del sistema de análisis masivo de expedientes ideado por García Rodríguez y el científico de datos José Carlos Montes Luna que permitió en diciembre de 2021 detectar los presuntos amaños. El trabajo demostró que un equipo informático con el mismo nombre de la firma agraciada creó, alteró y guardó el archivo del pliego técnico —el documento que recoge los requisitos de un contrato— meses antes de la presentación, adjudicación y formalización de las ofertas.

El Tribunal de Cuentas destripará el concurso que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla convocó en junio de 2019 para contratar a una firma de ingeniería entre 2020 y 2022. El archivo del pliego técnico de esta entidad que abastece de agua potable a 2,4 millones de habitantes en Murcia, Alicante y Albacete contenía el término Grusamar en el campo autor. Y fue guardado cinco meses antes de que una de las dos compañías que optaban al concurso, Grusamar Ingeniería y Consulting S.A.U., se hiciera con la adjudicación.

Grusamar aparecía en los metadatos del expediente tres semanas antes de que la publicación oficial de la licitación se remitiera al Diario Oficial de la Unión Europea, dos meses antes de que finalizara el plazo de recepción de ofertas y tres de que se abriesen los proyectos de los candidatos.

El fiscalizador también pondrá el foco en un concurso de RTVE que benefició al empresario y productor de cine Jaume Roures. La dirección de compras de la corporación audiovisual anunció en mayo de 2020 un expediente para contratar un satélite para transmitir la señal de la corporación en Norteamérica y Centroamérica. El pliego técnico se comunicó el mismo día. El archivo contenía en las propiedades el término “Servicios Audiovisuales Overon”, la firma de telecomunicaciones que ganó la adjudicación y que —según el registro mercantil— pertenece al grupo Imagina Media Audiovisual S. A., que administraba Roures.

Una portavoz de Mediapro asegura que “ningún profesional de Servicios Audiovisuales Overon participó ni colaboró en la elaboración del pliego técnico en el contrato de licitación” y afirma que la compañía ignora el motivo por el que el PDF contiene el nombre de esta sociedad de Roures.

Junto a RTVE y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, el Tribunal de Cuentas también indagará si la Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada y Navantia amañaron contratos.

Las citadas pesquisas se suman a la investigación anunciada por la Oficina Antifraude de Cataluña (LOAC) —un organismo que combate la corrupción y rinde cuentas al Parlament— sobre otra de las presuntas irregularidades destapadas por este periódico. Se trata de un contrato de 2017 del Consorci Sanitari del Maresme, una institución de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat catalana que gestiona una decena de centros de salud, entre los que figura el Hospital de Mataró, y que presta servicio a 713.014 ciudadanos.

Para adjudicar expendedoras de bebidas en las instalaciones sanitarias, el Consorci Sanitari del Maresme sacó un concurso en el que las empresas interesadas debían ofertar cuánto estaban dispuestas a pagar al organismo para colocar sus máquinas de café o agua.

El archivo del pliego técnico de la convocatoria se creó dos meses antes de la apertura oficial de plicas e incluía en el campo autor de las propiedades el término Gruparpa. Se trata de una firma que, según el registro mercantil, actúa como matriz de Arbitrade S. A., la compañía que medio año después ganaba esta adjudicación de 387.200 euros y superaba a otros seis aspirantes. El vencedor del concurso de vending atribuyó a un “error informático” la misteriosa coincidencia.

La Oficina Antifraude de Cataluña también analizará posibles irregularidades cometidas en adjudicaciones en los municipios de Barcelona de Santa Susanna y Llinars del Vallès.

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