El fracaso de las últimas subastas del 5G y renovables mete presión al Gobierno para las próximas convocatorias

Los recursos públicos son limitados y cuando se subastan despiertan gran interés entre las empresas por lo que los gobiernos se ven tentados de aprovecharse de esa expectación para satisfacer su voracidad recaudatoria (caso de las telecomunicaciones) o para acelerar el proceso de despliegue de tecnologías no emisoras a precios favorables para el consumidor (caso de las energías renovables). A veces, sin embargo, consiguen el efecto contrario del que persiguen. Eso es lo que ha ocurrido en las recientes subastas para la telefonía móvil de 5G y de las energías renovables.

Las operadoras de telecomunicaciones y las compañías energéticas han decidido bajar el pistón en sus pujas e incluso algunas se han desatendido del proceso porque entendían que los cuantiosos desembolsos no aseguran el retorno en forma de negocio. Un método de presión también para que el Ejecutivo busque otras fórmulas o rebaje su grado de ambición cuando, en las próximas subastas —habrá más en los próximos años— vuelva a asignar frecuencias o megavatios verdes.

El postrero ejemplo de ese fracaso ha sido la subasta de la banda de frecuencias de 26 gigahercios (GHz), la última que quedaba libre para la telefonía móvil de 5G, que se celebró el pasado día 21 de diciembre. El proceso apenas duró unas horas (la broma que circula entre las empresas es que ha llevado más tiempo leerse las condiciones que realizar las pujas) y se saldó con una recaudación decepcionante de 36,2 millones de euros, lejos de los 56 millones del precio de salida y más aún del objetivo de 100 millones que se había fijado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Era una subasta menor, porque el grueso de frecuencias ya se había asignado. De los 12 bloques nacionales, quedaron desiertos tres. Solo Telefónica adquirió cinco bloques de 200 megahercios (MHz) que le correspondían como máximo, pero por el importe mínimo de salida (20 millones de euros). Orange y Vodafone solo se hicieron con dos bloques cada uno también por el precio mínimo. Pero la peor noticia vino de la parte autonómica. Para contentar a los nacionalistas vascos y catalanes, el Ministerio de Economía reservó por primera vez en una subasta de este tipo 38 concesiones autonómicas cuyo valor estaba fijado según la población. Solo la vallisoletana Globe Operator Telecom participó en la subasta para hacerse con las frecuencias de Castilla y León por 200.000 euros. El resto de las concesiones regionales quedó desierta.

El departamento que dirige Nadia Calviño no puede alegar que no estaba avisado. Las compañías le habían pedido el aplazamiento de esta subasta para 2023 o 2024, porque el desarrollo del 5G aún está en pañales y no existen equipos técnicos suficientemente maduros para aplicar esta tecnología en las bandas de alta frecuencia, adecuadas para despliegues en zonas donde se acumulan muchos dispositivos o personas, como fábricas, o aeropuertos y estadios.

Además, esta era la cuarta subasta de frecuencias para redes 5G realizada en España, después de la subasta de la banda 3,6 GHz celebrada el año 2018, de la licitación de 20 MHz de esa misma banda realizada en febrero de 2021 y de la de 700 MHz en julio de 2021. En esta última, la principal por el importe de salida, el Gobierno pinchó también en sus objetivos, puesto que se sustanció en apenas dos jornadas desde su comienzo por la escasa puja, con una recaudación de 1.010 millones de euros, ligeramente por encima (1,5% más) del precio de salida de 995,5 millones de euros, y muy por debajo de los 2.100 millones de euros que el Ministerio de Hacienda consignó como objetivo recaudatorio en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

El problema añadido es que aunque los operadores no usen aún esas frecuencias para sus servicios comerciales deben pagar desde el primer año la llamada tasa radioeléctrica asociada a la concesión, lo que les desanima a la hora de las pujas.

Subastas de renovables

Algo similar ha ocurrido con la apuesta por las energías renovables. A finales de noviembre se hacía público un secreto a voces en el mundillo energético: la gran subasta de renovables convocada por el Gobierno en 2022 se saldaba con un sonoro fracaso, al adjudicarse menos de 50 megavatios (MW) eólicos y fotovoltaicos sobre un total de 3.300. Los grandes nombres del sector optaron por no presentarse a este proceso, que quedó prácticamente desierto. Y los que lo hicieron, no se adjudicaron ni una sola planta por el bajo precio de reserva, al que las compañías se comprometen a vender la energía que generan a 12 años vista. Algo muy similar a lo ocurrido un mes antes, con la termosolar, la biomasa y la fotovoltaica distribuida.

