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Los diez meses que sacudieron los cimientos de la arquitectura energética europea

2022, sobre todo desde el inicio de la guerra, quedará marcado como el año en el que el Viejo Continente alumbró soluciones sin precedentes para paliar la crisis de precios: de la excepción ibérica al tope sobre el precio del gas en el mercado mayorista pasando por las compras conjuntas

La presidenta y el vicepresidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y Frans Timmermans, junto a los comisarios de Energía, Kadri Simson, y Mercado Interior (al fondo), Thierry Breton, en julio.
La presidenta y el vicepresidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y Frans Timmermans, junto a los comisarios de Energía, Kadri Simson, y Mercado Interior (al fondo), Thierry Breton, en julio.JOHN THYS (AFP)
Ignacio Fariza

“He visto cosas que no creeríais: naves ardiendo más allá de Orión”. Si no fuera por la coda final, aquella icónica secuencia final de Blade Runner (1982) bien podría haberse escrito pensando en lo ocurrido en el sector energético europeo en el año recién terminado. Nadie, ni siquiera los más agoreros, hubieran podido predecir una guerra en Europa y una sacudida tan transversal, del gas a la electricidad pasando por los carburantes. Pero tampoco nadie, ni siquiera los más partidarios de introducir reformas agresivas en el funcionamiento de los mercados de energía, hubieran podido imaginar que en menos de 10 meses se sucederían tantos cambios que, a su vez, abren la puerta a reformas de largo plazo que antes no estaban —ni remotamente— en la lista de tareas más inmediatas.

A la fuerza ahorcan. El estallido de precios, sobre todo en el mercado eléctrico, había empezado mucho antes, en el verano de 2021. Afectó, en primera instancia, a los países del sur de la Unión —entre ellos, España—, que ya desde entonces empezaron a estudiar y reclamar medidas de contención a escala comunitaria. Pero no fue hasta la invasión rusa de Ucrania, a finales de febrero del año pasado, cuando la Comisión Europea se dio de bruces con la realidad: la crisis energética no era solo una cuestión de seguridad de suministro, como siempre la han visto Alemania y sus satélites, sino también de precios. Y había que hacer algo; esas “cosas que no creeríamos”.

Lo sucedido desde entonces es el perfecto ejemplo de que, cuando hay voluntad política, se pueden remover incluso los cimientos más férreamente asentados del edificio normativo europeo. La supuesta infalibilidad del sistema mayorista de fijación de precios de la luz era eso, supuesta. Esa y otras aparentes verdades esculpidas en piedra han ido cayendo, una tras otra, con el objetivo último de evitar que la crisis energética golpease con más crudeza si cabe a las familias y las empresas y que, en última instancia, mutase en algo más: en una auténtica crisis sistémica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puso voz a este viraje el pasado 8 de junio, justo el día en que Bruselas daba luz verde a la ansiada excepción ibérica, el mecanismo que ha permitido a España y a Portugal desligar —siquiera parcialmente— los rumbos del gas y de la luz. “El mercado eléctrico ya no funciona. Está diseñado de la manera que era necesaria hace 20 años, cuando empezamos a introducir las renovables. Tenemos que reformarlo para adaptarlo a la realidad actual, en la que las renovables son dominantes”, deslizó entonces la jefa del Ejecutivo comunitario.

“Ha habido un cambio de paradigma muy fuerte y, sobre todo, muy rápido”, constata Luis Atienza, expresidente de Red Eléctrica de España (REE). “Antes o después, el debate sobre el marginalismo [el modelo por el que se retribuye a todas las fuentes de energía eléctrica al precio de la más cara] se iba a abrir sí o sí por el crecimiento de las renovables: de alguna forma, su final ya se estaba gestando, pero esta crisis lo ha precipitado, demostrando que, así, el mercado no funciona cuando se produce un choque de precios. Que hacen falta unas reglas distintas. Tanto en el mercado eléctrico como en el gasista se han dado pasos que parecían imposibles”, afirma.

El mecanismo ibérico es, quizá, el mejor ejemplo del giro copernicano en el parecer de las altas esferas europeas. Y constituye un potente precedente de futuro: es la primera vez en la historia del sistema eléctrico en la que Bruselas permite una excepción de este calibre para dos de sus miembros. Pero hay mucho más. Ahí está el sistema de compras conjuntas de gas natural, igualmente inédito. Ahí está el tope sobre el precio del petróleo que Rusia exporta a terceros países —y la prohibición de las compras comunitarias de ese crudo—. Ahí está el reciente tope sobre el precio del gas en el mercado mayorista, un Rubicón que durante meses Berlín y La Haya juraron y perjuraron no atravesar pero que es historia desde hace un par de semanas. Y ahí está, también, el acelerón sin precedentes en las renovables, con una nueva regulación con la que ni siquiera sus más fervientes defensores soñaban y con un inédito consenso sobre lo que son: la única alternativa real de la UE para liberarse de la dependencia energética y para que el déficit comercial se torne en superávit.

