El Gobierno lanza nuevas ayudas a la contratación que exigirán mantener el empleo durante tres años

Los incentivos a la contratación son las bonificaciones y otras políticas públicas que el Gobierno pone a disposición de la empresas para fomentar el empleo. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo, un real decreto ley que modifica parte de este sistema de ayudas. El objetivo es potenciar la contratación indefinida, según ha explicado en rueda de prensa la ministra Yolanda Díaz, con el mismo espíritu que la reforma laboral. Y por ello, las empresas que reciban ayudas estarán obligadas a mantener al trabajador al menos tres años. “Todo el sistema se acomoda a una única realidad de incentivos para conseguir la estabilidad en el empleo. Sencillamente, dejamos de premiar la contratación temporal”, ha indicado la responsable de Trabajo.

El departamento que dirige Díaz abunda en la misma idea en una nota de prensa: “Los incentivos a la contratación se focalizan en los contratos indefinidos celebrados con personas de atención prioritaria, así como en la transformación de determinados contratos temporales en indefinidos”. Además, los incentivos priorizarán las jornadas completas. Básicamente, las bonificaciones desaparecerán o serán menos cuantiosas si el contrato es temporal o parcial: “No se incentivan las jornadas parciales inferiores al 50% de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora, salvo en los supuestos de permisos por conciliación”, añade el ministerio.

Entre las medidas aprobadas, aumenta la bonificación prevista para la contratación indefinida de personas en exclusión social (pasa de 55 euros al mes a 128); también la de mujeres desempleadas de larga duración (en vez de 110, 128) y se extiende a personas mayores de 45 años; y se favorece la transformación de los contratos formativos en indefinidos.

Hay otras novedades reseñables respecto a la norma anterior. Por ejemplo, las empresas que firmen contratos bonificados estarán obligadas a mantener al trabajador al menos tres años. Además, se bonifica la contratación indefinida de jóvenes con beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (bonificación de 275 euros al mes durante tres años); y también se favorece la transformación en fijos discontinuos de contratos temporales suscritos con trabajadores del campo (durante tres años, una bonificación en la cotización de 55 euros al mes para hombres y 73 para mujeres).

Por otro lado, la nueva norma aprobada por el Consejo de Ministros establece que las empresas que deslocalicen su actividad fuera de la Unión Europea tendrán que devolver todas las bonificaciones a la Seguridad Social realizadas durante los cuatro años inmediatamente anteriores, así como las subvenciones recibidas. Asimismo, el real decreto ley incluye la posibilidad de que la negociación colectiva sea un criterio a tener en cuenta para la contratación pública.

Díaz cree que con estas medidas su ministerio “cumple” con las recomendaciones de instituciones como la Comisión Europea, que afeó durante años la alta tasa de temporalidad en España. El escenario está cambiando desde la aprobación de la reforma laboral, que ha reducido al mínimo la brecha de la temporalidad en España respecto a la media europea.

“Eliminamos algo que se venía haciendo, que es usar el incentivo para abaratar los costes laborales. Esto no tiene cabida. Se trata de mejorar la empleabilidad de personas con problemas para acceder al mercado”, ha indicado Díaz. Además, ha destacado que estas políticas pueden cambiar con el paso del tiempo: “Ninguno de estos incentivos es estructural. Los iremos evaluando. Los que funcionen los mantendremos y los que no, los retiraremos”.