Sufrimientos evitables

El acuerdo entre el Gobierno y la banca para mitigar los sufrimientos de los hipotecados por la fuerte subida de los tipos de interés supone un enfoque radicalmente distinto al empleado en la crisis anterior en 2012. Hace diez años se aplicó a rajatabla la antisocial legislación vigente que llevó a cientos de miles de familias con sus hijos pequeños a la calle por mínimos impagos de sus hipotecas. Miles de desahuciados siguen todavía pagando las consecuencias de aquellas medidas. Algunos como okupas en sus propias casas, actualmente en poder de fondos especulativos, sobreviven pendientes de la renovación de las sucesivas moratorias del Gobierno que impiden la expulsión de sus hogares.

Hoy comprobamos que la crisis anterior se pudo haber resuelto de otra manera. Ahora se permiten rebajas de hasta el 50% de las cuotas de las hipotecas y aplazamientos de las mismas cinco años. Ahora comprobamos que aquellos sufrimientos que se presentaron como irremediables eran evitables. Los bancos son los mismos pero los Gobiernos bien distintos.

Además de los enormes costes humanos, la gestión de la anterior crisis ha sido la más costosa de la Unión Europea. Las ayudas a los bancos han aumentado el déficit público en 73.261 millones de euros, según la actualización de Eurostat del pasado octubre. Es una cifra que crece sin cesar año tras año. En 2021 se incrementó en 1.255 millones. Los gestores del descalabro, Mariano Rajoy y Luis de Guindos, nunca han explicado por qué las cosas fueron tan distintas de sus previsiones que aseguraban que “no costará un euro al contribuyente”.

La distinta respuesta a la crisis se debe a dos razones: un cambio sustancial de la legislación a la que han contribuido las movilizaciones sociales y el derecho europeo y a un gobierno cuyas prioridades no se limitan a salvar a los bancos.

Las medidas actuales se basan, sin embargo, en un nuevo Código de Buenas Prácticas (CBP) que fue el sistema empleado en 2012. El balance ha sido notoriamente deficiente. Según el XIX Informe de la Comisión de control de su cumplimiento hasta finales de 2021 de las 133.797 solicitudes de hipotecados solo se realizaron 62.526 operaciones, un 46,7%. De ellas, 54.190, han sido reestructuraciones de deuda y solo se han aceptado 8.317 daciones en pago y 19 quitas.

El abogado Javier Rubio, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), con una larga trayectoria en la defensa de familias vulnerables, sostiene que el escaso impacto del código de 2012 “se debe a que los bancos se han resistido a aplicarlo y no han informado a sus clientes de su existencia y sus derechos”. “El Código actual”, añade, “es mejor porque reduce el desequilibrio entre el banco y el cliente, que sigue siendo muy grande”.

La clave estará en cómo se aplicará el nuevo Código cuyas medidas son aún muy tímidas ante la magnitud del drama social. Hay que recordar que en el New Deal, el Gobierno de Roosevelt fue mucho más decidido con ayudas directas a los hipotecados arruinados, con la Ley de Refinanciamiento de la Vivienda de 1935. No se debe retrasar más la nueva ley de vivienda en España.