“Si nos lo dicen hace un año, no nos lo creemos. Se ha intervenido en los mercados hasta un punto que parecía impensable y, a la vez, hemos visto una aceleración en la apuesta por la transición energética”, valora Natalia Collado, investigadora de EsadeEcPol experta en regulación. “Estamos ante un gran cambio de contexto: hay que actuar en varios frentes a la vez, pero siempre manteniendo un equilibrio entre el corto plazo —la protección de los consumidores— y el largo —el movimiento hacia las fuentes renovables—. En esa balanza seguimos moviéndonos”.

Más intervención en los mercados

Atienza, una de las voces más respetadas de España en materia energética, tiene claro que Europa camina “lo quiera o no” hacia “una mayor intervención de los mercados, con un papel creciente de Gobiernos y reguladores”. “Habrá que adaptarlas para que distorsionen lo menos posible y que se salvaguarde la competencia para favorecer la innovación y la eficiencia; pero, sin duda, se tendrá que intervenir más”, sentencia. “Si algo ha quedado claro en esta crisis es que los mercados energéticos no funcionan en piloto automático cuando vienen mal dadas”.

Lo ocurrido en los últimos meses deja más lecciones. “Nos hemos dado cuenta de lo importante que son los mercados energéticos para el conjunto de la economía. ¿Cuándo antes los bancos centrales habían prestado atención a esto? No éramos conscientes de cómo de vitales eran para el buen funcionamiento de todo lo demás”, apunta Natalia Fabra, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. “Se ha intervenido los mercados por la vía de urgencia, porque no quedaba otra: solo se ha entendido que había que hacer algo cuando los precios de la electricidad se han disparado. Pero es solo un torniquete, que ha roto los paradigmas, sí, pero que no deja de ser es un torniquete”, lamenta la también asesora del Gobierno español para la reforma del mercado eléctrico.

Reforma integral

Con ese “todavía”, Fabra se refiere a la reforma integral del sistema europeo, que echará a andar en los próximos días, cuando la Comisión Europea someta a audiencia pública las líneas maestras de su propuesta de cambios en el complejísimo bazar eléctrico, “el meollo de la cuestión”. El objetivo: una correcta retribución de la energía, que mantenga un equilibrio justo entre productores y consumidores y que, a la vez, incentive la inversión en renovables. “Tras un 2022 de soluciones para salir del paso, 2023 debería ser el año de las soluciones estructurales en todos los ámbitos energéticos”, confía. “Si la crisis de deuda [de hace una década] demostró que la teoría sobre la austeridad y la realidad funcionan de manera muy distinta, la crisis energética puede terminar con el marginalismo”.

No todo ha sido remar en positivo, claro. La sacudida ha aumentado la generación fósil —gas y carbón—, disparando las emisiones del sistema eléctrico. Alemania ha roto la banca y la baraja del mercado común con un salvavidas de más de 200.000 millones de euros para sus familias y empresas; es más de la mitad de lo que han puesto encima de la mesa los Veintisiete en su conjunto y el doble de lo que le correspondería por PIB. España ha puesto en marcha —y retirado— un subsidio indiscriminado y regresivo sobre los carburantes de automoción, en contra de lo que llevan año pidiendo organismos internacionales de todo pelaje. Y prácticamente todos los Estados miembro han tenido que reducir o liquidar varios impuestos energéticos para aliviar el bolsillo de los consumidores y atajar la ola inflacionista, con la consecuente merma en los ingresos públicos.

“La Comisión se ha tirado al monte y ha optado por dar rienda suelta y manga ancha a los Gobiernos”, cierra, bajo condición de anonimato, un consultor muy bien relacionado en Bruselas. “Lo de Alemania, sobre todo, es un cambio de paradigma: antes, para cualquier cosa discrecional que quería, los países poco menos que tenían que poner una instancia al Papa. A partir de ahora se van a permitir muchas más cosas”, augura. Cosas que no creeríais.

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Sobre la firma

Ignacio Fariza
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS. Ha trabajado en las delegaciones del diario en Bruselas y Ciudad de México. Estudió Económicas y Periodismo en la Universidad Carlos III, y el Máster de Periodismo de EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid.

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