La industria española presiona al Gobierno para que iguale sus ayudas a las de los grandes países europeos

España ocupa un lugar de privilegio en las clasificaciones sobre inflación. Según los datos de Eurostat, es el país comunitario donde los precios crecieron menos en noviembre y en diciembre. La mejora ha llegado gracias a que la electricidad y los carburantes se están encareciendo a un ritmo mucho menor al que lo hacían en verano, cuando el IPC tocó su techo. Pero mientras esa evolución supone un importante alivio para sectores como el transporte o el turismo —los camioneros repostan por menos dinero, y un país más barato es más atractivo para los visitantes, que se animan a consumir más—, desde la industria se quejan de que siguen perdiendo competitividad frente a sus rivales europeos porque estos están recibiendo ayudas muy superiores.

Pedro González, director general de la patronal electrointensiva (AEGE), advierte de que los precios mayoristas no son un espejo de lo que está ocurriendo sobre el terreno. “Si las reglas fueran las mismas y tuviéramos acceso a la energía solo en los mercados, España estaría en mejor posición, pero la realidad es que los países europeos están adoptando más medidas para apoyar a su industria, y eso nos lleva a una desventaja competitiva”, sostiene.

Las empresas españolas señalan especialmente a Francia, donde el Estado subvenciona parte de la electricidad a través de la compañía EDF. En 2022 aumentó de 100 TWh a 120 TWh la cantidad anual que ofrece a solo 42 euros el megavatio hora por medio del mecanismo ARENH (siglas de Acceso Regulado a la Energía Nuclear Histórica), un precio fuera de mercado si se tiene en cuenta que de media el precio de la luz en el mercado mayorista español cerró 2022 en 209 euros por megavatio hora (MWh).

José Antonio Jainaga, presidente de la siderúrgica española Sidenor, se muestra indignado con esa situación. “La industria francesa disfruta desde hace años de una cantidad ingente de energía a precios imbatibles. Por situar la magnitud del problema, ese volumen de energía equivale aproximadamente al 50% del consumo total de España, y por ilustrar la ventaja en precio, la energía eléctrica cotiza en Francia por encima de los 400 euros el MWh para el año 2023. EDF es propiedad al 100% del Estado francés, ¿caben ayudas de Estado de mayor calibre? Hemos denunciado repetidamente, sin ningún éxito, esta situación injusta que pone en jaque la competitividad de la industria española, y, por lo tanto, su futuro”, se lamenta.

El problema viene de lejos. Ese precio fijo está activo en Francia desde 2011, y se prevé que el mecanismo expire en 2025. Pero es más dañino para las firmas españolas cuanto mayor es el precio de la electricidad, porque se amplía la brecha de costes frente al país vecino, lo cual también puede redundar en que más industrias elijan instalarse en Francia para disfrutar de esa ventaja. Hay ejemplos de empresas afectadas: Ferroglobe ha puesto en ERTE a los 400 trabajadores de sus tres fábricas en Galicia, Cantabria y Aragón hasta finales de 2024 por los altos precios de la energía. Alcoa ha dado pasos similares. Y ArcelorMittal mantiene en ERTE a sus 8.300 trabajadores en España y se plantea prorrogar el tiempo de inactividad hasta finales de este año.

La industria española ha quedado aún más rezagada tras la decisión de Alemania de lanzar un plan multimillonario de ayudas. “El Gobierno alemán ha decidido, con el beneplácito de la Comisión Europea, compensar a su industria con 27.500 millones de euros a lo largo de los próximos 10 años. España tiene que defender a su industria”, insiste Jainaga, que reclama reformas en el sistema. “El punto más importante es la estructura misma del mercado mayorista eléctrico en España. En él se negocian más de las tres cuartas partes de la energía consumida en el país, cuando en Francia y Alemania funciona como mercado de ajuste para comprar las faltas y vender los excesos de energía, y su importancia no supera el 20% de la energía negociada. O sea, que en Francia y Alemania la mayor parte de la energía eléctrica, en particular la adquirida por la industria electrointensiva, se transacciona fuera del mercado mayorista a través de contratos bilaterales”.

El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, explica que “las ayudas masivas pueden distorsionar el mercado interior, además de resultar onerosas para el erario público”. Y defiende la actuación del Ejecutivo. “El Gobierno ha centrado su respuesta en bajar el precio de la energía, que es el centro del problema. En el real decreto ley se han adoptado nuevas medidas para aquellas empresas más afectadas. Además, se ha aprobado el PERTE de descarbonización para que las ayudas se destinen a inversiones en eficiencia energética y sostenibilidad”. Entre las medidas tomadas, el Gobierno prolongará la reducción del impuesto especial eléctrico, y prorrogará hasta el 30 de junio la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. Además, mantiene hasta el segundo semestre la bajada del 80% de los peajes a la industria electrointensiva.

Nivelar el terreno

González, de AEGE, cree, sin embargo, que el Gobierno español debe ampliar sus paquetes de ayuda, ya que siguen sin estar equiparados a los de sus principales rivales. “Proponemos medidas para compensar terreno de juego con los competidores europeos. Si las pueden adoptar franceses, italianos y alemanes, aquí también serían adoptables. No pedimos más, solo condiciones similares a las de nuestros competidores”. El directivo de la patronal destaca que en Europa cada país está yendo a lo suyo, en una especie de salvaje oeste que depende en buena medida del músculo financiero de cada país, y eso deja ganadores y perdedores. “Entiendo la visión del Gobierno español de que la competencia fiscal entre Estados es un desastre, pero hay países que la están aplicando, y si con eso logran que su industria sobreviva...”.

Según sus datos, las más de 2.000 empresas electrointensivas suponen el 20% de la demanda eléctrica de España. Y el 10% de todo el consumo español lo acaparan las 27 empresas socias de AEGE con sus 76 fábricas en sectores como el siderúrgico, el químico, el papelero o el farmacéutico, lo que da una idea del ingente gasto que les genera esta partida.

En el caso del gas, Verónica Riviere, presidenta de la patronal Gas Industrial, percibe dinámicas igualmente perniciosas para la competitividad de las empresas españolas. “Todos los países europeos no estamos en las mismas condiciones. Hay algunos que han regado de ayudas y distorsionan el mercado. Y no son solo los más grandes: por ejemplo, Portugal descuenta 40 euros en la factura, lo que hace que aquí paguemos el doble”. Riviere llama la atención sobre una menor actividad industrial. “Un indicador es el consumo de gas para hacer tu producto final: si nos comparamos con el año pasado, se ha reducido el 30%. Estamos produciendo menos por paradas y deslocalizaciones”.