El sector, tanto a título individual de empresa como a escala patronal, ha alzado la voz contra unos precios que consideran no adaptados a estos tiempos, de inflación en los materiales —que está elevando el coste de instalación de placas y aerogeneradores— y tipos de interés al alza —que está obligando a ajustar más que nunca las hojas de cálculo que dictaminan la viabilidad o no de un proyecto—. Con esos mimbres consideran, en fin, que pueden conseguir acuerdos mucho mejores fuera de ese marco que en él. Este rechazo es especialmente relevante en un momento como el actual: las subastas de renovables son una de las principales claves de bóveda de la propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo recién remitida por el Ejecutivo español a Bruselas.

En el imaginario colectivo de los desarrolladores de plantas renovables hay una máxima clara: si los insumos no se abaratan pronto y el precio del dinero no baja, para revivir este instrumento de subastas —que tan buenos resultados ha dado en el pasado— el Gobierno tendrá que mejorar el precio en las siguientes convocatorias. En otras palabras: los consumidores finales de electricidad deberán que abonar una prima mayor a las empresas generadoras para paliar este encarecimiento de sus costes.

El fracaso de esta última tanda de subastas renovables no tiene nada que ver con un menor apetito por estas energías, exentas de huella de carbono y mucho más baratas que sus pares fósiles. Todo lo contrario. El sector no ha dejado de crecer en España, aunque lo ha hecho de otra manera, dando preferencia a los contratos bilaterales de suministro (conocidos como PPA, por sus siglas en inglés). En ese tipo de contratos, un suministrador acuerda entregar energía a un cliente durante un periodo de tiempo y a un precio determinados, con un poder mucho mayor de negociación que en una subasta, por definición más rígida. La otra opción es vender la energía directamente a mercado, sin un marco retributivo fijado de antemano.

En el sector renovable la preocupación no está ni mucho menos en la falta de apetito para nuevas instalaciones —al margen de esos procesos—, sino más bien en otros problemas. Si en el caso específico de las subastas el bajo precio de reserva es el mayor escollo, en un plano más general es el embudo administrativo: si el Gobierno central y, sobre todo, las comunidades autónomas no aceleran en la tramitación de aprobaciones ambientales, decenas de proyectos quedarán en el limbo a finales de enero.

“Se han juntado varios factores que no ponen en crisis el sistema de subastas, pero que sí lo han frenado coyunturalmente”, apunta Luis Atienza, expresidente de REE. “Está la inflación de costes en la cadena de aprovisionamiento de las renovables y que los precios tan altos para los próximos trimestres desaniman a los desarrolladores a ir a subastas con precio fijo a 12 años cuando pueden conseguir un precio más alto en el mercado. Pero lo principal es el atasco en el ritmo de aprobación de los proyectos, que está retrayendo la participación de los desarrolladores en las subastas”.

La solución, dice Atienza, puede pasar por revisar “algo” el precio de reserva en futuras convocatorias —”aunque poco: hay que tener la cabeza muy fría para no fijar precios muy altos, que penalicen a los consumidores en el largo plazo”— y, sobre todo, acelerar los tiempos de tramitación: “Esto es lo más importante, porque tendrá un efecto tractor sobre las próximas convocatorias: si aceleras en esto, vas a tener más apetito y mayor presión de oferta en las subastas”.

Con o sin subastas, la potencia instalada de energías verdes en España no ha dejado de crecer en los últimos tiempos. Y este año no excepción. Según los datos de Red Eléctrica de España, la solar fotovoltaica terminará 2022 con casi un 25% más de potencia instalada que un año antes. Aunque más modesto —y aquí se requiere mucha más ambición para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec, la hoja de ruta española de despliegue de las renovables)—, el aumento de la eólica superó por poco el 4%. En 2021, el aumento fue de más del 30% y casi el 4%, respectivamente.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha negado, hasta ahora, que vaya a introducir cambios en futuras convocatorias y se apoya en ese notable crecimiento del parque renovable incluso sin subastas. Sobre el pobre resultado de las últimas convocatorias, fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera alegan que “se ha cumplido el calendario y se ha evitado un pago excesivo para los consumidores por una situación coyuntural”. Y enfatizan que la potencia no adjudicada “se reserva para futuros concursos”. El Gobierno, apuntan estas fuentes, “seguirá lanzando subastas de acuerdo con el calendario previsto hasta 2026, que establece la celebración de un número mínimo de concursos que puede incrementarse si se estima oportuno, como en 2021, cuando se celebraron dos subastas para eólica y fotovoltaica”.

Ante la mala tónica de las últimas convocatorias auspiciadas por la Administración, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha diseñado ya, de la mano del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) un nuevo marco de subastas de eólica y fotovoltaica con el objetivo de que sus asociados —las compañías electrointensivas— puedan cubrir sus necesidades. El plazo de suministro rondaría los 12 años —similar al de las subastas convencionales, las que convoca por el ministerio—, en el que estas empresas se asegurarían energía limpia a un precio mucho más bajo del que conseguirían acudiendo al mercado.